Se aprobó la creación del cuerpo de Administradores Gubernamentales
El objetivo de los mismos es de cubrir con elevados estándares de idoneidad y profesionalización aquellos cargos del Poder Ejecutivo que cumplan un rol directivo en la implementación de las políticas del Estado de la Provincia del Chaco”.
Si bien el tratamiento en particular del articulado de la norma quedó pendiente para la próxima Sesión, en términos generales el proyecto establece que el Cuerpo de Administradores de Gobierno estaría integrado por los cargos de Director y Director General del Poder Ejecutivo, así como por los cargos que, aún no teniendo tales denominaciones, cumplan funciones similares en cuanto a su rol directivo en la implementación de políticas públicas del Estado Provincial. En cambio, no sería de aplicación para los cargos de apoyo a la gestión, entendiéndose por tales a las direcciones que cumplan funciones de servicio administrativo contable, de recursos humanos y de gestión administrativa.
El diputado Eduardo Aguilar, indicó que “este proyecto esta inscripto dentro de una reflexión y una concepción sobre el rol del Estado en general y en particular el Estado Provincial con lo que son dos objetivos: el Estado como un agente que debe impulsar la transformación de las estructuras productivas para generar dinámica de empleo privado, y un Estado que es el responsable de prestar servicio publico de calidad para asegurar el logro de una sociedad mas inclusiva fundamentalmente en salud, educación, seguridad; esa es la concepción del Estado que está detrás de ese proyecto”.
El legislador observó que “hablamos de un Estado en una provincia que tiene retraso en su proceso de industrialización y que tiene un conjunto de condiciones que operan contra ese proceso de industrialización; un Estado que observa que, salvo circunstancias excepcionales, es improbable que el desarrollo económico de la provincia ocurra de manera espontánea o por decisiones solo de los actores privados y, en consecuencia, asume que tiene que jugar un rol en el impulso a la transformación de las estructuras productivas”.
Sostuvo que “el Estado tiene que ser un agente central que ayude a que estructuras productivas primarizadas y de baja productividad se transformen en estructuras encadenadas con capacidad de agregar valor a través de alta productividad y altos salarios” y agregó que, “en segundo lugar, el Estado tiene que dar respuestas a una demanda creciente de calidad en los servicios básicos esenciales para asegurar acceso masivo y calidad creciente en el tiempo porque esto es fundamental para el logro de una sociedad más inclusiva”.
La diputada Elda Pértile observó que “esta iniciativa presentada por el diputado Aguilar ha sido trabajada también en el seno de las comisiones y es el reflejo de los aportes que se hacen desde la Legislatura chaqueña a este proceso de transformación al que estamos asistiendo en nuestro Estado Provincial y que el Gobernador resume en su libro ‘Mas estado, Mejor Estado’”. Sostuvo que “no basta con dar cumplimiento a lo que nos norma la Ley de Administración Financiera sobre eficacia, eficiencia, equilibrio, equidad; para poder dar cumplimento a estos objetivos desde el Estado se hace necesario poder organizarlo de tal manera que los servicios al ciudadano cada vez sean mejores y satisfagan mas las necesidades y urgencias de toda sociedad”. Aseguró que esta norma tiene por objetivo final que “no solo la organización en si, sino el servicio al ciudadano que priorice el interés general y el bienestar común del ser humano”.
El diputado Carlos Martínez, por su parte, acompañó la iniciativa y destacó que “había sido planteada originalmente como la creación de una carrera por ley, y eso fue modificado en el sentido de crear el cuerpo de administradores de gobierno, y otras modificaciones que se fueron realizando como parte de los aportes que contribuyeron al mejoramiento de la iniciativa, eso es lo importante”
Luis Verdún, sostuvo que “es una iniciativa superadora que tiende a mejorar los perfiles de aquellos empleados de carrera administrativa gubernamental para ocupar cargos de conducción con estándares de idoneidad y profesionalidad” y agregó que “creo que esto tiene que ver con una visión de organización del Estado, un Estado competente pero también de un Estado que a través de estos concursos respete la carrera administrativa y dé posibilidad y oportunidad a aquellos trabajadores de carrera dentro del sistema público provincial”.
Aclaró, sin embargo, “que es algo que se debe tomar con mucha responsabilidad desde el Estado, hay carreras administrativas que los mismos empleados de esta gestión están reclamando, con lo cual yo creo que es indudable y se hace indispensable que a través de un concurso de esta naturaleza también se regularice esa situación, esto también tiene que ver con la precarización laboral”.
La diputada Mirta Morel, por su parte, sostuvo que “está en el consentimiento de los que integramos este Cuerpo, el absoluto convencimiento de que a través de la calificación del personal se optimiza el funcionamiento de las distintas áreas de gobierno; desde este punto de vista, esta norma tiene una relevancia manifiesta”.
Formuló, sin embargo, una serie de consideraciones, “primero, que hay una ley de fondo que establece el estatuto escalafón del personal del sector público de la administración central, y en segundo término, la Ley 2018 que regula puntualmente para los directores”, cuestionó además, que se designe a la Escuela de Gobierno como evaluadora de la validez de los títulos para concursar ya que “conforme al artículo 46 de la Ley de Educación Superior, el único organismo público nacional de evaluación y acreditación universitaria es la CONEAU, que depende del Ministerio de Educación de la Nación”.
“Lo que quiero destacar” aclaró, “no es mi no coincidencia con la iniciativa, porque todo lo que tienda a mejorar la calidad de los recursos humanos es bienvenido, pero creo que estamos violentando los derechos de muchos empleados públicos al poner como condición el hecho de acreditar una maestría que le va a demandar tiempo, y donde en la misma ley de fondo establece que el Estado debe ocuparse de su capacitación”.
El diputado Daniel Trabalón manifestó que “desde el Frente Grande, entendemos que esta iniciativa legislativa tiene como objetivo central tomar una de las deudas pendientes que tiene la política, que tiene que ver con la reforma del Estado” y señaló que “este proyecto presentado, que hoy tiene despacho, tuvo modificaciones importantes; algunos cuestionamientos que habíamos hecho era que tenía que darse esa reforma del Estado y teníamos que sancionar una Ley que primero esté en el marco de la Constitución Provincial y que respete lo que tiene que ver con el concurso de antecedentes y oposición, que plantee la cuestión del derecho de los trabajadores, con respecto a la estabilidad laboral”.
“Un aspecto que sí toca puntualmente este proyecto” observó, “es lo que tiene que ver con la capacitación en lo que hace a los cuadros superiores de gobierno, y en este sentido, plantea cuestiones importantes, como la creación de este cuerpo de administradores de gobierno, cargos jerárquicos de dirección”. Sostuvo que “con esto decimos ‘reformemos el Estado, capacitemos al personal y que ese personal capacitado ocupe esos cargos directivos importantes’; y en esto hay una apuesta central del Gobierno que tiene que ver con las Becas Chaco Siglo XXI; hay un recurso económico que da clara cuenta de esa decisión política de avanzar en la capacitación”.
“Si el Estado tiene decisión política e invierte para capacitar” observó, “es lógico que ese recurso humano vuelva al Estado y genere desde el trabajo una devolución a esa decisión política, lo cual nos parece importante”. Aclaró, sin embargo, que “nos parece importante que saldemos algunas cuestiones que a nuestro entender hace falta discutir, algunos aspectos que tienen que ver por ejemplo con los requisitos del concurso y con las condiciones actuales que hacen a la carrera de los trabajadores en el marco del gobierno provincial, en el marco de los derechos vigentes”.