El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, formuló esta tarde una denuncia penal por intimidación pública al considerar que hay “peligro para la seguridad ciudadana” debido a las declaraciones formuladas por la intendente de Resistencia, Aída Ayala, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, luego de que se conozca el fallo judicial de la juez de Garantías N° 1 de la Ciudad de Resistencia, que ordenó suspender las resoluciones de intendencia N° 1835/15 y 2475/15 mediante interlocutorio N° 34/15 del registro ese juzgado, por la cual queda en suspenso un masivo pase a planta de trabajadores irregularmente designados por la titular del Ejecutivo municipal.