Sánchez: Ayala es ingeniera, pero parece que no sabe hacer cuentas - EsChaco.com - Resistencia

DISPUTADOS JUSTICIALISTAS

Martes, 5 de mayo de 2015

Sánchez: Ayala es ingeniera, pero parece que no sabe hacer cuentas

El presidente del Bloque de Diputados del Partido Justicialista, Ricardo Sánchez, ratificó las críticas hacia el contrato de la Municipalidad de Resistencia y PIMP S.A para la recolección de residuos no convencionales, y cuestionó varios puntos del vínculo cerrado entre la Comuna y la empresa. “A pesar de ser ingeniera, Aída Ayala no sabe hacer las cuentas porque dice que el servicio tiene un costo de 2.000.000 de pesos por mes, pero si dividimos la suma total del contrato, que es de $269.000.000 por 96 meses, nos da 2.800.000 pesos”, analizó

Los legisladores oficialistas hicieron pública su denuncia hacia el contrato en cuestión la semana pasada, tras el sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, y, a pesar de los intentos por aclarar la cuestión a través de los medios concretados por distintos funcionarios municipales, entre ellos la propia Aída Ayala; se muestran dispuestos a avanzar hasta las últimas consecuencias con esta cuestión.

“Cuando en las películas de televisión vemos que al maleante lo agarran in fraganti delito, es habitual que el policía le diga que tiene derecho a permanecer callado pues cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra; y este saco le cabe perfectamente a Aída Ayala, quien en conferencia de prensa trató de explicar lo inexplicable de este millonario contrato”, advirtió el legislador y precisó: “Concretamente, al hablar de los costos, la intendenta manifestó que antes se destinaba 1, 2 millón de pesos mensuales, pero que ´ahora el servicio cuesta 2 millones, no sólo por el mayor equipamiento y la ampliación del servicio sino además como consecuencia de la inflación´”.

“En realidad, a pesar de ser ingeniera, creo que Ayala no sabe hacer las cuentas o se olvidó de algún porcentaje oscuro de esta negociación porque si dividimos 269 millones por 96 meses, nos da 2,8 millones y no 2 millones de pesos como sostuvo la intendenta, por lo que cabe preguntarse ¿quién se queda con esos 800.000 pesos por mes?”, disparó Sánchez.

En este marco, el jefe de la bancada justicialista destacó además que “respecto de lo manifestado por la jefa Comunal en orden a la pauta inflacionaria, debemos recordar que la cláusula 20 de Resolución Municipal N°0448 establece todo un sistema de actualización de precios, con lo cual, cabe concluir que aquellos 269 millones de pesos corresponden al precio estimativo del servicio, pero los vecinos de Resistencia terminarán abonando una cifra sumamente mayor porque, dice la cláusula 20, que los precios serán actualizados, a solicitud de la contratista o de la Municipalidad (sic), y que esta actualización tendrá en cuenta el factor del Índice de Construcción más el valor de los combustibles; de toda esa determinación, se establecerá cuál es el precio actualizado”.

“Caben aquí también objeciones en orden a que se incorpora un elemento, como el Índice de la Construcción, cuando estamos hablando de un servicio que no construye nada, sino que retira residuos, a pedido de los contribuyentes, a través de llamados telefónicos”, puntualizó el legislador.

El titular del Bloque del PJ aseveró asimismo que tampoco es cierto que la licitación pueda dejarse sin efecto por la sola voluntad del intendente que asuma el 10 de diciembre como lo sostuvo Ayala. “En la cláusula 23 de la misma resolución municipal están claramente establecidas las causales de recisión que, en todos los casos deben ser justificadas y certificadas, por lo que, en caso de una recisión unilateral y sin causas, como lo dejó entrever la intendenta, puede hacerse, pero con el pago de la totalidad del contrato, lo que no saldrá del bolsillo de Aída Ayala sino de los contribuyentes de la ciudad de Resistencia”.

Finalmente, Sánchez entendió que “todo esto nos lleva a ratificar que esto es un contrato absolutamente escandaloso, y que violenta la Constitución Provincial ya que la propia intendenta reconoce que es un servicio público, con lo cual, si es un servicio público no puede privatizarse, como lo hizo Ayala, a través de una resolución municipal y una licitación pública a todas luces teñida de corrupción”.