Diputada Celeste Segovia pide la suspensión de Tarjebús - EsChaco.com - Resistencia

Por abusivo, monopólico y arbitrario

Miércoles, 30 de abril de 2014

Diputada Celeste Segovia pide la suspensión de Tarjebús

La iniciativa de la diputada provincial Celeste Segovia, acompañada de sus pares Beatriz Vázquez, Beatriz Bogado, Néstor Sotelo y Daniel Trabalón, y dirigida a la Municipalidad de Resistencia, tuvo ingreso en el mediodía de este martes.

La Resolución legislativa, de los diputados provinciales pertenecientes al bloque del Frente Chaco Merece Más, solicita "a la Municipalidad de Resistencia, suspenda la aplicación e implementación del nuevo sistema de Tarjeta Magnética (Tarjebus S.A.) para el transporte de pasajeros".

El pedido emanado a la comuna, es "hasta tanto la Fiscalía de Investigaciones Administrativas determine si el procedimiento llevado adelante por el municipio de la ciudad de Resistencia, para la implementación y comercialización de la Tarjebus, se realizó conforme a la Ordenanza Municipal N°9089/2008, atento a la denuncia realizada por el señor Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco".

Precisamente, entre sus fundamentos, Celeste Segovia y sus pares, expresan que el procedimiento se efectúa "atento al planteo realizado por el señor Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, Gustavo Corregido, quien presentó una denuncia formal contra funcionarios del Ejecutivo Municipal de la ciudad de Resistencia, por posible "incumplimiento de deberes de funcionarios públicos', al no respetar "prima facie" lo establecido por la reglamentación vigente; por ante la Fiscalia de Investigaciones Administrativas de la Provincia".

Recordando que dicha presentación se fundamenta en una denuncia que recibió la Defensoría del Pueblo el pasado 19 de marzo de 2013. En la misma, dos asociaciones de consumidores exponen un supuesto fraude que estarían sufriendo los usuarios del transporte urbano e interurbano, con la implementación del nuevo sistema de Tarjeta Magnética (Tarjebus S.A.).

"La supuesta irregularidad se sostiene en que la tarjeta tiene un precio de venta de $15 al público en general, y que además en uno de sus lados posee publicidad de una empresa privada de préstamos (Corefin), que a entender de los denunciantes es una pauta publicitaria que obligarían a hacer a los usuarios, pero que la cobrarían los empresarios. Siendo así, de acuerdo con la ley de defensa al consumidor, el plástico no debiera tener costo para el usuario o debiera considerarse al momento de la recarga de crédito una carga adicional sin costo a beneficio del usuario, entre otras eventuales irregularidades".

Más argumentos

"El segundo planteo efectuado por las asociaciones de consumidores es la postergación de la utilización que hubo del sistema, continuándose no obstante ello con la venta de tarjetas, a fin de llegar al número de ventas establecido para la aplicación del aumento, conforme lo dispuesto por la ordenanza".

"Por otro lado y para finalizar se verifica en principio una falta de cumplimiento del procedimiento que establece la ordenanza respectiva, lo que por lo menos resulta una irregularidad que está cometiendo el Ejecutivo municipal, además y por otro lado, de que no existen mecanismos para realizar un control efectivo de la actividad de las empresas privadas que resultan beneficiada con este sistema de pago".

"Es por ello, conforme los argumentos vertidos, y dada la importancia para la ciudadanía en general y especial para los ciudadanos del área metropolitana, que se ven constreñidos a utilizar compulsivamente un sistema de pago, sin que exista al menos otra posibilidad y/o mecanismo de pago, lo que convierte al sistema en por lo menos, abusivo, monopólico, y arbitrario; y en lugar de facilitar y mejorar la calidad de vida del ciudadano realmente se convierte el mismo en una complicación diaria más".