Crítica internacional a la legalización de las colonias en Palestina
Israel aprobó una ley que regulariza de forma retroactiva miles de casas en territorios ocupados de Cisjordania y construidas de modo ilegal en propiedad privada palestina.
Israel enfrentó una ola de cuestionamientos internacionales luego de que el Parlamento israelí aprobara una polémica ley que regulariza de manera retroactiva miles de casas ubicadas en colonias de los territorios ocupados de Cisjordania y construidas ilegalmente en propiedad privada palestina.
La Ley de Regularización causó controversia no sólo fuera sino también dentro de Israel, y varias organizaciones israelíes defensoras de los derechos humanos dijeron este martes que es "inconstitucional" y que preparan una petición al Tribunal Supremo israelí para que la impugne.
La norma, aprobada a última hora del lunes, es la más reciente de una serie de medidas de expansión de la colonización de Palestina adoptada por el gobierno de derecha israelí desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, en noviembre pasado.
Se esperaba que la ley desatara críticas externas, luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara en diciembre una resolución que declaró ilegales todas las colonias israelíes en Palestina y de que el enviado para Medio Oriente del organismo advirtiera que la norma alejaría las chances de paz.
"Vamos a trabajar con tribunales internacionales para preservar nuestra existencia y nuestras tierras", dijo este martes el presidente palestino, Mahmud Abbas, en declaraciones a periodistas en París tras reunirse en el Palacio del Elíseo con el presidente francés, Francois Hollande.
Trump ha dado señales de ser más indulgente respecto a la política de colonización de Israel que su predecesor demócrata Barack Obama. El ministro de Turismo israelí, Yariv Levin, dijo este martes que la ley era "un primer paso en una serie de medidas que debemos tomar para que nuestra presencia en Judea y Samaria dure décadas, siglos".
También este martes, el gobierno británico consideró que la nueva ley "daña la posición de Israel a nivel internacional", mientras que Francia la calificó de "nuevo ataque a la solución de los dos Estados" y Alemania dijo que su aprobación "ha quebrantado de manera duradera" la confianza que tenía en el compromiso de Israel con la paz.
Turquía condenó "fuertemente" la ley y la "inaceptable" política de colonización israelí, al tiempo que la Liga Árabe acusó a Israel de "robar la tierra y usurpar la propiedad de los palestinos".
Jordania, uno de los dos países árabes que reconocen a Israel, condenó también la ley y dijo que esta medida "provocativa de Israel" incentivará la "violencia y el extremismo" en Medio Oriente.
La ley fue aprobada por 60 a 52 votos luego de un intenso debate en el que legisladores opositores interrumpieron varias veces a los gritos a diputados oficialistas que hablaban a favor de la norma.
Medios israelíes informaron que Netanyahu había expresado sus reparos sobre la ley antes de la votación, en particular su preocupación de que disparara una ola de condenas internacionales, y que prefería consultar con Trump, quien lo recibirá la semana próxima, antes de votar la norma.
La respuesta inmediata de la Casa Blanca fue remitir a su comunicado de la semana pasada en el que dijo que la construcción de nuevas colonias "puede no ser de ayuda" para alcanzar la paz entre israelíes y palestinos. El Departamento de Estado dijo más tarde que "la administración Trump se reservará su comentario sobre la legislación hasta el fallo judicial correspondiente", dando por seguro que la ley será recurrida.
El portavoz de la organización Yesh Din, Gilad Grosman, dijo a la agencia de noticias EFE que existen varios componentes que hacen esta ley "completamente ilegal" y anticonstitucional y, por lo tanto, "no puede seguir adelante" y debería ser invalidada por el Tribunal Supremo antes de que Netanyahu se reúna con Trump.
El fiscal general del Estado, Avijai Mandelblit, aseguró antes de la aprobación de la ley que ésta puede tener efectos negativos para Israel, y adelantó que no la defenderá ante los tribunales de los argumentos que alegan que contraviene el derecho internacional.
Los críticos advierten también que la ley podría terminar con Israel demandado ante la Corte Penal Internacional (CPI), de La Haya, que ya comenzó a realizar una evaluación preliminar de los asentamientos.
Entre los puntos más problemáticos de la ley destaca el hecho de que Cisjordania no es un territorio soberano israelí y que los palestinos que viven allí no son ciudadanos y no tiene derecho a votar al gobierno que debe implementar la ley.