Cinco años del aborto legal: Amnistía Internacional alerta por un fuerte retroceso en el acceso a la IVE - EsChaco.com - Resistencia

Salud sexual y reproductiva

Martes, 30 de diciembre de 2025

Cinco años del aborto legal: Amnistía Internacional alerta por un fuerte retroceso en el acceso a la IVE

El primer y principal punto que denunció la organización es que desde la asunción del actual gobierno nacional se interrumpió la compra y distribución de insumos necesarios para garantizar el acceso a la IVE/ILE.

La directora ejecutiva de Amnistía Argentina, Mariela Belski, planteó que esa “ofensiva” cobró “fuerza durante el gobierno de Javier Milei, quien ejecutó un grotesco desmantelamiento institucional de políticas públicas vinculadas a estos derechos.

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A cinco años de la legalización del aborto en Argentina, desde Amnistía Internacional Argentina denunciaron que el Gobierno de Javier Milei desmanteló los programas y canales de contención y asesoramiento sobre el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y los métodos anticonceptivos; redujo la compra y distribución de insumos esenciales para el cumplimiento de la normativa; y promovió las dilataciones de procedimientos y prácticas de hostigamiento en consultorios para “forzar un cambio de decisión” de las personas embarazadas.

El acceso al aborto legal cayó un 17% en Salta durante 2024
Para Amnistía Internacional Argentina, con el ascenso de los gobiernos de ultraderecha en gran parte del mundo, los discursos de sectores religiosos y conservadores que reniegan contra los derechos de autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y disidencias se convirtieron en los últimos años en “una estrategia política” para “construir alianzas, fortalecer su base de apoyo, y revertir conquistas en materia de igualdad y derechos humanos”.

Milei aborta los derechos
La directora ejecutiva de Amnistía Argentina, Mariela Belski, planteó que esa “ofensiva” cobró “fuerza durante el gobierno de Javier Milei, quien ejecutó un grotesco desmantelamiento institucional de políticas públicas vinculadas a estos derechos.

Asimismo, Belski denunció que la gestión libertaria “debilita el rol del Estado como garante de derechos”, “profundiza las barreras preexistentes” en el acceso al aborto seguro, y “agrava las desigualdades sociales”.

“Los relatos se repiten desde distintas provincias del país y revelan un patrón común: las mujeres y personas gestantes están encontrando barreras donde debería haber atención, acompañamiento y acceso asegurado”, precisaron.

Falta de insumos
El primer y principal punto que denunció la organización es que desde la asunción del actual gobierno nacional se interrumpió la compra y distribución de insumos necesarios para garantizar el acceso a la IVE/ILE. El panorama se complejizó cuando de forma repentina, por primera vez en más de 20 años, el Estado Nacional dejó librada a la capacidad de las provincias la provisión de insumos.

“Durante 2023, se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos de combipack, mientras que en 2024 no se ha distribuido insumo alguno a las provincias para garantizar el acceso al aborto”, remarcó.

A modo de ejemplo, el informe citó el caso de María, una misionera con cuatro hijos que en agosto de 2024 acudió a un centro médico porque quedó embarazada y quería abortar, y al hacerlo recibió una respuesta desoladora: no podían garantizarle el procedimiento por falta de insumos y le dijeron que tenía que comprar el misoprostol por su cuenta. En ese entonces, el costo de la medicación era de 100.000 pesos.

Además, Amnistía Internacional Argentina resaltó que entre el año 2023 y 2024 hubo una profunda reducción en la distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y tests de embarazo distribuidos a las provincias. La alarmante cifra de declive es de un 81%.

También se desarticuló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA), pese a su impacto comprobado en la reducción del embarazo en la adolescencia.

Falta de información sobre el derecho al aborto
“En el último año, Amnistía Internacional registró un aumento del 275% en las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos en el acceso al aborto, en comparación con 2023, que llegan a la organización a través de su formulario de atención. Y, entre enero y abril (inclusive) del año 2025, la organización ha recibido 160 casos, lo cual representa el 133% del total recibidos durante el 2024″, puntualizaron.

En rigor, 33,67% de las personas que se contactaron con la entidad señalaron no saber cómo o dónde acceder a una IVE, identificando la falta de información como el impedimento más frecuente para ejercer este derecho.

Desmantelamiento de la línea 0800 de Salud Sexual
“No hay campañas de difusión, la línea 0800 de Salud Sexual presenta dificultades para responder y no se publican datos actualizados sobre la implementación de la ley. En este escenario, la desinformación se convierte en una barrera crítica. Sin información pública, las personas no saben dónde ir, ni cómo exigir que sus derechos se cumplan“, lamentaron desde la entidad.

La organización ejemplificó la problemática con un caso: una mujer de 27 años relató que logró comunicarse con la línea 0800, pero el personal que la atendió le referenció algunos centros de salud a los cuales podría acercarse para realizar la práctica, y cuando se dirigió a los mismos, se encontró con que no contaban con profesionales de la salud que garantizaran la IVE/ILE.

“Fui a los centros de salud que me pasó el 0800, pero cuando llegué me dijeron que no tenían equipo [de profesionales para garantizar] IVE. Por ello, terminé buscando ayuda en internet y caí en un lugar donde me denegaron la práctica”, informó.

Desinformación y manipulación psicológica, maltratos y dilataciones
“También se registran casos de consejerías disuasorias, maltratos y prácticas de hostigamiento que buscan forzar un cambio de decisión, violando la autonomía de las personas gestantes”, aclararon. Y por si fuera poco, se suma la ausencia de información oficial sobre este derecho.

A modo de prevención, Amnistía Internacional Argentina advirtió sobre los llamados “centros de maternidades vulnerables”, que son “espacios que se presentan como lugares de contención, acompañamiento y asesoramiento a mujeres embarazadas, pero en realidad, operan como dispositivos de desinformación y disuasión para quienes quieren abortar”.

En este sentido, puntualizó que “bajo la fachada de acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad”, estas agrupaciones promueven la “información falsa o incompleta sobre el procedimiento, exageran supuestos riesgos médicos, y despliegan prácticas coercitivas e invasivas de la privacidad de las usuarias, que vulneran el marco legal nacional e internacional vigente en Argentina”.

En este sentido, citaron el caso de Camila, una mujer de 33 años, con dos hijos, quien en 2024 se acercó al Hospital Materno Infantil de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, para acceder a una IVE. Sin embargo, al llegar fue derivada al consultorio de “Maternidades Vulnerables”, donde la recibieron dos personas que comenzaron a cuestionar su decisión con actitudes invasivas y maltrato emocional. En medio de su angustia, le mostraron un muñeco de un bebé mientras le preguntaban insistentemente: “¿Por qué llorás?,” sin respetar su decisión.

“Me hicieron sentir muy mal, la verdad es una experiencia fea la que pasé. No quise volver ahí. La pasé muy mal y salí llorando”, relató la víctima a la organización.

Posteriormente, ante los diversos maltratos experimentados e injerencias arbitrarias, Camila decidió acceder a la IVE en otra institución por fuera de la región sanitaria de su domicilio, pero las dos personas que la atendieron continuaron contactándola de manera reiterada e insistente a su teléfono para indagar sobre si finalmente había realizado el aborto.

La acción de Amnistía Internacional Argentina
Pese a los retrocesos denunciados, la organización hizo hincapié en un aspecto positivo desatado a partir de esta contraofensiva: “Los datos revelan no solo un preocupante retroceso en el acceso efectivo a derechos, sino también una creciente conciencia y organización por parte de quienes ven vulnerado su acceso a la salud sexual y reproductiva”.

En este contexto, Amnistía Internacional exigió al Gobierno Nacional garantice los presupuestos sostenidos para adquirir métodos anticonceptivos y medicación específica y que cumpla con la centralización de las compras para evitar faltantes.

Finalmente, el documento insta a garantizar una atención digna mediante la capacitación obligatoria del personal sanitario y el monitoreo de posibles obstáculos institucionales. Esto incluye propuestas para erradicar la violencia y asegurar la confidencialidad en todos los niveles del sistema de salud.

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