Magistrados chaqueños rechazan la provincialización del narcomenudeo
El Procurador General Adjunto, Miguel Fonteina, advirtió que cerca del 90 por ciento de las causas federales por infracción a la ley nacional 26052 en el Chaco son por consumo de estupefacientes. “Lo que realmente hay que atacar es al narcotraficante”, aseguró.
En la sede de la Asociación de Magistrados del Chaco se realizó este jueves una reunión donde los jueces provinciales manifestaron su rechazo al proyecto de ley que promueve la adhesión del Chaco a la ley nacional de Estupefacientes para que las causas menores por infracción a esa norma sean investigados por los jueces y y la Policía de la provincia.
Del encuentro, encabezado por el presidente de la Asociación de Magistrados del Chaco, Gustavo Serrano, participó el Procurador General Adjunto de la provincia de Chaco, Miguel Fonteina; la jueza electa del Superior Tribunal de Justicia, Iride Isabel Grillo, los fiscales federales Patricio Sabatini, Carlos Amad y Federico Carniel; el juez de Cámara del Crimen Nº2, Víctor Del Río; la jueza de Faltas de Barranqueras, Sandra Saidman y la defensora oficial provincial, Lorena Padován. El Procurador General Adjunto del Chaco, Miguel Fonteina, señaló que los fiscales federales revelaron que entre el 85 y 90 por ciento de las causas por infracción a la ley nacional de Estupefacientes en el Chaco se relaciona con el consumo y no con la comercialización o el narcotráfico.
El jefe de los fiscales adjunto destacó el trabajo articulado que vienen realizando los fiscales provinciales con los federales en causas vinculadas con detenciones de personas y secuestros de drogas. “Hemos establecido un sistema de trabajo no solamente formal sino genuino con los fiscales federales para establecer sistemas de alerta y de trabajo en conjunto para que en aquellos casos en que se produzcan secuestros de estupefacientes, en forma inmediata otorgarle todos los elementos al fiscal federal”, describió Fonteina.
Atacar al narcotráfico
El Procurador Adjunto destacó un dictamen de la Procuración General de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y también las expresiones de las cortes provinciales que advierten que “al que realmente hay que atacar es al narcotraficante”. Y sostuvo además que “hay una cuestión de salud y ya no de delito en las personas que andan con menor cuantía del consumo”. En este sentido, cabe recordar un fallo de la Corte Suprema en el “caso Arriola” donde se declaró “inconstitucional” la norma que sanciona penalmente la tenencia de estupefacientes para consumo personal por ser incompatible con el principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional que protege “las acciones privadas que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero”.
“Se podría beneficiar a los narcos”
Por otro lado Fonteina consideró que la idea de separar las competencias en la aplicación de la ley de Estupefacientes se podría entorpecer una investigación y favorecer a los narcotraficantes. “Nosotros, si actuamos en el pequeño consumo y tráfico, podemos muchas veces no solamente impedir sino facilitar que el verdadero narcotraficante se vea beneficiado por esta situación, que en vez de estar concentrado va a estar redistribuido en distintos órganos”, sostuvo.