Trabajadores buscan que la línea 137 sea regulada por una ley - EsChaco.com - Resistencia

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Lunes, 7 de julio de 2014

Trabajadores buscan que la línea 137 sea regulada por una ley

El personal de la línea telefónica dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, mediante la junta de firmas y adhesiones en el vía pública, solicitará que su funcionamiento sea asegurado y sostenido en el tiempo.

La línea 137, de asistencia a las víctimas de la violencia de género, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Chaco, funciona hace aproximadamente dos años en la provincia, a través del decreto 322/12 del Poder Ejecutivo. Un equipo interdisciplinario que atiende telefónicamente denuncias y casos de violencia familiar y de género, brindan asesoramiento, asistencia y contención e incluso determinan la intervención de otras áreas como Policía o Salud Pública. Pese al importante trabajo que realizan ante esta problemática cada vez más frecuente, aseguran que desde su implementación el programa se sostiene con el esfuerzo de los trabajadores. Es por esto que consideran indispensable que el programa «Chaco dice no a las violencias», del cual se desprende el funcionamiento de la línea de asistencia, sea regulado por ley, «esto quiere decir que no dependa de la buena voluntad del funcionario de turno decidir cómo, cuándo y quién acompaña a una víctima de violencias», dicen sus trabajadores.
«Solicitamos solidaridad con la problemática abordada a través de la firma de un petitorio que estaremos compartiendo en la vía pública para que este programa sea ley, esto implicaría una política de derechos humanos que aborde los casos de violencias sostenida en el tiempo».

No a las violencias
Mediante la ley esperan que el programa «Chaco dice no a las violencias» garantice «atención inmediata a víctimas de violencia familiar y sexual en un ámbito de contención, seguridad y garantía de sus derechos como mujeres, en menor cantidad hombres, que son víctimas de abusos o maltratos, causados por el ejercicio de violencias».
Cómo así también «presencia policial en las intervenciones, ya que es imprescindible poder contar con dos efectivos policiales por guardia durante las 24 horas y que este personal sea estable y esté capacitado, ya que los expertos en seguridad forman parte de lo que denominamos ‘brigada móvil’, esto es, el equipo que se desplaza al lugar donde se genere la urgencia o emergencia, que debe estar compuesto por una psicóloga, una asistente social y efectivos policiales», indicaron.
También necesitan asegurar la provisión de «recursos materiales y humanos para el correcto desempeño de las funciones, esto es medios de movilidad, un software adecuado para el registro preciso y confidencial de los casos, salarios acordes a la función de los profesionales, con cobertura médica, seguro y aportes».
Asimismo se requiere la supervisión por parte de expertas en la temática, de las profesionales que se desempeñan en el programa «Las víctimas contra las violencias», a cargo de la doctora Eva Giberti, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para contar con la visión de personal ampliamente capacitado que garantice calidad en las intervenciones y realice profilaxis con los profesionales locales».

Un proyecto de ley
En este sentido los trabajadores recordaron que el diputado del Frente Grande, Daniel Trabalón, presentó hace pocos días el proyecto de ley 2451/14 a través del cual propone la ratificación del decreto 322/12 del Poder Ejecutivo mediante el cual se puso en marcha la línea 137 estableciendo cuáles serán los recursos que se deberán destinar para el funcionamiento efectivo de la política pública. Además, el legislador presentó un proyecto de resolución para que los trabajadores de la línea 137 puedan ser escuchados en el marco de la Comisión de Desarrollo Humano y Salud de la Cámara de Diputados del Chaco.
Por lo antes expuesto los trabajadores de la línea 137 se comprometen con la comunidad a seguir brindando acompañamiento, abordaje, orientación y contención a las víctimas de violencias, para lo cual solicitan el apoyo de la comunidad en este justo reclamo por los derechos de la población vulnerada».
Ante esto solicitan a los funcionarios que se ejecuten con responsabilidad y seriedad las políticas públicas destinadas a trabajar con la población vulnerada, tal como se han comprometido al crear este programa y como exige la Constitución, la cual permite además a una víctima de violencia de género acceder a un abordaje, acompañamiento, orientación y reparación que respete los tratados y convenciones internacionales, las leyes nacionales y provinciales, etcétera, creadas con el fin de erradicar las violencias.