Carrió mete presión: estará al frente de una comisión de alto impacto en la Justicia - EsChaco.com - Resistencia

JUSTICIA EN LA MIRA

Martes, 2 de octubre de 2018

Carrió mete presión: estará al frente de una comisión de alto impacto en la Justicia

Hoy a las 15hs, en una reunión en el “Salón de las Provincias” del Congreso, se oficializará la designación de la diputada oficialista Elisa “Lilita” Carrió al frente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal. Hasta ahora, esta comisión estaba en manos de la jefa del bloque del Frente Renovador Graciela Camaño

La Comisión está integrada por ocho diputados y ocho senadores que fueron designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la pluralidad y proporcionalidad de las representaciones políticas de cada una de ellas.

Los diputados son Elisa Carrió, Graciela Camaño, Josefina Victoria González, Lucas Ciriaco Incicco, Pablo Kosiner, Silvia Lospennato, Diego Mestre y Vanesa Siley. Los senadores son Rodolfo Urtubey, Carlos Caserio, Anabel Fernández Sagasti, Pedro Guastavino, Pedro Braillard Poccard, Inés Brizuela y Doria de Cara, Sigrid Kunath y Silvia Elías de Pérez.

A partir de las 15, Carrió quedará en condiciones de convocar cuando ella lo considere pero ya con un temario a una reunión con todos los integrantes de la Comisión.

Qué significa. Esta nueva función de Carrió representa una expansión de la influencia de Carrió en la justicia. Desde la Coalición Cívica advierten que la líder de la Coalición Cívica buscará “darle alto perfil” a esta comisión. En tiempos en los que está frenada en el Senado la designación de la candidata de Mauricio Macri a la Procuración Inés Weinberg de Roca, la figura de Carrió promete hacer ruido. “Va a controlar a los fiscales que encubren a los corruptos y a proteger a los que presionan y amenazan”, comentan en su entorno.

Cómo funciona la Comisión. Esta comisión está creada por la Ley Orgánica del Ministerio Público para controlar la actuación tanto del Procurador como de los fiscales así como también para protegerlos si su libertad para investigar se viese amenazada.

El artículo 6 de su reglamento dice que: “La comisión podrá, para el cumplimiento de sus funciones, solicitar informes y/o documentación, extraer fotocopias o testimonios de expedientes o archivos, citar o invitar a personas físicas o entidades, y convocar al Procurador General, al Defensor General y a los demás miembros del Ministerio Público”.

En tiempos de acefalía del Ministerio Público Fiscal y con la corrupción en medio de casi todos los temas de la argentina, Carrió puede ayudar a reformular un organismo que de acuerdo a la Constitución Nacional debe velar por los intereses generales de la sociedad.

Tal como lo adelantamos en A24.com hace dos meses, abogados de imputados kirchneristas armaron su agrupación “Iniciativa Justicia” y la presentaron oficialmente el jueves pasado en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA. Estudiantes de derecho, funcionarios judiciales, abogados y curiosos escucharon disertar a Carlos Beraldi, Maximiliano Rusconi, Graciana Peñafort, Daniel Llermanos y Martín Arias Duval durante una hora y media sobre diversas irregularidades que los jueces de Comodoro Py han cometido “en nombre de la corrupción”. Los cinco letrados expresaron su preocupación, ya no sólo porque buena parte del Poder Judicial funciona mal, sino porque “día a día se vulneran las garantías constitucionales”.

“Al principio las reuniones fueron en los pasillos de Tribunales, donde nos íbamos encontrando entre desolados y furiosos. Luego empezamos a juntarnos para pensar qué podíamos hacer. Y de a ratos parecían reuniones de un grupo de autoayuda que decía frases en latín. No pensamos parecido en todo. Venimos de mundos distintos. No compartimos ideologías políticas. Solo tenemos en común que ejercemos la profesión y que no nos gusta ni un poquito lo que vemos en esos pasillos”, escribió Graciana Peñafort en El Cohete a La Luna.

Ante la consulta de cuáles serán los primeros pasos a seguir, Graciana Peñafort le adelantó a A24.com: “Vamos a reclamar al Poder Legislativo que ponga en plena vigencia el Código Procesal Penal”.

Qué cuestionan. Según el documento que han hecho circular, los abogados de los K sostienen que a partir del 10 de diciembre de 2015 han venido sucediendo una serie de episodios que ponen en riesgo la existencia de una “justicia independiente”. Concretamente cuestionan:

1) “La decisión del Presidente de la Nación de designar directamente por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”

2) “Las presiones ejercidas sobre Alejandra Gils Carbó, la ex Procuradora General de la Nación para que abandonara el cargo”

3) “La utilización de órganos que actúan en la esfera del Poder Ejecutivo de la Nación, tales como la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que fueron adaptados para llevar a cabo denuncias e impulsar causas en contra de opositores políticos y, al propio tiempo, defender la conducta de funcionarios del actual gobierno que resultan denunciados en orden a hechos delictivos que, paradójicamente, estos mismos organismos deben investigar”

4) “La modificación de la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dándole nuevamente competencia en materia de interceptación de comunicaciones telefónicas y la conformación de una Oficina dentro de la esfera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación destinada a concentrar este tipo de actividades (...) la nueva estructura conformada resultó útil para que se llevaran a cabo actos de espionaje político en contra de opositores al actual gobierno, filtrándose a la prensa conversaciones telefónicas desarrolladas en ámbitos privados.

Pese a la gravedad de los episodios, hasta la fecha no se llevó a cabo siquiera mínimamente una investigación seria tendiente a individualizar a las personas responsables y aplicar las correspondientes sanciones”

5) “La interferencia sobre la normal integración y el recto funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación. Desde aquí se ejercieron presiones sobre jueces que públicamente fueron cuestionados por el Presidente de la Nación o por sus funcionarios más cercanos, lográndose forzar la renuncia de aquéllos, su traslado a otros Tribunales o bien su destitución”

6) “El nombramiento y traslado irregular de jueces y fiscales para ocupar cargos definidos como estratégicos”

7) “Las críticas públicas efectuadas desde el Poder Ejecutivo Nacional respecto de decisiones judiciales adoptadas por magistrados en el marco de las causas en que resultan competentes (vgr., casos Chocobar y Grupo Indalo)”

8) “La filtración a la prensa de imágenes obtenidas durante procedimientos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, en particular, la exhibición de personas detenidas en el mismo momento en que eran aprehendidas o bien siendo trasladadas a los Tribunales”

9) “Las denuncias sobre la manipulación de los sistemas informáticos destinados a definir la intervención de los jueces y fiscales que deben actuar en el marco de cada proceso judicial que se inicia”

10) “Las noticias que dan cuenta de las presiones ejercidas desde sectores que forman parte de los organismos de inteligencia estatales o bien de otras personas a las que se denomina “operadores judiciales” del gobierno, destinadas a influir sobre las decisiones judiciales que se adoptan siempre en el marco de causas de trascendencia pública”.

Qué significa. Más allá de la carga valorativa propia de quienes están en posiciones incómodas frente a la ley y de situaciones particulares, el lanzamiento de la “Iniciativa Justicia” abre la posibilidad de debatir qué hacer con una justicia que funciona mal y que está tan alejada de la gente. En otras palabras, nació un espacio para explicar, difundir, comprender y discutir porque hay que hacer algo con el último refugio de los ciudadanos: la justicia.