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Pedido del Defensor del Pueblo
Miércoles, 16 de abril de 2014
Exigen a las autoridades y empresas que cumplan con la accesibilidad del transporte
Convocados por el Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, empresarios del transporte y funcionarios del área de la Municipalidad de Resistencia y del gobierno provincial comenzaron a buscar definiciones en materia de accesibilidad del transporte de pasajeros del área metropolitana tras conocerse que en este año deben formularse los pliegos licitatorios por vencimiento de la actual concesión.

Corregido, junto al encargado del Área de Discapacidad, José Giuggia, recibieron al delegado del INADI en Resistencia, Darío Gómez, al secretario de Transporte de la Municipalidad de Resistencia, Sergio Almirón y a la secretaria de Desarrollo Humano, Patricia Kaenel, el subsecretario de Transporte municipal, Edy Arévalo, la directora del Área Discapacidad, María Rosa Balbuena y la técnica en proyectos del Área de Discapacidad, Angélica Coll, ambas del municipio, el abogado de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, Horacio Nelson, y el presidente y el tesorero de la Cámara de Empresas del Transporte Automotor del Chaco, Daniel Riquelme y David Báez Juárez, respectivamente. Pese a que estuvo invitado, el presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de Personas con Discapacidad, no estuvo presente en el encuentro.

Frente al vencimiento de plazos, Corregido, pidió la inclusión en los nuevos pliegos de la incorporación de unidades con sistemas de accesibilidad incorporada. Los representantes de las áreas municipales y provinciales anticiparon que la iniciativa está en la agenda, aunque el secretario Almirón apuntó que debería hacerse gradualmente.

En tanto desde las empresas, Riquelme, indicó que en la actualidad no existe financiamiento para la adquisición de nuevas unidades, y que con el parque actual están en condiciones de acceder a la prórroga por otros siete años que prevén los pliegos.
Paralelamente indicó que en la ciudad de Resistencia no hay infraestructura para la implementación de las unidades accesibles, que a la par, tienen un costo de un diez por ciento por encima del valor de una unidad común (el precio de la unidad común, dijo, es de 1 millón de pesos). Y consideró que no sería lógico que se adquieran este tipo de vehículos adaptados y luego no puedan ser utilizados.

El Defensor Corregido, instó a los presentes en la reunión a tomar medidas para iniciar la accesibilidad, empezando con algunas acciones, desde el municipio para la provisión de infraestructura, proponiendo como lugar inicial el Barrio Don Santiago, por la proporcionalmente alta cantidad de vecinos con discapacidad del lugar y a las empresas, la incorporación de unidades de modo gradual, para la prestación del servicio en horarios específicos.

Recordó que para transformación del parque automotor de las unidades de transporte de pasajeros, el Congreso de la Nación sancionó la ley 24914, modificatoria de la Ley 22431, y la Presidencia de la Nación, a través del Decreto 914/97, en su reglamentación, estableció un cronograma que arrancaba en ese año y vencía en el año 2002, fecha para la cual las empresas de transporte de pasajeros debería tener la totalidad de las unidades adaptadas.


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