Acorralan a los criollos en sus posesiones - EsChaco.com - Resistencia

PROPIEDAD COMUNITARIA MEGUESOXOCHI

Martes, 12 de noviembre de 2013

Acorralan a los criollos en sus posesiones

Resolución obliga a los criollos a suspender inmediatamente la colocación de postes y de alambrados en los campos donde viven y trabajan desde hace décadas.

Zenón Cuellar, presidente de la Asociación Meguesoxochi -que es la titular de la propiedad comunitaria de las 140 mil hectáreas ubicadas en el Interfluvio Teuco-bermejito- logró que la Dra. Gladiz Beatriz Regosky, a cargo del juzgado del menor de edad y la familia de J.J. Castelli, dictara la resolución.

Finalmente, la resolución judicial dispuso que los criollos que no realicen ningún acto que pudiera turbar la posesión de las tierras correspondientes a la Parcela 409, que comprende las 140 mil hectáreas de la propiedad comunitaria indígena de la Megue.

La pesadilla de los criollos

Las familias criollas radicadas en el Interfluvio ocuparon las tierras hace muchas décadas. La mayoría llegaron desde Salta, viniendo de a caballo a través del monte. Se fueron estableciendo en los campos y se dedicaron a la cría de ganado como pequeños productores. Criaron sus hijos, sus nietos y bisnietos, muchos de los cuales continúan viviendo en esas tierras. Vinieron para quedarse. Se arraigaron en el lugar. Son históricos poseedores de buena fe de la tierra donde viven y trabajan con el legítimo sentimiento de ser los propietarios, aunque no ignoran que los dueños originarios fueron las comunidades indígenas.

Durante la gobernación de Ángel Rozas se sancionó una ley provincial por medio de la cual se cedieron 140 mil hectáreas a la Asociación Meguesoxochi. La decisión fue aplaudida y justa, salvo que no se contempló apropiadamente la situación de las posesiones criollos dentro de ese territorio. Se estableció, como única solución, la relocalización de tales familias campesinas que deberían abandonas sus tierras y ser llevadas a otros campos. Pasaron los años y fue fracasando el proceso de relocalización, tanto para los que aceptaron la prepuesta del gobierno, como para aquellos que defendían sus posiciones argumentando que sus abuelos y sus padres eran dueños de los campos.

La antigua buena relación que existía entre criollos e indígenas se fue resquebrajando. La influencia de algunos sectores y dirigentes políticos y de varios factores económicos gradualmente tensaron la convivencia. Finalmente, todo quedó claro cuando aparecieron los “barones de las motocierras”, o sea los explotadores forestales, quienes desde hace mucho tiempo aspiraban a sacar los grandes algarrobos de los montes centenarios del Interfluvio. Conocidos productores forestales, caracterizados por sus voracidades, con el acompañamiento de algunos dirigentes políticos, profundizaron la crisis de convivencia entre ciertosdirigentes de las comunidades indígenas y las familias criollas. Para avanzar en la estrategia de la confrontación utilizaron la Dirección de Bosques, que comenzó a disparar permisos para explotar el monte de algarrobo en el territorio de la propiedad comunitaria. En algunos casos, tales permisos hasta comprendían arboles que estaban en los patios de los criollos, quienes conviven entre ellos y las familias indígenas a campo abierto, o sea sin alambrado perimetral. Les fueron sacando los algarrobos y, de ese modo, el insumo más importante que utilizan para la cría de sus ganados. Le sacaron las algarrobas. Se sumaban la falta de pastos y de aguas por las largas sequías que recurrentemente azotan a ese territorio, de manera que la supervivencia se tornaba cada vez más difícil.

Ahora llegó la pesadilla de la mano de una decisión judicial. A la cumbre de la explotación forestal en la Megue, con nuevos permisos que la Dirección de Bosques entregará próximamente, se suma ahora una fuerte atropellada judicial. La resolución dictada significa -lisa y llanamente- un impedimento casi completo para que las familias criollas continúen trabajando y ejerciendo sus legítimos derechos en sus históricas posesiones. La orden judicial viene bajando sobre estas familias campesinas como una especie de tsunami, quizás hasta ahogarlos ante la prepotencia de los intereses económicos y políticos.

El día de las posesiones rotas

Si algo les faltaba a los criollos del Interfluvio era una orden judicial que impide casi todas las actividades naturales que realiza cualquier poseedor de buena fe sobre la tierra que habita y en la que trabaja. Es increíble que se haya dispuesto lo que se ordenó judicialmente si tomamosen cuenta que la Asociación Megue, que es la titular de dominio, no recibió la posesión de la totalidad del territorio, o sea las 140 mil hectáreas, dado que varias porciones estaban ocupadas por familias criollas desde muchas décadas atrás. Por lo tanto, si no recibieron la posesión no se entiende las razones por las cuales el poder judicial de J.J Castelli ordena a los criollos que no deben realizar actividades que signifiquen la turbación de la posesión de las tierras de la propiedad comunidad. En definitiva, se aplican a los criollos los mazazos finales para que abandonen sus posesiones históricas. Se los hostiga de todas las formas y maneras, esta vez a través de la justicia. Les están cerrando todos los caminos. La razón final es generar riqueza para un pocos, para favorecer a ciertos productores forestales y políticos y un número reducido de dirigentes indígenas a través de la explotación del monte, especialmente del algarrobo que queda, lo que constituye una trágica paradoja puesto que cuando se creó la propiedad comunitaria se argumentó a favor de la preservación del ecosistema del lugar y la convivencia de las comunidades indígenas en sus escenarios naturales y ancestrales.