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Miércoles, 22 de abril de 2026

Crisis en discapacidad: masiva marcha en contra de la nueva ley impulsada por el Gobierno

Asociaciones, profesionales y familiares se congregaron frente al Ministerio de Salud en reclamo de los fuertes recortes y ajustes en el sector. A su vez, exigieron el cumplimiento de la legislación aprobada por ambas cámaras en el Congreso. "Mis hijas están sin terapia, no tienen nada", aseguró a C5N una madre afectada.

Familiares, asociaciones y profesionales del sector de discapacidad llevaron a cabo este miércoles un masiva marcha frente al Ministerio de Salud en contra del ajuste, los recortes y la nueva ley impulsada por el Gobierno, que introduce cambios en la legislación vigente, al modificar el financiamiento de las prestaciones y eliminar derechos de trabajadores. "Mis hijas están sin terapia, no tienen nada", aseguró a C5N una madre afectada.

El nuevo proyecto, titulado "Contra el fraude de pensiones por invalidez", ya fue enviado por el Ejecutivo a la Cámara Alta para intentar comenzar con el habitual tratamiento legislativo. En caso de lograr su aprobación, se modificará la actual Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793. A comienzos de año, la Justicia le había ordenado al Gobierno el cumplimiento efectivo de la norma, restablecer las pensiones por discapacidad suspendidas y aplicar la legislación vigente.

"Estamos reclamando esta situación de emergencia en discapacidad. Sinceramente esto es un desastre. La ley pasó dos veces por el Congreso, la vetaron, volvió a pasar y quedó firme. El Gobierno no solo que la puso en marcha sino que ahora nuevamente viene a embestir para seguir recortando derechos", señaló Javier Castro, un docente presente en la marcha, a la periodista de C5N Mariela López Brown.

Con carteles, los familiares afectados le pidieron al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Con carteles, los familiares afectados le pidieron al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En el mismo sentido, denunció: "Se quiere recortar el incremento que está en la ley por ajuste de inflación. Los transportistas están dejando de llevar a los chicos. Las instituciones no pueden hacer frente porque les están pagando $28 mil por mes. La situación es insostenible. Es una vergüenza. Mis estudiantes me están ayudando a juntar pañales para donar".

Por su parte, Luana, mamá de un menor con discapacidad, relató la dramática situación que atraviesa por el no cumplimiento de la normativa. "Estoy luchando y apoyando esta causa porque peligra todo, la continuidad de los colegios especiales, las terapias, el nomenclador. Nos dejan a la deriva. Es una vergüenza".

"Le están vulnerando todos los derechos a mi hijo. No hay que pensar en lo individual. Esto es algo que ganamos entre todos y no tenemos que perderlo. Quieren destruir el sistema", completó la mujer a C5N.

El eje central de la ley está en el empadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones por discapacidad. Los destinatarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. De no hacerlo, la pensión sería suspendida de forma automática.

La norma contempla que "el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio".

Aún cumpliendo ese paso, la información proporcionada será fiscalizada a partir de un cruce de datos con ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. Ante casos dudosos, suspenderán igual la pensión de forma "preventiva".

A su vez, la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793 la dejaría sin efecto y retrotraería la situación a meses atrás. El Gobierno ya no tendría la obligación de aplicarla y cumplirla.

El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.

En cuanto a los montos, ata su evolución al haber mínimo jubilatorio y, en el caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustan trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se incorpora una compensación de emergencia vinculada también al IPC para prestadores. Con la ley todavía vigente, la actualización estaba atada al IPC y se realizaba de forma mensual.

De forma regresiva, el proyecto establece la "incompatibilidad absoluta" de las pensiones con cualquier trabajo formal o inscripción en regímenes laborales. Así que las personas con discapacidad que trabajen de forma registrada perderán su pensión. Además de eliminar los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.

Además, el texto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. De esta manera, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.