Analía Flores denunció persecución y amedrentamiento a docentes de San Martín por reclamar la cláusula gatillo
La diputada presentó un proyecto de resolución en rechazo a la actuación de la Dirección de la EEP 363, que labró nota oficial vinculada con fotos de docentes que reclamaban la actualización salarial. Y adviertió sobre posible efecto intimidatorio.
La diputada provincial Analía Flores (PJ) presentó un proyecto de resolución en la Legislatura para expresar su profunda preocupación y rechazo ante lo que califica como “persecución y amedrentamiento” contra docentes de la Escuela de Educación Primaria 363 “Maestro Rafael Lencinas”, de General José de San Martín.
La iniciativa cuestiona una nota oficial de la Dirección del establecimiento, fechada el 29 de octubre de 2026, vinculada con manifestaciones docentes en reclamo por el incumplimiento de la cláusula gatillo y la falta de actualización salarial.
El documento, firmado por la directora Diana Andrea Sosa, deja constancia de que docentes se fotografiaron dentro de la escuela y durante la jornada laboral con carteles de reclamo salarial, sin comunicación ni solicitud previa de autorización. También señala la prioridad del cumplimiento de las funciones docentes, las actividades pedagógicas y los criterios institucionales para el uso de celulares y dispositivos digitales durante el horario de trabajo.
El acta aclara expresamente que su finalidad es registrar administrativamente los hechos y que no implica, por sí misma, la atribución de una falta ni la aplicación de una sanción. Sin embargo, Flores sostiene que este tipo de actuaciones puede convertirse en una práctica de señalamiento y disciplinamiento institucional, capaz de desalentar la expresión colectiva de reclamos laborales legítimos.
En los fundamentos del proyecto, la legisladora advierte sobre el posible efecto intimidatorio de estas intervenciones y plantea que las autoridades educativas deben ejercer sus facultades dentro de los límites constitucionales y legales, sin obstaculizar la defensa de los derechos laborales ni la organización colectiva de las trabajadoras y los trabajadores de la educación.
“La defensa de la educación pública requiere instituciones basadas en la participación democrática, el diálogo y el respeto por los derechos humanos”, sostiene la iniciativa, que propone manifestar solidaridad con las docentes involucradas y con el conjunto de la docencia chaqueña.
El proyecto fundamenta su postura en distintas normas que reconocen el derecho a la libertad de expresión, la protección del trabajo y la participación gremial. Entre ellas, menciona los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional; los artículos 18 y 87 de la Constitución del Chaco; el artículo 67 de la Ley Nacional de Educación N.º 26.206; y el artículo 7.º de la Ley N.º 647-E, Estatuto del Docente provincial. Esta última norma contempla, entre otros derechos, una remuneración justa y actualizada, la libre agremiación y la defensa de los intereses profesionales.
Además de repudiar las prácticas de disciplinamiento institucional que pretendan desalentar la libertad de expresión y la organización colectiva, Flores propone exhortar al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco a garantizar el respeto de los derechos constitucionales y laborales del personal docente y a promover ámbitos institucionales basados en el diálogo, la participación democrática y el reconocimiento de la legitimidad de los reclamos.
El planteo se inscribe en el conflicto salarial docente por el incumplimiento de la cláusula gatillo y la actualización de los haberes. En ese contexto, la iniciativa vuelve a poner en discusión las respuestas institucionales frente a los reclamos de las y los trabajadores de la educación y la responsabilidad del Gobierno provincial en el cumplimiento de sus compromisos salariales.