La Cámara de Casación define el futuro de las causas de lesa humanidad - EsChaco.com - Resistencia

Las causas contra militantes de los 70

Sábado, 22 de noviembre de 2025

La Cámara de Casación define el futuro de las causas de lesa humanidad

La Sala I decide si se desmarca de la línea a favor de la libertad de los represores que inició la Corte. La Sala II ya lo hizo.

Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal tienen en sus manos la definición de cómo seguirá el proceso de juzgamiento por crímenes de lesa humanidad en la Argentina.

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Por Luciana Bertoia

Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal tienen en sus manos la definición de cómo seguirá el proceso de juzgamiento por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Por estas horas, los integrantes del máximo tribunal penal del país empiezan a mostrar si se suman a la ola que promovió la Corte Suprema y que podría derivar en la liberación de represores de la última dictadura. La Sala II de la Casación ya se desmarcó de la línea de los supremos, mientras se espera que la Sala I se expida sobre la situación de Carlos Ernesto “Indio” Castillo, el cabecilla de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) beneficiado por los cortesanos. En las próximas semanas habrá una audiencia clave para definir si las organizaciones político-militares pueden ser consideradas delitos imprescriptibles.

El 23 de octubre pasado, en su último acuerdo antes de las elecciones, la Corte Suprema dijo que no se podía prorrogar la prisión preventiva de Castillo porque ya llevaba once años de prisión sin sentencia firme. El pronunciamiento se hizo en la causa que se conoce como 1 y 60 en la que Castillo está actualmente en juicio.

Castillo sigue siendo un personaje violento. Cuando comenzó el juicio, agredió a la presidenta del tribunal, Karina Yabor. Cuando intervino su colega Ricardo Basílico, lo acusó de ser un testaferro del terrorismo y tener menos autoridad que un zorro gris.

Parte de estos antecedentes fueron recordados por las querellas en la audiencia que se hizo el jueves en los tribunales de Comodoro Py. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, debe decidir si ratifica el criterio de la Corte según el cual nadie puede estar más de tres años detenido sin una sentencia.

Las querellas señalaron que se mantenía en pie lo que la propia Corte había dicho en 2012 en el fallo Acosta, que contempla la naturaleza y gravedad de los hechos juzgados, la complejidad de los procesos y las décadas de impunidad que gozaron los imputados.

Ése había sido el argumento que había invocado un día antes la Sala II de la Casación –integrada por Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci– al convalidar que siguieran en prisión preventiva los represores Roberto Carlos Brunello y Gonzalo Chispa Sánchez. En su voto, Slokar envió un mensaje directo a la Corte al recordar el especial deber de cuidado que recae sobre los magistrados, los compromisos asumidos por el Estado argentino y la posibilidad de entrar en un nuevo “pasaje de impunidad”.

En la audiencia, Verónica Bogliano, abogada de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, le pidió a la Casación que propicien más audiencias por semana en los juicios que se hacen en La Plata. “Como pasó con casos más mediáticos”, dijo Bogliano en alusión a la causa Cuadernos.

Su colega Guadalupe Godoy, que en la causa representa a la Unión por los Derechos Humanos, les apuntó a los supremos por las demoras a la hora de confirmar las sentencias. “Son algunos de los problemas que tenemos hoy y que la Corte parece ignorar que ella misma los causa”, afirmó. Dio como ejemplo que Jaime Lamont Smart, exministro de gobierno de la dictadura en la provincia de Buenos Aires, recibió su primera condena a prisión perpetua en 2012, pero que nunca fue ratificada por la Corte. “Está guardada en sus cajones”, deslizó.

Josefina Rodrigo, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), recordó que hay un reclamo histórico para que los represores sean juzgados en un plazo razonable. “La obligación del Estado no es poner en libertad a los genocidas, sino investigar y sancionar”, resaltó.

La resolución de la Sala I se conocerá la semana próxima, dijeron fuentes del tribunal a Página/12.

El próximo 11 de diciembre habrá audiencia en Casación para definir si se investiga como una grave violación a los derechos humanos la bomba contra la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), donde funcionaba la inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) y también un centro clandestino de detención. La causa es impulsada por el represor Eduardo Kalinec, condenado a prisión perpetua, y por Justicia y Concordia, que aglutina a abogados de acusados por crímenes de lesa humanidad.

“Estamos ante una audiencia que puede ser un punto de inflexión en nuestra lucha histórica”, afirma la abogada Myriam Bregman, que actúa en el expediente. “La Cámara de Casación tiene que resolver sobre un punto nodal: cuándo se aplica el criterio de imprescriptibilidad. Los genocidas y los sectores civiles que los acompañan plantean una maniobra que consiste en esconder el interés de juzgar a los militantes de los 70 detrás de la máscara de búsqueda de la verdad, así, se intenta reabrir causas y criminalizar acciones realizadas por particulares y sin aquiescencia del Estado”, añade y sostiene que son “los sectores reaccionarios que se relacionan con Victoria Villarruel los que están detrás de esto”.