Vecinos Autoconvocados preocupados por los robos y la ola de violencia - EsChaco.com - Resistencia

Visitaron al presidente del Superior Tribunal de Justicia

Domingo, 4 de mayo de 2014

Vecinos Autoconvocados preocupados por los robos y la ola de violencia

Representantes de la agrupación de “Vecinos Autoconvocados” se entrevistaron el martes 29 de abril por la tarde, con el presidente del Superior Tribunal de Justicia Dr. Rolando Toledo para abordar diversos aspectos relacionados con los servicios de seguridad pública y la justicia provincial.

Los vecinos remarcaron varios temas que preocupan a la ciudadanía frente a un aumento del nivel de delitos y de la conflictividad social, incluyendo las reacciones en contra de delincuentes sorprendidos “in fraganti” o inmediatamente después de cometer delitos, donde ciudadanos intentan hacer justicia por mano propia con agresiones físicas incluidas (linchamientos), que entienden son síntomas del descreimiento social hacia los servicios de seguridad y justicia.

El Dr. Toledo hizo un breve repaso del funcionamiento del fuero penal y sobre los avances en el proceso de reforma organizacional, sobretodo en el Gran Resistencia, con una mesa de tramitación unificada y la investigación a cargo de los fiscales, que mejoró la performance del sistema penal y se tradujo en un aumento significativo de la tasa de condena en el último año.

El máximo representante de la justicia chaqueña adelantó que para el segundo semestre de este año tienen previsto implementar mesas receptoras de denuncias en los barrios de Resistencia y un equipo de investigadores judiciales, que van a trabajar coordinadamente con el Gabinete Científico, el Instituto de Medicina Forense y los fiscales de investigación penal para el esclarecimiento de los casos, como nuevos avances hacia la implementación de lo que prefiere denominar la Policía de Investigaciones dependiente del Poder Judicial, y que la legislación vigente designa como Policía Judicial. Manifestó no compartir la incorporación de personal policial para la Policía Judicial, como se estableció en la ley 6.977, y que adhiere a la formación de investigadores propios altamente calificados.

El alto magistrado no ahorró críticas hacia la nueva ley de seguridad pública 6.976, porque entiende que toda normativa debe adecuarse a la realidad social, y en cambio la norma en cuestión se aprobó y no se aplica porque no se adapta a la realidad social e institucional de nuestra provincia. Aunque aclaró que el poder judicial no puede desarrollar acciones de prevención del delito, que son responsabilidades propias del poder ejecutivo, está dispuesto a ayudar en lo que esté a su alcance y aportar propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema penal y la articulación con el servicio de seguridad preventiva, estableciendo como requisito indispensable conformar un equipo de trabajo conjunto con un responsable político de la seguridad pública que actúe como interlocutor con el Gobernador y un responsable del sistema de seguridad con poder de decisión.

Asimismo, el Dr. Toledo resaltó la actividad desplegada por el Procurador General Jorge Canteros y el Procurador Adjunto Miguel Fonteina, quienes participan activamente junto a funcionarios del área de seguridad en el Consejo Provincial de Seguridad Pública, y reuniones permanentes en un contacto directo con los foros vecinales de seguridad y organizaciones intermedias frente a los reclamos por mayor seguridad.

Otro de los temas abordados fue el financiamiento de la seguridad pública y del poder judicial, donde los vecinos informaron al presidente del Superior Tribunal los reclamos realizados ante la comisión de hacienda y presupuesto para gestionar ante el poder ejecutivo un mayor presupuesto para la jurisdicción policía provincial con destino específico al programa de seguridad ciudadana y prevención del delito, a los fines de corregir el desfinanciamiento y mejorar la performance de la provincia del Chaco en el compromiso con la seguridad pública. El Dr. Toledo reconoció que el Poder Judicial también viene atravesando un progresivo desfinanciamiento, que se manifiesta principalmente en una deprimida política salarial, donde tanto jueces como empleados judiciales se encuentran recibiendo salarios por debajo de la media provincial del conjunto de las 23 provincias argentinas, y muy lejos de lo que perciben los magistrados y empleados de la justicia federal.

En el tramo final del encuentro, los vecinos solicitaron información sobre estadísticas delictuales actualizadas para realizar un seguimiento del mapa delictual provincial, y sobre la ejecución del presupuesto del poder judicial y las necesidades de fondos para la implementación de la Policía de Investigaciones o Policía Judicial, que el presidente del Superior Tribunal de Justicia se comprometió a gestionar a través de las áreas técnicas correspondientes y suministrarlas en el término de diez días.