Postergan el juicio por violencia institucional contra los policías por un cambio en la defensa - EsChaco.com - Resistencia

FAMILIARES RECLAMAN JUSTICIA

Martes, 22 de septiembre de 2026

Postergan el juicio por violencia institucional contra los policías por un cambio en la defensa

La Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia resolvió postergar el inicio del juicio oral y público contra los diez policías acusados por ejercer violencia institucional contra jóvenes qom del Barrio Banderas Argentinas de Fontana. La primera audiencia estaba pactada para este martes 22 de septiembre pero un cambio en la defensa de uno de los imputados provocó la postergación, la audiencia será el próximo 5 de octubre.

La resolución fue firmada electrónicamente por la jueza Dolly Roxana de los Ángeles Fernández y el secretario Germán Ezequiel Benseñor. La medida se tomó tras la presentación del nuevo defensor oficial del imputado, Cristian Festorazzi Verbek (Defensor Oficial N° 6), quien solicitó formalmente la suspensión del debate dada la proximidad de la fecha fijada originalmente.

No obstante, con el objetivo de evitar maniobras dilatorias, sustituciones de último momento o la incorporación sorpresiva de nuevos profesionales de la matrícula, el tribunal intimó a los acusados y a sus abogados defensores a concurrir obligatoriamente a la sede judicial este martes.

EL HECHO
Los diez agentes de la Policía del Chaco serán juzgados por violencia institucional, allanamiento ilegal, vejaciones agravadas y racismo ejercido contra adolescentes de la comunidad Qom en el Barrio Banderas Argentinas de Fontana. El hecho aconteció el 31 de mayo de 2020, en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID-19.

El tribunal encargado de impartir justicia en la Cámara Segunda en lo Criminal estará integrado por la jueza Dolly Fernández junto a sus pares Cristina Pisarello y Ernesto Azcona. El Comité para la Prevención de la Tortura interviene en la causa en rol de querellante institucional a través de Guillermo Cuellar.

La acusación no solo contempla el ingreso violento a la vivienda sin orden judicial, sino también las posteriores golpizas en la Comisaría Tercera de Fontana, acompañadas de insultos racistas graves.

En diálogo con EsChaco, Guillermo Cuellar, remarcó que las expresiones de odio no respondieron a un hecho aislado. “Las víctimas y quienes estuvieron presentes los escucharon desde el inicio del procedimiento y hasta el momento de la liberación expresiones como “indios de mierda”, “los vamos a matar” o “paisano de mierda” formaron parte del trato dispensado”, detalló el letrado.

La querella desarmará la justificación policial que intentó excusar el allanamiento alegando que personas arrojaban piedras y botellas contra la sede policial. El testimonio de un vecino acreditó haber entregado vidrios de su propia casa a los efectivos para que tomaran fotografías. Para sostener la acusación, la querella utilizará testimonios, registros en video e informes psicológicos realizados bajo el Protocolo de Estambul, que dan cuenta de cuadros de estrés postraumático grave en las víctimas.

CADENA DE MANDO
Los diez efectivos del personal policial llegan al banquillo con distintos grados de responsabilidad y tipificaciones penales:

Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González: Imputados por vejaciones agravadas.

Cristian Omar Benítez, Cristian Ariel Flores y Orlando Sergio Martín Cabrera: Imputados por allanamiento ilegal y vejaciones agravadas en concurso real.

Sebastián Alberto Vallejos: Imputado por vejaciones y falsedad ideológica agravada.

Cristian Eduardo Foschiatti: Enfrenta las acusaciones más severas por allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, falsedad ideológica agravada y detención ilegal, con una escala penal que podría alcanzar los 19 años de prisión.

Claudia Beatriz Lucena: En su rol de jefa de la comisaría, responde por detención ilegal y encubrimiento agravado.

Cuellar remarcó que la prueba documental y testimonial acumulada en la investigación penal preparatoria reconstruye la cadena de mando con precisión. “La prueba reunida en la investigación penal preparatoria permite probar cada una de esas responsabilidades de los agentes policiales”, afirmó.

En ese sentido, detalló que los videos de las cámaras de seguridad de la Comisaría Tercera muestran quién golpea, quién ingresa al cuarto oscuro, quién sale, quién cachetea y quién patea; mientras que el video grabado por Sara Fernández registra el ingreso violento al domicilio de las víctimas en el barrio Dos Banderas. Por otra parte, “las actas de desgrabación realizadas en el Órgano de Control Institucional contienen los reconocimientos efectuados por otros policías respecto de Cabrera, Benítez, Foschiatti, Flores, Latorre y González, posteriormente ratificados bajo juramento en sede judicial; también se cuenta con los libros de novedades y del llavero, que confirman qué personal estaba de servicio esa noche, y con los informes médicos que acreditan el estado en que salieron las víctimas”, marcó Cuellar.

Para el letrado querellante “la cadena de mando aparece con claridad”. “Lucena era la jefa de la comisaría, estaba presente, no denunció los hechos, no comunicó la detención de la menor y solo ordenó que cesaran las agresiones. Foschiatti, como instructor, labró el acta falsa y no comunicó la situación de Daiana. Vallejos fue secretario de esa acta. La estrategia consiste en reconstruir la cadena con prueba objetiva y con los propios dichos de los policías que reconocieron a sus compañeros”, indicó.

RECLAMO DE JUSTICIA
Tras más de seis años de ocurridos los hechos y con postergaciones judiciales sufridas en octubre de 2025 y junio de 2026 por cruces de agenda y licencias, las víctimas y la comunidad indígena buscan un cierre con condenas efectivas. Durante este proceso, se denunciaron situaciones de hostigamiento contra familiares de las víctimas por parte de allegados a los imputados.

"Reclaman justicia no solo para sí mismas, sino para toda la comunidad Qom. Esperan que el debate se realice sin más dilaciones y que la Justicia condene a cada imputado según su responsabilidad. También esperan que se visibilice lo ocurrido, que se juzgue la tortura, la discriminación y el abuso de poder, y que la condena sirva para que estas situaciones no vuelvan a repetirse. La expectativa es que haya justicia real, con condena y reparación para las víctimas", concluyó Cuellar.