¿Por qué la Justicia se resiste a aplicar el Índice de Crianza como un piso mínimo de protección? - EsChaco.com - Resistencia

DERECHOS DE LAS INFANCIAS

Martes, 30 de junio de 2026

¿Por qué la Justicia se resiste a aplicar el Índice de Crianza como un piso mínimo de protección?

Escribe Pame Soto para Eschaco - El Índice de Crianza del INDEC es una referencia oficial que mide el costo mensual mínimo para criar a niñas, niños y adolescentes. Incluye dos componentes fundamentales: el costo de bienes y servicios (alimento, vestimenta, salud, educación, transporte) y el costo del tiempo de cuidado.

La abogada especialista en niñez y familia, Estefanía Galeano, analizó con EsChaco cómo impactan las sentencias de cuotas alimentarias en las familias monoparentales chaqueñas y qué importancia tiene este Índice de Crianza.

En junio, anunciaron los valores de mayo, los cuales se incrementaron un 2% aproximadamente. Para menores de 1 año el costo de la canasta fue de $520.569, para niños de 1 a 3 años $620.125, de 4 a 5 años $529.756; y de 6 a 12 años $665.950.

RESPONDER A NECESIDADES
Para Estefanía Galeano, el Índice de Crianza del INDEC nació para responder a una necesidad histórica: cuantificar de manera objetiva cuánto cuesta criar a un niño o una niña y brindarles a los jueces y juezas herramientas concretas para fijar las cuotas alimentarias.

En la provincia del Chaco su implementación todavía es reciente. “Muchos juzgados continúan tomando como parámetro el Salario Mínimo, Vital y Móvil y, en otros casos, se utiliza el Índice de Crianza elaborado por la DIPIET (Dirección Provincial de Información Estadística y Territorial). Este último, es un índice propio de la provincia”, detalló. “Es algo positivo, porque reconoce que los costos de crianza varían según la realidad económica de cada provincia y que no es lo mismo criar en el AMBA que en el norte argentino. Sin embargo, ese índice también presenta limitaciones importantes, porque los montos que establece siguen estando muy por debajo de los gastos reales de crianza”, explicó Galeano.

Según el informe de la DIPIET, la canasta de crianza en la provincia tuvo una variación de entre el 1,3% y el 2,0% en el mes de mayo. Estos incrementos se ubicaron por debajo de la inflación del mismo período para el Gran Resistencia, la cual alcanzó el 3,5%. Esto implicó que en Chaco, criar a un niño menor de 1 año costó $514.938,09, mientras que para el tramo de niños y niñas de 1 a 3 años el valor alcanzó los $612.907,41. En tanto, el costo mensual para los niños de 4 a 5 años se ubicó en $537.788,38 y para la franja de 6 a 12 años trepó a $674.726,92.

“En la práctica, pareciera que el índice provincial está pensado para determinar un umbral de subsistencia y evitar situaciones de indigencia, aunque ello nunca se explicita de manera expresa. Pero las cuotas alimentarias no deberían garantizar únicamente que un niño no sea indigente; deberían asegurarle una vida digna y un desarrollo integral”, advierte la especialista de acuerdo a los casos que lleva adelante.

Por otra parte, asegura que todavía existe un desafío hacia el interior de la profesión, ya que muchos letrados “desconocen la existencia y el alcance de estas herramientas”; y es por eso que, para ella “la verdadera implementación requiere un cambio de paradigma tanto en la Justicia como en el ejercicio profesional”.

Consultada sobre si hay resistencia de los jueces en aplicar el Índice de Crianza para calcular montos de cuotas alimentarias, Galeando advierte que si, y que “responde a una mirada todavía muy arraigada en nuestro sistema judicial”. “Muchas veces se sigue priorizando cuánto puede pagar el progenitor antes que cuánto necesita un niño o una niña para vivir dignamente. El Índice de Crianza debería ser un piso mínimo de protección y no una referencia optativa”, señaló.

LA DEMORA NO GARANTIZA DERECHOS
En Argentina, existen alrededor de 1.600.000 hogares monomarentales, de los cuales el 84% están encabezados por mujeres. Es cierto también que es histórica la desigualdad económica entre hombres y mujeres, éstas últimas tienen menos posibilidad de acceder a empleos registrados y bien pagos. Se complica aún más para aquellas mujeres que crían y sostienen solas hogares con hijos a cargo. Según Estefanía Galeano, de un tiempo a esta parte, cuando el progenitor tiene un empleo registrado, las cuotas alimentarias provisorias suelen funcionar razonablemente bien porque es posible ordenar descuentos directos sobre sus haberes.

En perspectiva, “el gran problema está en los trabajadores informales o en quienes directamente se sustraen de sus responsabilidades. Allí la burocracia judicial se vuelve especialmente gravosa. Llegar a las sanciones, a las medidas compulsivas o al reclamo a familiares obligados puede demorar años. Y esa demora no es neutra”, indica.

En ese contexto, los niños y adolescentes son los que pierden derechos y calidad de vida, inclusiva su acceso a la alimentación digna, vivienda, educación -derechos básicos universales- se ponen en riesgo cuando una mujer madre sostiene sola el hogar. “Cada día que pasa sin alimentos es un día en el que una madre tiene que endeudarse, resignar sus propios ingresos o asumir sola la totalidad de la crianza. La lentitud de la Justicia termina trasladando el costo de la ineficiencia estatal a las mujeres y a las infancias. Necesitamos procesos más ágiles y una Justicia que entienda que los alimentos no pueden esperar porque las necesidades de un/a niño/a tampoco esperan”, afirma.

Asimismo, en oportunidades, en esas cuotas alimentarias solo se tienen en cuenta los gastos que tienen las mujeres madres por criar a sus hijos, pero en ese criar solo se reconoce alimentos, alquiler, servicios, indumentaria, educación y no las tareas de cuidado -que en oportunidades- requiere dedicación permanente. El informe la DIPIET de mayo indicó que en Chaco el costo de las tareas de cuidado demandó unos $331.887,60 para niños menores a 1 año; y $302.389,08 para niños de entre 6 y 12 años. En oportunidades, las cuotas alimentarias fijadas por la Justicia chaqueña no superan los $300.000.

Para Galeano, una de las trabas que tienen las mujeres es que en los expedientes se exige a las madres que acrediten cada gasto mediante recibos, testigos y documentación. “En las sentencias rara vez se reflejan los gastos reales de crianza y prácticamente nunca se cuantifica el valor económico del cuidado”, asegura.

En Argentina, las mujeres sufren tasas de pobreza más altas y severas que los varones. Aproximadamente el 63% de las personas con menores ingresos son mujeres y, esa desigualdad, se agudiza en la edad reproductiva ya que la brecha alcanza al 10% debido a la sobrecarga de tareas de cuidados.

“La consecuencia es que las cuotas alimentarias nacen desactualizadas e insuficientes, y son las mujeres quienes terminan cubriendo la diferencia con su propio trabajo, su tiempo y sus ingresos. Por eso el problema alimentario no es solamente económico: es también una cuestión de género y de distribución desigual de los cuidados. Mientras la Justicia siga fijando cuotas pensadas para la mera subsistencia y continúe invisibilizando el trabajo de cuidado, seguiremos reproduciendo la feminización de la pobreza y vulnerando el derecho de niños y niñas a una vida verdaderamente digna”, concluyó Galeano.