Martes, 26 de Mayo de 2026
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“Señores jueces, que Milei cumpla la ley”
Martes, 26 de mayo de 2026
Universidades vuelven a las calles con clases abiertas para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento
Docentes, estudiantes y autoridades universitarias realizarán una jornada frente a Tribunales para reclamar la implementación de la norma aprobada por el Congreso y denunciar el impacto del ajuste sobre el sistema educativo.

La comunidad universitaria volverá a movilizarse este martes con una jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales para reclamar la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazar el ajuste presupuestario del Gobierno sobre las casas de estudio.

La actividad se desarrollará entre las 11 y las 17 bajo la consigna “Señores jueces, que Milei cumpla la ley”, y contará con la participación de docentes, estudiantes, autoridades académicas y referentes políticos y sindicales vinculados al ámbito universitario.

La iniciativa surge luego de la multitudinaria movilización realizada semanas atrás y busca mantener visible el reclamo por mayores recursos para las universidades nacionales. Durante la jornada, profesores brindarán clases abiertas con el objetivo de exponer las dificultades que, según denuncian desde el sector, atraviesa el sistema universitario debido a los recortes presupuestarios.

Entre los principales puntos señalados aparecen el deterioro salarial de los trabajadores, el impacto sobre las becas estudiantiles, la situación de la investigación científica y las complicaciones para el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

A partir de las 15 participarán distintas figuras vinculadas al ámbito académico y político, entre ellas la abogada laboralista y docente universitaria Natalia Salvo, los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman y el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi.


El conflicto por el financiamiento universitario mantiene abierto un frente entre las universidades y la administración de Javier Milei. Desde el Ejecutivo sostienen que la aplicación de la ley compromete el objetivo de equilibrio fiscal y remarcan que la normativa no establece una fuente específica de recursos para afrontar los incrementos presupuestarios y salariales.

En ese contexto, el Gobierno avanzó con medidas para frenar su implementación y apeló resoluciones judiciales adversas. Paralelamente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantiene la disputa en el plano judicial y elevó un planteo ante la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre el tema.


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