Martes, 26 de Mayo de 2026
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El BNDG es irremplazable para la restitución de identidades
Martes, 26 de mayo de 2026
La Justicia ordenó al Gobierno medidas urgentes para garantizar la continuidad del Banco Genético de Datos
La Justicia Federal de La Plata ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que asegure el presupuesto necesario para el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, ante la crisis económica que amenaza la preservación de muestras biológicas y la continuidad de pericias clave en causas de lesa humanidad. En paralelo, Abuelas de Plaza de Mayo se presentó para reforzar la urgencia.


El Juzgado Federal N°1 de La Plata dictó una medida cautelar para que el Gobierno de Javier Milei asegure de forma inmediata el normal funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo clave en la restitución de identidades y en los juicios por delitos de lesa humanidad.

El BNDG creado en 1987 está en riesgo por falta de presupuesto. La reciente decisión del Juzgado se tomó tras un pedido del Ministerio Público Fiscal, que advirtió sobre la crisis presupuestaria y administrativa que atraviesa el organismo y que amenaza con la paralización de servicios esenciales como limpieza, seguridad, mantenimiento edilicio y preservación de muestras biológicas.

Según las notas oficiales del banco genético, el presupuesto aprobado para 2026 cubre apenas el 55,96% de lo solicitado, lo que compromete la cadena de custodia y la validez de las pericias genéticas.

La resolución del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak obliga entonces al Jefe de Gabinete Manuel Adorni y al Ministro de Justicia a disponer recursos y medidas urgentes para garantizar la operatividad del BNDG y preservar el Archivo Nacional de Datos Genéticos. Además, se les requirió informes sobre el interés público comprometido y la responsabilidad estatal en caso de incumplimiento.

En paralelo, Abuelas de Plaza de Mayo se presentó como querellante para reforzar la urgencia de la medida. La asociación señaló que "cualquier interrupción del Banco afectaría pruebas irreemplazables y comprometería las obligaciones internacionales de Argentina en materia de verdad, identidad y justicia".

La resolución marca un paso necesario y decisivo para evitar la paralización de un organismo que, desde hace casi cuatro décadas, funciona como herramienta fundamental en la búsqueda de personas apropiadas durante la dictadura y en la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado.


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