“Cumplan la Ley”, la respuesta del CIN al Gobierno
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le respondió al Gobierno de Javier Milei, que intimó a los rectores por las medidas de fuerza adoptadas en las universidades públicas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Cumplan la Ley”, exige.
“Las universidades permanecen abiertas, en funcionamiento y plenamente comprometidas con su misión institucional, garantizando —en el marco de sus posibilidades materiales y presupuestarias— el desarrollo de actividades académicas, administrativas, científicas y de extensión, así como el sostenimiento del derecho social a la educación superior pública”, señala el texto.
Y advierte: “Sin embargo, toda consideración seria sobre la situación actual del sistema universitario exige reconocer el contexto estructural que lo atraviesa: el flagrante incumplimiento, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de la Ley de Financiamiento Universitario, expresión de uno de los consensos democráticos más amplios alcanzados por el Congreso de la Nación en materia educativa”.
“Dicha norma no solo fue aprobada por mayorías contundentes, sino también ratificada por amplísimos acuerdos parlamentarios, incluyendo mayorías calificadas de dos tercios, constituyendo una manifestación institucional inequívoca de la voluntad soberana del Poder Legislativo”, agrega.
El comunicado señala que “desconocer o incumplir una ley de semejante legitimidad democrática no constituye un dato menor ni una mera controversia administrativa: implica una alteración profunda del principio republicano de división de poderes y coloca a las universidades nacionales en una situación de severa restricción financiera, salarial y operativa que impacta directamente sobre las condiciones materiales en las cuales debe garantizarse el derecho constitucional a enseñar y aprender”.
“Por ello, resulta imprescindible señalar que cualquier afectación a la normalidad plena del sistema universitario no puede analizarse de manera aislada ni atribuida unilateralmente a las instituciones universitarias, como si estas fueran responsables originarias del conflicto. La situación de tensión que atraviesa el sistema deriva, en lo sustancial, del incumplimiento estatal de obligaciones legales expresamente establecidas por el Congreso Nacional”, expresa.
En otro tramo de la carta enviada, aclara: “Nuestras instituciones continuarán, como lo han hecho históricamente, arbitrando todos los medios a su alcance para preservar la educación pública, asegurar el funcionamiento institucional y garantizar derechos, pero resulta igualmente necesario subrayar que ninguna exigencia de operatividad puede desvincularse de la obligación primaria e indelegable del Estado nacional de cumplir con el financiamiento legalmente establecido“.
“Las universidades nacionales no son la causa de esta crisis; son, por el contrario, instituciones que sostienen, con enorme esfuerzo cotidiano de su comunidad, el funcionamiento del sistema aun en un escenario de extrema precariedad como el actual, producto del incumplimiento presupuestario por parte del propio Estado”, plantea.
Finalmente, las universidades, a través del Consejo Interuniversitario Nacional, ratifican su “disposición al diálogo institucional, el respeto irrestricto de la Constitución Nacional, de la autonomía universitaria y de las leyes vigentes; así como su convicción de que la defensa de la educación pública exige asumir el cumplimiento efectivo de las obligaciones legales y presupuestarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.
Vale recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue votada por el Congreso y vetada por el Gobierno. Al siguiente año, sucedió exactamente lo mismo, pero el Poder Legislativo logró confirmar la iniciativa. Todo terminó en la Justicia, que falló a favor de las universidades y ahora el Gobierno dilata la resolución acudiendo a la Corte.