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El cobro de sobreprecios viola una ley provincial
Jueves, 16 de octubre de 2014
Adicionales en tarjetas: Instan a kiosqueros a renegociar márgenes de ganancia
En el marco de una reunión solicitada por kiosqueros nucleados en la Cámara de Comercio de Resistencia, el subsecretario de Comercio, Ricardo Marimón, reiteró que el cobro de adicionales en tarjetas telefónicas, saldos virtuales y Tarjebus está penado por una ley provincial, por lo que la subsecretaría debe hacer cumplir dicha normativa. En este sentido, y ante la queja de los comerciantes por las sanciones recibidas, Marimón los instó a renegociar márgenes de ganancia.


El encuentro se realizó este martes por la noche en la sede de la Cámara de Comercio y duró poco más de dos horas. Participaron del mismo, el subsecretario de Transporte, Marcelo López; el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Alfredo Gonalzalez; Hernán Servera, en su calidad de integrante de la comisión directiva de la Cámara y como vocero de los kiosqueros; el titular del fideicomiso Tarjebus, Raúl Riquelme; el secretario de Gobierno, Tránsito y Transporte del municipio de Resistencia, Sergio Almirón y entre otros funcionarios municipales.

El nutrido grupo de kiosqueros del área del metropolitana que asistieron a la reunión plantearon sus críticas a la ley provincial Nº7375 la cual establece multas a los comerciantes que cobren adicionales por la recarga de Tarjebus, carga virtual o tarjetas telefónicas. Se defendieron señalando que cobran sobreprecios debido al exiguo margen de ganancia que reciben por brindar estos servicios.
Para abordar la cuestión, el encuentro se dividió en dos temáticas: tarjetas telefónicas y cargas virtuales, por un lado, y Tarjebus, por el otro. Ante el primer tópico, Marimón reiteró a los comerciantes que la solución no está en seguir cobrando adicionales sino en conseguir mayores márgenes de ganancias en las ventas de tarjetas telefónicas y cargas virtuales.

Es por eso que, a través de las autoridades de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), se comprometió a convocar a representantes de Personal, Claro y Movistar para que tomen nota de la situación y generar así un espacio de negociación con los comerciantes chaqueños.

“Vamos a citar a las empresas directamente a través del secretario de Comunicaciones de la Nación para que venga alguien con vos y voto y así escuchen a las partes”, indicó Marimón. El funcionario remarcó que el meollo de la cuestión es que las empresas se sienten con los kiosqueros y “discutan un margen mayor de ganancia” y advirtió que si las empresas se niegan a negociar, pedirá que se aplique la Ley de Abastecimiento y que las telefónicas garanticen bocas de expendio suficientes en toda la provincia.

Tarjebus

En cuanto a la cuestión Tarjebus, los comerciantes señalaron que el contrato firmado con la empresa estipula un margen de ganancia de un 1% para quienes brindan el servicio en sus negocios, un monto ínfimo que genera que los dueños decidan cobrar una costo adicional, de uno o dos pesos por recarga, para que la operación les resulte rentable.

El propio representante del fideicomiso, Raúl Riquelme, reiteró a los kiosqueros la imposibilidad de incrementar las comisiones debido a que los costos “no dan”. “Es lo que podemos pagar hoy por hoy debido al atraso tarifario que tienen las empresas de transporte”, se excusó.

En esta línea, el subsecretario de Transporte, Marcelo López, informó que este monto (que los comerciantes consideran exiguo) está dentro de los parámetros que reciben los kiosqueros de otras provincias donde funciona la tarjeta magnética. Aclaró también que los kiosqueros del Gran Resistencia están obligados a no cobrar sobreprecios no sólo en cumplimiento de la ley provincial sino porque el propio contrato que firmaron con Tarjebus así lo estipula.

Por otra parte, y ante la insistencia de los kiosqueros a reveer la Ley Nº7375 que fuera impulsada por el diputado Raúl Acosta, Marimón les recomendó que soliciten una reunión en las comisiones de la Cámara de Diputados provincial a fin de participar de un ámbito legislativo en el cual se podría modificar la normativa en cuestión.


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