FALLO ORDENA MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LA UEGP 144
Viernes, 31 de octubre de 2025
La ministra Naidenoff contra los niños wichí: Valdocco judicializa el atropello estatal
Desde Fundación Valdocco expusieron públicamente la "profunda preocupación y repudio ante las operaciones y persecuciones desatadas por autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco, en complicidad con la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada".
Estas acciones, que afectan directamente a "la institución y a la UEGP N° 144 —espacio educativo que contiene y forma a cientos de niños y jóvenes wichí en el corazón del Impenetrable Chaqueño— constituyen un grave atropello a los derechos constitucionales, convencionales y humanos de nuestras comunidades".
La persecución comenzó - sostienen desde una publicación en redes sociales- con el corte arbitrario e infundado de la subvención estatal, seguido por la clausura del establecimiento educativo, basada en causales inexistentes y procedimientos irregulares. Esta cadena de decisiones ilegales no solo vulnera el derecho a la educación, sino que desarraiga a estudiantes, desfinancia propuestas pedagógicas y afecta documentación escolar esencial, generando un impacto directo sobre un colectivo hipervulnerable.
Ante este escenario, iniciamos acciones judiciales urgentes que han logrado suspender los efectos de los actos administrativos persecutorios, tal como lo resolvió el Juzgado Civil y Comercial N° 21 en fecha 30 de octubre de 2025. En sus fundamentos, el tribunal reconoce la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, y ordena:
- La continuidad de la medida cautelar que protege el derecho a la educación de los alumnos afectados. - La suspensión de los efectos de la Resolución MECOYT Nº 25-E-2024-209-99-1655, emitida por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. - La transferencia inmediata de aportes y subvenciones a la UEGP N° 144, junto con la presentación de informes POF en los plazos establecidos.
"Estas resoluciones judiciales demuestran que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias contra quienes creen que, por detentar cargos públicos, pueden actuar por fuera de la ley y decidir sobre la vida de nuestras comunidades sin rendir cuentas", finalizan.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de nuestros alumnos, de los pueblos originarios y de cada educador que sostiene la dignidad en contextos de abandono estatal. La justicia nos ha dado la razón. Ahora exigimos que el Estado cumpla.