Interbloque Unión por Chaco denuncia penalmente al Administrador de la ATP
La Diputada Provincial Irene Dumrauf junto a demás legisladores del Interbloque Unión por Chaco han promovido una denuncia penal contra el Administrador General de la Administración Tributaria Provincial Cdor. Ramón Pereyra, como así también han solicitado la remoción del acuerdo parlamentario de su designación en virtud de las irregularidades e ilegalidades en materia de incompatibilidades y percepción contraria a la legislación vigente de adicionales salariales y fondo estímulo.
Dumrauf expresó “Luego de analizar las normas que rigen en materia de incompatibilidades y a raíz de la documentación aportada, hemos concluido que el Cdor. Pereyra, titular de la ATP (Administración Tributaria Provincial–ex Rentas), ha ejercido su profesión contrariando escandalosamente la Ley N° 330 de Organización y Funcionamiento de la ATP que establece que es incompatible para su personal ejercer profesión, prestar asesoramiento, desempeñar empleo u otra actividad por sí o por interpósita persona, relacionada con la materia contable – impositiva, salvo el ejercicio de la docencia, y es en razón de dichas prohibiciones que el personal de la ATP percibe un adicional del 30% y el fondo estímulo que, lógicamente, también percibe el Administrador General”.
Dictamen de la FIA
“Hemos tomado conocimiento que la FIA (Fiscalía de Investigaciones Administrativas) ha solicitado a la Fiscalía de Estado que investigue y procure el recupero de las sumas percibidas por el Cdor. Pereyra en contradicción con el régimen de incompatibilidades lo que ha dejado evidenciado las acciones que dicho funcionario ha realizado en perjuicio de todos los chaqueños causando pérdidas económicas para el Estado, lo cual celebramos y cuyo dictamen esperábamos para poder avanzar con las denuncias penales y el pedido de remoción del funcionario”.
Abuso de autoridad y violación deberes funcionario público
“Por ese motivo acudimos a la justicia penal para que determine e investigue si dichos actos encuadran en los delitos contra la administración pública, como abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, como también fraude contra la administración pública, lo cual determinará las penas que correspondan y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública”.
“Entendemos que el accionar de Pereyra contradice la Ley de Ética Pública, por lo que hemos puesto en marcha el procedimiento establecido en la Ley 3.412 para remover el acuerdo parlamentario otorgado por la Cámara de Diputados a través del expediente 320/14, a los efectos del cese inmediato en sus funciones como administrador general de la ATP”.