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Jueves, 30 de abril de 2026

El Gobierno irá a la Corte Suprema para intentar suspender la Emergencia en Discapacidad

Presentó un recurso extraordinario federal a través de la Procuración del Tesoro de la Nación. Entre los argumentos esbozados manifiestan que la legislación "daña la sostenibilidad fiscal y la finanzas públicas".

El Gobierno irá a la Corte Suprema para intentar suspender la Ley de Emergencia en Discapacidad. Presentó este jueves un recurso extraordinario federal por medio de la Procuración del Tesoro de la Nación con el que intentará suspender la legislación aprobada dos veces por el Congreso de la Nación. Entre los argumentos esbozados manifiestan que la legislación "daña la sostenibilidad fiscal y la finanzas públicas".

"Esto había comenzado con un reclamo colectivo en San Martín, finalmente se le pide al Gobierno que cumpla con la ley y ahora el Gobierno lo que hace es ir directamente a la Corte Suprema para pedir que se suspenda", informó la periodista de C5N Martina Garbarz en el programa De Una.

En el recurso extraordinario presentado detalla que "la sentencia recurrida genera una situación de gravedad institucional, dado que -al declarar abstracta la cuestión- ratifica declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 681/2025 obliga al Estado Nacional a realizar enormes erogaciones presupuestarias sin que se hayan previsto las fuentes de financiamiento -tal como ordena el artículo 5 de la Ley N° 24.629-".

Para el Gobierno, "ello produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal, dada la extensión dada al proceso (colectivo con alcance nacional) y el impacto fiscal de la implementación de la Ley N° 27.793 en las condiciones actuales, que pone en riesgo el sostenimiento del sistema de seguridad social y el financiamiento de áreas críticas".

Qué plantea la nueva Ley de Discapacidad impulsada por el Gobierno
El Gobierno envió al Congreso el proyecto "Contra el fraude de pensiones por invalidez" que modifica la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793 para establecer un reempadronamiento obligatorio, modificar el financiamiento de las prestaciones y eliminar derechos de trabajadores con discapacidad.

El eje central de la ley está en el empadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones por discapacidad. Los destinatarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. De no hacerlo, la pensión sería suspendida de forma automática.

La norma contempla que "el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio".

Aún cumpliendo ese paso, la información proporcionada será fiscalizada a partir de un cruce de datos con ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. Ante casos dudosos, suspenderán igual la pensión de forma "preventiva".

A su vez, la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793 la dejaría sin efecto y retrotraería la situación a meses atrás. El Gobierno ya no tendría la obligación de aplicarla y cumplirla.

El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.

En cuanto a los montos, ata su evolución al haber mínimo jubilatorio y, en el caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustan trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se incorpora una compensación de emergencia vinculada también al IPC para prestadores. Con la ley todavía vigente, la actualización estaba atada al IPC y se realizaba de forma mensual.

De forma regresiva, el proyecto establece la "incompatibilidad absoluta" de las pensiones con cualquier trabajo formal o inscripción en regímenes laborales. Así que las personas con discapacidad que trabajen de forma registrada perderán su pensión. Además de eliminar los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.

Además, el texto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. De esta manera, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.