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Miércoles, 20 de mayo de 2026
La distribución de las armas taser en Chaco enciende las alarmas de los organismos de Derechos Humanos
La presentación oficial del nuevo equipamiento para las fuerzas de seguridad provincial abrió este martes una puerta de preocupación entre los organismos de derechos humanos. Mientras el Poder Ejecutivo celebró la “modernización tecnológica” de la Policía del Chaco, el Comité para la Prevención de la Tortura de la provincia emitió una contundente advertencia institucional, alertando sobre los graves riesgos que el uso de estos dispositivos de descarga eléctrica representa para la vida de los ciudadanos y el respeto por los Derechos Humanos.



“Modernizar y prevenir”
El gobernador Leandro Zdero encabezó en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno el acto de lanzamiento de las denominadas armas "no letales" tipo Taser, destinadas a la Policía del Chaco y al Servicio Penitenciario Provincial. Con esta medida, Chaco se transformó en la primera provincia del NEA y la novena del país en adoptar esta tecnología.

"Estamos poniendo la nueva tecnología al servicio de los chaqueños. Necesitamos garantizar la paz social y la tranquilidad de los ciudadanos de bien", aseguró el mandatario provincial. En sintonía, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, aclaró que las Taser funcionarán como "una herramienta más de prevención, mediación y disuasión en situaciones de riesgo" que complementará, sin reemplazar, al arma de fuego reglamentaria.

A nivel operativo, el jefe de la Policía, Fernando Romero, precisó que los primeros dispositivos (provistos con cámaras integradas para registrar los procedimientos) serán utilizados inicialmente por el Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) e Infantería, buscando expandir paulatinamente su uso a comisarías. Por el lado técnico, los instructores formados en Buenos Aires por especialistas norteamericanos enfatizaron que los dispositivos generan una incapacitación neuromuscular momentánea con un amperaje significativamente bajo.

Regresión en los derechos
La contracara de los anuncios oficiales llegó de la mano del Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes del Chaco. El organismo de control ratificó su firme postura de no acompañamiento a la implementación de los Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (DEIM). Este es un posicionamiento técnico que ya había formalizado su presidente, Darío Edgardo Gómez, ante la Comisión de Legislación General de la Legislatura provincial hace un par de meses cuando se debatió la normativa del uso de las armas en ese ámbito.

El informe del Comité desmembra los posibles riesgos del uso de las armas en la provincia. Frente al discurso oficial de que se tratan de armas inocuas, el Comité recordó que las orientaciones de las Naciones Unidas evitan el término "no letales" debido a que cualquier arma de coerción puede tener consecuencias fatales según el contexto. Citando informes de Amnistía Internacional y del propio Comité contra la Tortura de la ONU, señalaron que el impacto provoca un dolor extremo y que las contracciones musculares (hasta 19 por segundo) se asemejan al método de tortura conocido históricamente como "picana". Además, advierten que el desplome incontrolado de la persona puede generar lesiones secundarias graves que ponen en riesgo la vida.

El organismo remarcó el peligro que reviste el uso de descargas eléctricas en personas cuya salud ya está comprometida por cuadros de consumo problemático de sustancias, trastornos de salud mental o agotamiento físico, escenarios donde la Taser puede volverse letal. Asimismo, las directrices internacionales exigen la prohibición estricta de estos métodos violentos sobre grupos de extrema vulnerabilidad como niños, niñas, mujeres embarazadas y personas mayores.

Uno de los puntos más críticos señalados por el Comité apunta a los operadores. El organismo sostiene que incorporar este tipo de tecnologías en un personal policial que arrastra, en muchos casos, una "formación deficiente y escaso o nulo entrenamiento", genera las condiciones propicias para que se incrementen las negligencias, derivando potencialmente en ejecuciones extralegales o "muertes bajo custodia estatal".

"La implementación de estos dispositivos representa una regresión en materia de Derechos Humanos y un grave riesgo para la vida de los ciudadanos", sentencia el documento oficializado por el Comité.

Desde el plano de los derechos humanos es necesario advertir que no se han identificado razones empíricas sólidas que justifiquen el uso de las pistolas Taser. Sobre todo, en una provincia con severas limitaciones financieras, el gasto presupuestario que demanda la adquisición y el mantenimiento de esta tecnología también entra en debate. ¿Para qué si tiene recursos el gobierno? Mientras para algunos es “modernizar”, para otros implica un peligroso retroceso que reaviva el temor a que se multipliquen los casos de violencia institucional y prácticas de tortura en plena democracia.


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