Pago de la deuda: Concejales recibieron a Empleados Judiciales
Los concejales de Resistencia por Vamos Chaco María Teresa Celada, Martín Bogado y José Barbetti, recibieron esta mañana a empleados judiciales, quienes detallaron aspectos relativos al conflicto generado por la modalidad de pago de deuda ofrecida por el Gobierno provincial a los judiciales.
En el encuentro, los empleados judiciales presentes manifestaron su preocupación a los ediles por el anuncio del Gobierno provincial, destacando que “hay una muy grave violación a la normativa de la provincia, ya que la Cámara de Diputados aprobó la Ley N 7.782, autorizando la toma de deuda para el pago de las sentencias judiciales, algo especificado en el artículo 5º de la misma, pero que ahora el Gobierno provincial decide hacerlo con un mecanismo diferente, perjudicando nuevamente a todos nosotros, que desde hace 25 años reclamamos por este deuda”.
La concejal Celada afirmó en referencia al encuentro, que “existe un enorme descontento entre los empleados judiciales, que se ven perjudicados con esta decisión unilateral del Gobierno provincial, que no solo los engañó, sino que incumple con las leyes que existen en la provincia”, y detalló a continuación: “La Ley 7.782, que fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia del Chaco el día 2 de Mayo del corriente año, establece en su artículo 1º la autorización al Poder Ejecutivo provincial a contraer empréstitos por hasta 4 mil millones de pesos, con destino a financiar el objeto que prevé el artículo 5º de dicho ley”.
“Ese artículo 5º establece el pago de 8 conceptos, cada uno con sus montos máximos. En el inciso a) de artículo, se afirman específicamente que la toma de crédito servirá para afrontar el pago de sentencias judiciales contra el Estado Provincial que se encontraren firmes y consentidas originadas en la resolución 858/91 del Superior Tribunal de Justicia, sin perjuicios de la incorporación de otros con reconocimiento judicial, por hasta la suma de pesos mil ochocientos millones ($1.800.000.000) o su equivalente en moneda extranjera”. Agrega Celada que “la ley se aprobó, el financiamiento apareció, pero el pago no se realizó, ofreciendo el Gobierno de la provincia un mecanismo de pago, a través del decreto 2.092, donde se abona el 50% de total de la deuda en un pago, y el restante en un plan de cuotas que implican quita, que llegan hasta el 43%. Esto es una burla y una falta de respeto a los judiciales que hace años reclaman por una deuda legítima, que fue avalada por la máxima instancia judicial”.
La edil también manifestó que “esto demuestra que en la provincia no existe seguridad jurídica, ya que es el mismo Gobierno quien decide avasallar la normativa en función de sus propios intereses, realizando violaciones a la ley y tomando decisiones marcadamente inconstitucionales. Y todavía más grave es que existe un principio de ejecución de sentencia, donde 10 personas se vieron beneficiadas cobrando la totalidad de su deuda, en una clara muestra de favoritismo hacia un sector que no se aplica a la totalidad de los judiciales”. “Dicho llanamente: el Gobernador y los funcionarios de la provincia le mintieron a la ciudadanía, le mintieron a los judiciales, le mintieron a todo el pueblo del Chaco”.
Por su parte, el concejal Martín Bogado afirmó que “esta maniobra del Poder Ejecutivo, que ofrece una modalidad de pago que no se ajusta a lo especificado por la ley, deja en evidencia la existencia de diversos delitos, como el Desbaratamiento de Derechos Acordados (Artículo 173, inc.11 del Código Penal); la Retención Indebida (art. 173, inc. 2 del Código Penal); Administración Infiel (art. 173, inc. 7 del Código Penal); Fraude a la Administración Pública (art.174, inc. 5 del Código Penal), Malversación de Caudales Públicos (art. 260 del Código Penal), e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (art. 248 del Código Penal). Por esto, es que damos el apoyo y el compromiso de trabajo para dar una solución a los empleados judiciales”.
Los ediles finalizaron expresando que “desde el bloque Vamos Chaco nos comprometimos a trabajar junto a los Diputados de la provincia en defender a los trabajadores judiciales, y vamos a alzar la voz para que las autoridades provinciales corrijan el rumbo y no vayan en contra ni de los empleados ni de lo que dictó la justicia.