Hace casi un año espera definición un amparo por el mal servicio de la telefonía celular
Desde el mes de septiembre del año pasado, el Instituto del Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco está esperando una mayor celeridad tendiente a lograr una pronta resolución en la acción de amparo interpuesta contra las empras de telefonía celular solicitando que la Justicia ordene la prestación de un servicio de calidad óptimo y necesario en las bandas GSM; 2G y 3G “conforme la reglamentación vigente y lo convenido por los usuarios en relación a la publicidad ofrecida”.
Paralelamente pidió que se ordene a las tres empresas que operan en la Provincia del Chaco, que presenten el plan de inversiones que garantice la prestación del servicio en condiciones de calidad y conforme lo convenido con los usuarios.
El amparo había sido presentado junto a una medida cautelar que fue rechazada por el juez Federal, Carlos Skidelsky, denunciando que la situación de “sobremasificación de terminales en uso simultáneo generó que el servicio se preste en forma deficiente, de mala calidad, que persiste al día de hoy, tanto en el orden provincial como en el orden nacional”, justamente en la diligencia preliminar que la Justicia no hizo lugar el Defensor del Pueblo había solicitado que “se suspenda la venta y activación de nuevas líneas hasta tanto mejore el servicio”.
Faltando dos meses para que se cumpla un año de la presentación de la acción de amparo, la Justicia Federal no la ha resuelto, aunque cuando rechazó la cautelar, el Dr. Skidelsky había reconocido que el servicio de telefonía celular en la provincia era directamente malo.
Para la Defensoría es un hecho público y notorio la mala prestación del servicio, y en ese sentido el juez reconoció las deficiencias del mismo aclarando que “no resultaría claro cuál sería verdaderamente la problemática existente que provoca la deficiencia” y apuntando que “no puede considerarse como un hecho público y notorio que las mencionadas falencias obedezcan a una determinada causa, o que el volumen de ventas tenga la incidencia indicada”.
Desde comienzos de la actividad judicial en este año, el Instituto del Defensor del Pueblo viene requiriendo, con escritos de urgimiento, que se avance en la sustanciación de la medida, el último, presentado el 8 de julio último solicitando que se resuelvan las cuestiones pendientes de la primera parte del proceso y se dicte la apertura de la causa a pruebas.
Pese a esas consideraciones, no hubo avances en el amparo que hubieran permitido conocer la situación y el plan de inversiones de las empresas y sobre todo si se ha dado cumplimiento al mismo.
El Defensor Gustavo Corregido, apuntó que “falta respuesta del Juzgado Federal, pero también está claro que falta inversión en tecnología, pero no podemos tener las precisiones que necesitamos porque el Juzgado Federal no resuelve el amparo”.