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Viernes, 11 de septiembre de 2026

Nuevas objeciones técnicas al proyecto del gobierno para el tercer acceso a Resistencia

La geógrafa Celmira Rey cuestionó el Estudio de Impacto Ambiental por falta de datos, ausencia de planos y escasa participación ciudadana; se suma a las advertencias de otros especialistas.

La iniciativa oficial para un nuevo acceso a Resistencia acumula cuestionamientos. A las objeciones iniciales del geólogo Ramón Vargas y de la Fundación Encuentro por la Vida se agregó la mirada de la doctora Celmira Rey, co-coordinadora del GEMIST y directora del Doctorado en Geografía de la UNNE, quien presentó observaciones formales en la consulta pública que el gobierno convocó y nunca respondió.

Rey centró su análisis en el "Análisis de antecedentes viales y ambientales" del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Señaló que los argumentos sobre los riesgos socioambientales para la población del Gran Resistencia, en especial la que reside en el área de implantación de las obras, son escasos. Advirtió que se habla de "un nuevo acceso vehicular" sin plantear el binomio inseparable calzada/vereda, que debe contemplar a todos los usuarios de la vía pública.

Cuestionó que no se identifiquen datos estadísticos sobre los flujos de tránsito ni las condiciones de transitabilidad de los accesos existentes: dos directos por las avenidas Sarmiento y Sabin, y dos indirectos por Barranqueras y la ruta 11. Tampoco hay informes de expertos viales que expliquen el embotellamiento que solo se produce en la intersección semaforizada de Sarmiento y Combate de Obligado, atribuible quizás a la falta de sincronización de semáforos, resoluble con una planificación de movilidad segura y accesible.

Observó la ausencia de planimetría sobre cómo se uniría la avenida propuesta con la autovía Nicolás Avellaneda y con Combate de Obligado, y la falta de documentación de base sobre los tres puentes previstos. También criticó la escasa participación ciudadana y la falta de consulta a organismos como el Instituto de Geografía de la UNNE.

Recordó que el Acuerdo Regional de Escazú exige participación real en la toma de decisiones, no la mera puesta a consideración de información. A esto se suma que Vargas denunció la falta de aprobación final de la APA y de Vialidad Nacional, y que el propio Zdero admitió que el proyecto está en etapa de factibilidad ante Fonplata, sin financiamiento asegurado ni plazos de ejecución. Para los especialistas, la documentación no alcanza para tomar decisiones adecuadas sobre una obra de semejante impacto.