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Viernes, 19 de septiembre de 2014

Ocho años sin Julio López

Este 18 de septiembre se cumplieron ocho años de la segunda desaparición de Julio López. Ocho años con un desaparecido en democracia

Ocho años sin culpables ni responsables. Ocho años de impunidad y encubrimiento; es doloroso que bajo gobiernos que impulsaron el juzgamiento a los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura López continúe desaparecido.

Es ostensible la ineficaz labor investigativa y la cada vez más certera connivencia entre organismos de seguridad y delincuentes que operan en las sombras como en los viejos malos tiempos.

Julio Lopéz fue secuestrado inmediatamente después de haber testimoniado incriminando al represor Miguel Etchecolatz, comisario general de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y responsable de 21 campos clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar.

Julio Lopéz fue secuestrado inmediatamente después de haber testimoniado incriminando al represor Miguel Etchecolatz, comisario general de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y responsable de 21 campos clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar.

En base al testimonio de López la justicia condenó a Etchecolatz a cadena perpetua en cárcel común por crímenes cometidos en el marco de un genocidio, el primer fallo de este tipo después la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad.

El fallo que condenó a Etchecolatz es histórico porque que se trata de la primera sentencia a un represor que declara la existencia de un genocidio durante los años 1976-1983, situando a todos los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas en el marco de un plan realizado con un objetivo determinado: el exterminio sin contemplaciones de todos aquellos que se oponían al modelo económico, político y social de la dictadura cívico-militar.

Desgraciadamente, la desaparición de López no es un caso aislado. No debemos olvidar a Luciano Arruga, desaparecido el 31 de enero de 2009 en una comisaría de Lomas del Mirador, en la provincia de Buenos Aires

. Un testigo que estuvo detenido el mismo día de la desaparición de Luciano dijo haberlo visto en la comisaría de la zona “con muchos golpes y muy mal.

Lo golpearon hasta matarlo”, señaló. A su vez, este caso tiene un antecedente en el crimen de Miguel Bru, estudiante de periodismo de 23 años desaparecido en 1993, que murió torturado en una comisaría platense, según se probó en un juicio oral y público.

Estos casos de desapariciones forzadas en democracia configuran una ofensa a toda la sociedad, sin otra finalidad que la de atemorizar y detener el juzgamiento a los represores del terrorismo de Estado.

Cuando los organismos de Derechos Humanos señalamos la necesidad de lograr el juicio y castigo para todos los responsables del genocidio que provocó 30.000 desaparecidos,

500 niños apropiados, miles de presos políticos y la miseria planificada para gran parte del pueblo argentino, se hace un llamamiento a considerar una cuestión básica: mientras el aparato represivo del terrorismo de Estado permanezca impune no será posible una democracia plena y justa en la cual construir una sociedad sin pobres ni excluidos.