El fracaso anunciado de la baja de imputabilidad: ¿Por qué la cárcel para niños no frenará el delito? - EsChaco.com - Resistencia

LEYES CONTRA LAS INFANCIAS

Jueves, 12 de febrero de 2026

El fracaso anunciado de la baja de imputabilidad: ¿Por qué la cárcel para niños no frenará el delito?

El reciente proyecto de Ley Penal Juvenil presentado por el Gobierno nacional busca reducir la edad de castigo a los 13 años. Sin embargo, especialistas y estadísticas judiciales coinciden: la medida es inconstitucional, ignora la realidad de los datos y, lejos de solucionar la inseguridad, promete profundizar la violencia social.

El discurso oficial se apoya en la sensación de inseguridad para proponer que niños cada vez más jóvenes entren al sistema penal. No obstante, las cifras del Informe Judicial 2024 en Chaco y en la mayoría de las provincias del país son totalmente opuestas. La participación de menores de 15 años en el delito es marginal, casi inexistente, y es un mito que se debe derribar: ¡Nuestros niños no son ladrones!

De acuerdo al Informe de la Corte Suprema de Justicia que recolecta datos de causas penales de todas las provincias, actualmente la incidencia de ingresos al sistema de niños de 12 y 13 años es del 0,6%. Asimismo, 13,5% es el total acumulado de todas las causas de menores de 15 años. La cifra aumenta al 85,8% en los casos de jóvenes de entre 16 y 17 años, que ya son captados por el régimen actual.

Los datos sugieren que el sistema penal ya está procesando a la población que efectivamente entra en conflicto con la ley. Ampliar el espectro hacia edades menores implicaría judicializar a un grupo que tiene una participación prácticamente nula en los hechos investigados", destaca el análisis del informe.

LOS DERECHOS
La abogada especialista Romina Duarte, abogada penalista y trabajadora del Comité de Prevención de la Tortura de la provincia advierte que el proyecto vulnera directamente la Constitución Nacional y tratados internacionales. "El proyecto vulnera el Art. 75 inc. 22, que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño. Cualquier ley que la contradiga es inconstitucional", advierte.

Para la especialista, el Estado está olvidando su obligación de adoptar medidas de acción positiva. "Se tiene que tener en cuenta que un menor de edad es un niño y, en base a eso, tomar decisiones de políticas públicas acordes; no tratarlos como adultos por más de que hayan delinquido. El Comité de los Derechos del Niño ya recomendó NO bajar la edad mínima y considera regresiva cualquier reforma en ese sentido".

Uno de los argumentos centrales contra la reforma es que el aumento de penas no tiene un efecto disuasorio en los adolescentes. En ese sentido, Duarte asegura que la lógica del delincuente racional no aplica en la infancia. "Desde la criminología crítica entendemos que el derecho penal no es disuasivo para adolescentes. Ningún pibe anda con un código penal bajo el brazo analizando qué pena le va a corresponder; actúan bajo impulsividad, presión de pares y contextos de exclusión".

Para ejemplificar este fracaso, cita antecedentes históricos: "El aumento de la pena por robo en su momento no significó una disminución del delito. Lo mismo con la inclusión del femicidio en el Código Penal; no bajó el índice porque el abordaje para prevenir debe ser específico, no meramente punitivo".

UNA ESCUELA DEL CRIMEN
Uno de los puntos más críticos es el daño irreversible que causa el sistema penal en un niño de 13 años. La especialista advierte sobre el "efecto criminógeno" del encierro temprano, que suele ser una sentencia de reincidencia. "El encierro temprano consolida trayectorias delictivas. Quienes pasan por "Aldea" (centro socio-educativo en Chaco) casi seguro terminan en complejos penitenciarios si no hay un abordaje integral. No es lo mismo estar a los 13 años en la escuela que estar encerrado con delincuentes adultos y de largas trayectorias", advierte Duarte.

UNA JUSTICIA QUE REPARE
En lugar de bajar la edad, la experta propone una “justicia restaurativa” y una especialización real del sistema que hoy no existe. "Hay correlación entre exclusión social, deserción escolar, violencia institucional y reincidencia. Cuanto más ausente esté el Estado, más posibilidades hay de entrar al mundo delictivo”, asegura Romina Duarte e insta a la clase política a proponer a políticas públicas para abordar la situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal.

“Es necesaria una decisión política para que jueces, fiscales y defensores estén realmente capacitados en niñez, con equipos interdisciplinarios (psicólogos y trabajadores sociales) que hoy están precarizados. Que el adolescente entienda el error y realice tareas comunitarias o termine el secundario para demostrar su intención de incluirse en la comunidad", afirmó la abogada especializada.

"Es más fácil recurrir al tema "inseguridad" que mostrar crecimiento de la actividad económica o del nivel de vida de los argentinos, que dicho sea de paso, no está sucediendo", concluyó Duarte.

Foto La Retaguardia