SOLICITA AL PROCURADOR TRÁMITE URGENTE Y PRONTO DESPACHO
Viernes, 6 de junio de 2014
El Centro Mandela denuncia tareas de inteligencia de la Justicia en las protestas
Dice la presentación judicial: Me dirijo a Usted, en mi calidad de Coordinador del Centro Mandela, con sede en Av. Alberdi Nº 338, Ciudad, a los fines de plantearle una grave y preocupante irregularidad institucional que detectáramos en ocasiones en que se produjeran las masivas y brutales represiones que aplicó el personal policial en oportunidad en que organizaciones y sectores gremiales y sociales se manifestaban y reclamaban en los espacios públicos durante los días 7 de mayo y 4 de junio de este año, en cercanías y áreas muy extendidas de Casa de Gobierno.
La irregularidad detectada que compromete al Poder Judicial:
En oportunidad de producirse ambas represiones nuestros pocos observadores detectaron la presencia de personal técnico del Gabinete Científico, conocidos licenciados en criminalística y criminología, mezclados con los manifestantes y, en algunos casos, en puntos estratégicos de los espacios públicos donde se producían los reclamos. Claramente advertimos que operaron conforme a prácticas no contempladas en el organigrama funcional del organismo dependiente de la Procuración General del Superior Tribunal de Justicia, destacándose que en forma sistemática sacaban imágenes fotográficas en el núcleo y en las adyacencias de las movilizaciones y de los espacios donde se concentraran quienes se manifestaban. Es indiscutible que realizaron “tareas de inteligencia”, según el lenguaje policial.
Los agentes del Gabinete estaban vestidos con ropas usuales, con el chaleco de teladel organismo. También advertimos que quienes se manifestaban y fueron reprimidos entendían que se trataban de trabajadores de la prensa, con lo cual se agravó la cuestión en términos de irregularidad institucional que afectó los derechos de los manifestantes, a quienes no se informó la naturaleza de la intervención de los técnicos. Tampoco podemos dejar de señalar la notable inseguridad que ha rodeado el desempeño de los licenciados del Gabinete porque no contaban con ninguna medida de seguridad, por lo que estuvieron sometidos a altos riesgos de ser eventualmente detectados y atacados en el supuesto de que quienes reclamaban hubieran descubierto las tareas que llevaban a cabo. El punto de mayor peligrosidad y riesgos, según nuestro punto de vista, se produjo cuando uno de los trabajadores del Gabinete sacó fotos a espalda de los manifestantes, uno de los cuales tenía en sus manos un caño que luego los medios de comunicación divulgaron masivamente bajo la denominación de “tumbera”. Esas imágenes, según fuentes objetivas,fueron entregado por la Policía a los medios, lo que entabla una preocupación razonable en el sentido de que tenemos dudas y ciertas confirmaciones respecto de a quien y/o quienes obedece y responde en definitiva el personal del Gabinete Científico en su funcionamiento diario, lo que entabla una posible relación promiscua de un sector estratégico del Poder Judicial con la Policía Provincial y, por medio de dicha Institución, quiérase o no con el poder político.
La sistematicidad operativa de los integrantes del Gabinete Científico que actuaron durante los días 7 de mayo y 4 de junio permite razonablemente interpretar que lo hicieron como derivación de órdenes que suponemos debieran haber sido formuladas en el contexto del ordenamiento jurídico vigente que regula la actuación de tales agentes técnicos, aunque las características de las intervenciones que asumieron nos genera una duda más que razonable en función del Principio de Legalidad y el marco de actuación que les compete a dichos trabajadores judiciales.
Es sumamente conveniente resaltar que los técnicos que integran el Gabinete Científico del Poder Judicial deben desempeñarse como “peritos post-facto”, o sea que deben intervenir en las cuestiones penales luego de la ocurrencia de hechos tipificados por el Código Penal, en el plano de la investigación que debe desarrollarse en el campo neto de la justicia penal. Les está vedada toda otra actividad a los técnicos del Gabinete , quienes no deben asumir funciones propias de la Policía Administrativa, que depende del Poder Ejecutivo, incluso cuando se desempeñan como auxiliares de la justicia.
SIN EMBARGO: la presencia de integrantes del gabinete científico en ocasiones en que desatara las dos represiones masivas que venimos señalando pone en evidencia (empírica) que desarrollaron “tareas de inteligencia”, actividad que no se condice ni está legalmente legitimada para que sea llevada a cabo por tales agentes, aún en el marco de la Ley de Seguridad Democrática. La irregularidad ha sido mayúscula. La subversión de roles y funciones ha sido de tal gravedad que alcanza para cuestionarel funcionamiento del Poder Judicial, haciéndose incapié –en esta caso- en la Procuración General del Superior Tribunal de Justicia, en virtud de la dependencia orgánica y funcional del Gabinete Científico.
La irregularidad detectada siquiera podría purgarse por una eventual orden o disposición formal de la Procuración General, como tampoco del Fiscal de Investigación Preliminar que por turno correspondía que actuara, dado que este último cuenta con sus ayudantes fiscales y no puede disponer que los técnicos del Gabinete Científico realicen “tareas de inteligencia”.
EN DEFINITIVA: corresponde que el señor Procurador General inicie una exhaustiva investigación administrativa a los fines de esclarecer la grave irregularidad que ponemos en conocimiento, para -en definitiva- pronunciarse formalmente sobre la cuestión y, por las vías que corresponda, determine los autores y responsables de quien y/o quienes ordenaron que los técnicos del Gabinete Científico efectuaran “tareas de inteligencia” en las dos ocasiones señaladas en esta nota, aplicándose las sanciones del caso. Y lo más importante, es que se impida -a partir de ahora- que ningún técnico del Gabinete sea destinado a realizar las referidas tareas de inteligencia dado que se violan todos los preceptos constitucionales y democráticos vigentes en el país y en Chaco, sobresaliendo que también el Poder Judicial violó el Protocolo Garré.
SOLICITUD CONCRETA: además de lo señalado en el párrafo anterior, solicito expresamente que el señor Procurador nos mantenga informados sobre la derivación formal que supone se debe dar a esta presentación, comunicándonos los avances de la investigación y sus resultados intermedios y finales, informándole –además- que el contenido del presente será dado a conocer a la opinión social porque se ha vulnerado el interés público a través de la violación de derechos, garantías y libertades públicas y privadas de los manifestantes.