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Martes, 18 de noviembre de 2025

Juicio por el caso Cecilia: La defensora general advirtió por serias deficiencias en el proceso

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Entrevista Bohemia en vivo - Alicia Alcalá analizó lo ocurrido en las últimas dos semanas y marcó su postura personal. Dijo que es “muy difícil pensar que los jurados hayan estado completamente aislados de las influencias externas” y alertó por el abuso de las prisiones preventivas, tal el caso de Griselda Reinoso, declarada no culpable pero que estuvo presa más de dos años.

La Defensora General del Poder Judicial, Alicia Alcalá, analizó el juicio por jurados del caso Strzyzowski y la problemática de la prisión preventiva, enfatizando las dificultades del sistema en el contexto social actual.

En declaraciones al streaming “Contame Más”, Alcalá advirtió por serias deficiencias en el proceso que cumplió con la condena a seis de los siete implicados y puso el foco sobre las marcadas influencias externas.

La Defensora General señaló que el permanente “desafío social” afectó la imparcialidad del proceso.

Alcalá aclaró que, aunque su opinión es "muy personal", la dificultad reside en la realidad social a nivel mundial que provoca que los ciudadanos estén "absolutamente influenciados o permanentemente recibiendo información". “Es "muy difícil pensar que una persona que está siendo jurado esté absolutamente distante de todas esas influencias", agregó.

Como ejemplo de esta problemática, afirmó que, lamentablemente, el jurado, deliberó en una oficina que da a la calle y desde donde "se escuchan las manifestaciones", en relación a las marchas que hubo entre el viernes y el sábado cuando los doce integrantes del jurado popular efectuaban las deliberaciones.

Fuerte crítica al abuso de la prisión preventiva
Alcalá también abordó el uso excesivo de la prisión preventiva, señalando que Argentina ha sido "varias veces condenada por el abuso del Instituto Jurídico de la prisión preventiva".

La Defensora general lamentó que esta no sea la primera vez y probablemente tampoco sea la última, debido a una "creencia popular" a la que a veces se suman los funcionarios: que "toda persona que está sospechada [de] un delito tiene que estar presa".

Además cuestionó esta práctica, especialmente en casos donde involucra a "madres de familia que tienen que ser separadas de los hijos" y sin que se evalúen las posibilidades reales de fuga o entorpecimiento.

El caso Reinoso como ejemplo

Aunque se abstuvo de hablar del caso de la familia Sena en general, ya que solo hay un veredicto y el proceso legal continúa con la necesidad de dictar sentencia y la posibilidad de recurso, sí pudo referirse al caso de Griselda Reioso, porque ella, acusada de encubrimiento, fue defendida por una defensora pública.

Alcalá calificó las medidas cautelares aplicadas en este caso como "prisiones preventivas" que, a su criterio y según los parámetros del Código Procesal, fueron "en cierta forma y entre comillas injustificadas".

Finalmente, destacó que el veredicto de Reinoso "ha demostrado que esta persona no tuvo nada que ver en el hecho y con la figura penal que se la acusaba".