Miércoles, 27 de Agosto de 2025
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MÁS DE 200 ASISTENTES
Viernes, 29 de mayo de 2015
Exitoso desarrollo de la jornada de derecho procesal constitucional
Ayer se realizó la jornada preparatoria del nordeste del II congreso nacional de derecho procesal constitucional, en el Centro de Estudios Judiciales, ante más de 200 asistentes. Las mismas tuvieron la participación destacada de los ministros del Superior Tribunal de Justicia Isabel Grillo y Rolando Toledo; quienes expusieron sobre control de constitucionalidad y convencionalidad según la visión jurisdiccional, y litigio público de reformas estructurales

El evento fue organizado por el Centro Académico Resistencia de la Universidad Gastón Dachary y la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional (AADPC).

Grillo: “el sistema constitucional
es garantía de buen desempeño”
Durante su disertación Grillo afirmó que el “sistema constitucional es la garantía legítima del buen desempeño de las autoridades públicas”; al tiempo que añadió “el amparo constitucional no puede limitarse a lo judicial, es mucho más amplio”.

Más adelante pidió reforzar “la voluntad, prudencia y coraje cívico”.

“El rol que compete al poder judicial en el control de convencionalidad y constitucionalidad es crucial, y no debe agotarse en sus fallos. Hay que dar fuerza normativa a la constitución”, enfatizó.

Asimismo remarcó que “la ciudadanía debe ver al poder judicial trabajando con otras autoridades públicas, sin que ello implique una pérdida de independencia”.

Toledo: “los remedios estructurales
exigen un rol distinto del tribunal”
Por su parte Toledo sostuvo que los remedios estructurales “exigen un rol distinto del tribunal, uno mucho más activo”. Así enfatizó que esta herramienta “atiende a las garantías jurídicas que han sido perjudicadas”, casi siempre vinculadas a los grupos más vulnerables y desprotegidos.

“El juez debe posibilitar la participación de todo el colectivo en las cuestiones que se debaten, y debe poseer una meta definida”, añadió.

Finalmente consideró que todos los actores vinculados con la justicia “deberían hacer algo para que los remedios estructurales tengan una recepción legislativa y no se vulnere el debido proceso”.

Las exposiciones
Para la apertura, Marcelo Midón dijo tener “la impresión de que existen dos Constituciones en Argentina: una poética, utópica y otra real. Vemos un divorcio entre lo que debería ser y lo que es”.

En otro pasaje de las ponencias el secretario letrado de la sala civil, comercial y laboral del STJ, Fernando Heñin abordó algunas pautas para un debido proceso, mencionó la celeridad como garantía para la tutela judicial efectiva y propuso reformas tanto al código procesal civil y comercial del Chaco tendientes a lograr un plazo razonable; así como otras no legislativas tendientes a optimizar el trabajo y la gestión judicial.

Martha Altabe, en tanto, consideró como “positivo” al Código Civil y Comercial. Al tiempo que repasó alguno de sus objetivos como son “alcanzar la igualdad real” y “lograr la tutela judicial efectiva”.

“Éste código está plagado de normas de procedimiento”, destacó, y concluyó: “el derecho ordinario volvió a sus fuentes: la Constitución”.

A su turno, Mario Midón expuso sobre el valor de las recomendaciones emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “estamos frente a un tema polémico, ácido, inflamable”, aseguró.

En forma categórica remarcó: “las recomendaciones no se concibieron para ser un pronunciamiento que consagrara la impunidad del Estado infractor”. Así recordó que en lo que va del año la Corte Suprema de Argentina emitió dos fallos “en los que ordenó cumplirlas, pero no analizó el valor de las mismas”; y no tuvo dudas al manifestar: “la Corte deberá decir que son de cumplimiento obligatorio”.

Gladis E. de Midón analizó la evolución del derecho procesal en el país, en especial a partir de mediados de la década del ‘70 (con motivo de la crisis del petróleo) y cómo ello puso a los jueces “en la obligación de solucionar problemas que los otros poderes no quisieron, pudieron o supieron hacerlo”.

“Existe una enorme brecha entre la proclama lírica de la tutela judicial efectiva y la realidad”, concluyó.

Posteriormente Juan José Ferreyra analizó la prueba como contenido esencial del debido proceso. Mientras que el cierre estuvo a cargo de Jorge Amaya (control de constitucionalidad y calidad democrática) y Osvaldo Gozaíni (la importancia del derecho procesal constitucional).
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