Esta iniciativa, explica la legisladora del PJ Claudia Panzardi en uno de los considerando del proyecto, "tiene como objetivo primordial la necesidad impostergable de hacer obligatoria la realización de los estudios necesarios para la detección de drogas ilegales para todo funcionario público. Extos sirven exclusivamente a los intereses del pueblo y deben observar, en el ejercicio de sus funciones, una conducta acorde con la Ética Pública".