A 50 años de la última dictadura, los juicios a los represores continúan a contrarreloj biológico - EsChaco.com - Resistencia

El reloj biológico corre para todos, incluso para la Justicia

Martes, 24 de marzo de 2026

A 50 años de la última dictadura, los juicios a los represores continúan a contrarreloj biológico

Tras 20 años de la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, hay 12 en curso en todo el país. Por qué seguir juzgando, qué dilata las sentencias y qué hacer frente al paso del tiempo.

Luciano Acuña
Los responsables por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura presencian los juicios, en su gran mayoría, a través de una pantalla desde su casa. Allí también, tranquilos y rodeados de sus familias, esperan la muerte. Ellos ya tienen más de 70 años y los bebés que arrancaron de sus madres empiezan a cumplir 50. El reloj biológico corre para todos, incluso para la Justicia.

"Tenés varias maneras de oponerte al desarrollo de los juicios y uno es este: las dilaciones", explicó la abogada Guadalupe Godoy a C5N. Hace más de 20 años que se desempeña como querella en los juicios por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Buenos Aires.

"Recursos hay, a veces es una cuestión de voluntad y de las agendas de los jueces y las juezas", advirtió la fiscal de tres juicios en curso en el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata Ana Oberlin, quien también se involucró en las causas de lesa humanidad tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003.

De acuerdo a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, hay más personas "investigadas por delitos de lesa humanidad" muertas que condenadas. Desde 2006, cuando comenzó el segundo ciclo de juzgamiento a los responsables de la última dictadura, murieron 1.257 de esas personas investigadas, 1.231 continúan vivas y condenadas, mientras que 1.582 permanecen en libertad.

Lo que vuelve aún más urgente la resolución de los 13 juicios todavía en curso y el procesamiento de las 282 causas en la etapa de investigación preliminar.

"Cada vez que un imputado muere, más allá de que hasta ahora la realidad ha demostrado que siempre callan, es un impacto porque es un impacto a la esperanza de saber", definió la abogada que forma parte de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Según la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, los juicios de lesa humanidad, que tienen como imputados a personas de alrededor de 75 años, se extienden por un promedio de cuatro años, desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el fin de la etapa oral con la lectura de la sentencia.

Hay dos juicios de más de 10 años: Quinto Cuerpo del Ejército - Ayala, cuyo requerimiento de elevación a juicio se realizó en 2014 y la etapa oral comenzó en 2022; y 1 y 60, cuya etapa oral inició en 2023 cuando el requerimiento de elevación a juicio se hizo en 2015. Y la etapa de instrucción, que la subsecretaría no contabiliza, comenzó varios años antes.

Datos que la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia proporciona en la página web juiciosdelesahumanidad.ar
Datos que la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia proporciona en la página web juiciosdelesahumanidad.ar

En el juicio 1 y 60, que también incluye los crímenes cometidos en la Comisaría 8va y 2da, 15 de 34 imputados murieron y dos están incapacitados. "El otro día yo terminé de alegar y murió uno de los imputados en el juicio de 1 y 60", precisó la letrada sobre la carrera contra el tiempo judicial.

"Ese reloj biológico existe y no lo podemos negar porque es triste que se muera en su casa alguien que tendría que tener perpetua y está tranquilamente en su casa porque todavía no le llegó el juicio", lamentó la integrante del colectivo Nosotras en Libertad Berta Horen, quien pasó siete años detenida ilegalmente durante la última dictadura y 10 meses de libertad vigilada.

Al 12 de marzo de 2026, 425 personas detenidas por delitos de lesa humanidad se encuentran con prisión domiciliaria, 61 siguen en la Unidad Penitenciaria N°34 Campo de Mayo y 18 en otras unidades del servicio penitenciario.

Oberlin también fue fiscal del Juicio a las Brigadas de Quilmes, Banfield, Lanús y San Justo desarrollado entre 2020 y 2024, y repasó cómo disminuyeron los acusados en esa instancia judicial: "En la instrucción eran cerca de 50, llegamos con 20 y terminamos con 12 en la condena".

"También nos pasa con las personas que prestan testimonio. Es muy difícil cuando alguien luchó por muchos años para llegar a ese juicio y cuando llega el momento de declarar esa persona murió o no está en condiciones de hacerlo", remarcó la fiscal a C5N.

En la misma línea, Godoy advirtió: "Terminamos ofreciendo prueba sin saber quiénes van a llegar a ser testigos, sin saber qué es lo que vamos a terminar probando". Ambas hicieron hincapié en la importancia de un cronograma de audiencias que lleve certeza a los equipos que trabajan con los cientos de testigos que caracterizan estas causas.

Por qué demora la Justicia en condenar los crímenes contra la humanidad
"Tuvimos un juicio como Brigadas que lo hicimos en el triple de tiempo que Circuito Camps, ambos con jueces subrogantes", advirtió Godoy y apuntó: “Dejó de tener centralidad dentro de la escena judicial los juicios de lesa, es lógico. ¿Quién puede sostener un proceso histórico abierto 20 años?”.

El juicio que condenó los delitos cometidos por 10 represores contra 605 personas en las brigadas de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo duró cuatro años, mientras que Camps se extendió de 2011 a 2012 y contempló los crímenes cometidos en seis centros clandestinos de detención, tortura y exterminio por 23 represores contra 280 personas. La diferencia estuvo en la implementación de un cronograma fijo con dos audiencias por semana de una duración de hasta 12 horas cada una.

"Los juicios que hicimos generaron en el pueblo una sensación de Justicia y muchas de estas causas se perciben adicionales", se lamentó la abogada en relación al involucramiento de la sociedad en los juicios, uno de los elementos principales que fortalece o debilita al movimiento de derechos humanos.

"Es verdad que son casos complejos, pero que sean casos complejos no quiere decir que el tiempo sea el adecuado", reconoció la fiscal tras recordar que la Justicia federal "tarda mucho más". Sin embargo, sí identificó un problema que le genera mucho trabajo al recabar pruebas: "La política de persecución penal no fue consensuada entre quienes llevaron adelante el proceso". "Se dan muchos absurdos", señaló.

"Sin duda estos juicios son tardíos, fragmentarios, llegan mucho después del momento en que tendrían que haber llegado, están fragmentados de una manera muy particular dependiendo de la jurisdicción, es según la idea que tuvo el juez de instrucción en su momento… Por militancia o vinculados a centros clandestinos, hay causas que se hicieron por año y a lo mejor una persona que estuvo dos años y medio en ese centro tiene que declarar en tres juicios distintos", ejemplificó Oberlin sobre la falta de "consenso" entre jueces y juezas.

El paso del tiempo y la extensión de los juicios afecta también la reunión y la preservación de testimonios. La psicóloga social y activista travesti que declaró como testigo experta en el juicio Brigadas, Marlene Wayar, aseguró que "hace más de un año" trabaja para "guardar los testimonios de las compañeras en un formato audiovisual jurídico".

"Nos vamos a morir, pero si las futuras generaciones quieren hacer el juicio eso se puede usar", señaló Wayar en el acto Cuando la Memoria es Feminista y Diversa que se organizó en el Espacio de Memoria ex Pozo de Banfield. La profesional sugirió: "¿Por qué no nos dan el edificio central de la Policía en Ciudad de Buenos Aires como espacio de memoria? Por ahí hemos pasado todas".

Godoy coincidió en que "el propio campo popular tiene que ver las herramientas para dejar filmadas entrevistas" y encontrar la forma de "hacerlo de una manera más sistemática" y no solo en el ámbito judicial. Durante la etapa de instrucción de una causa se puede pedir "una declaración anticipada" por riesgos de salud y dejarla filmada para luego ser exhibida.

La disputa de sentido en los juicios de lesa humanidad y sus deudas
Sostener un proceso de juzgamiento de genocidas durante 20 años, en medio de crisis económicas recurrentes y con una pandemia en el medio, tampoco es poca cosa. Argentina es uno de los pocos países que juzgó a los militares que secuestraron, torturaron, violaron, saquearon y asesinaron a la población que habían jurado cuidar. Ni Alemania, ni España ni ningún otro país de Latinoamérica azotado por el Plan Cóndor llegaron tan lejos.

"Referenciar los juicios desde la fría estadística nos hace conspirar contra nuestros propios logros", consideró la abogada que hace más de 20 años pone el cuerpo por la memoria, la verdad y la justicia. Godoy lo llamó "optimismo tardío".

"Estos juicios no los podemos ver solamente en términos numéricos, en términos de cuántas condenas logramos, es un proceso histórico en el cual lo que hicimos fue disputar cuál es el sentido de la dictadura y desde ese punto de vista es una herramienta magnífica, de las más potentes contra las oleadas negacionistas", argumentó.

La fiscal también apuntó que el paso del tiempo no trae solo muerte para represores y testigos, sino que también sirvió para "investigar mejor". "Para algunos casos conseguimos más prueba en la actualidad, pudimos determinar las identidades de las personas que en ese momento tenían solamente alias", reveló Oberlin.

En el caso de los acusados muertos o incapacitados, las defensas y las fiscales pueden pedir "una declaración de verdad" para que "no se cierre la posibilidad de que las personas victimizadas tengan algún tipo de sentencia", explicó la integrante de la Unidad Fiscal Federal especializada en Delitos de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal.

"Para algunas personas que haya una sentencia que diga que tal persona y el Estado son responsables de haber hecho tal cosa a otras tiene un potencial reparador, pero para otras no", señaló la especialista jurídica.

En la misma línea, la expresa política Berta Horen consideró que "la reparación tiene que ser en términos integrales". "En la medida en que siga existiendo una visión estigmatizadora en relación a los dirigentes sociales, a los luchadores sociales… En la medida en que sigamos con esa mentalidad, la reparación integral no existe", se lamentó sentada a la derecha de Wayar en el acto organizado el Espacio de Memoria ex Pozo de Banfield.

Tanto en las causas en la etapa de investigación preliminar como las que están en debate, la cantidad de personas procesadas es de 292. En los expedientes en investigación hay 517 personas imputadas por fiscales, que aún no han sido intimadas, y otras 76 que fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal. Sin embargo, todavía faltan más.

Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense
Godoy advirtió que los criterios judiciales de la segunda etapa de los juicios los "entramparon" en las estructuras organizativas de los centros clandestinos. "Una suerte de ‘obediencia debida judicial’", definió y señaló que cuando se intentó ir más allá de las fuerzas de seguridad y militares hubo "resistencias".

Oberlin sumó varias responsabilidades más: "Jueces, juezas, personal de los juzgados, personal de los lugares vinculados a la niñez que participaron en temas de apropiación, empresarios y empresarias, curas, la Iglesia". "No son cómplices, son autores y en muchos casos ideólogos", alertó.

Además, si todas las personas que sufrieron terrorismo de Estado hace 50 años todavía están atravesando procesos jurídicos para que el Poder Judicial reconozca que vivieron esa violencia, queda aún más atrasado el juzgamiento de la violencia ejercida sobre mujeres y personas trans-travestis en ese marco.

"Hay grupos de personas victimizadas mucho más relegadas en el abordaje judicial como las personas trans-travestis, las violencias diferenciales a las mujeres cis y las violencias específicas sobre niños y niñas", enumeró la fiscal.

El juicio Brigadas fue el primero que incluyó como testigos a personas trans-travestis y que reconoció violencia específica contra ellas, con un promedio de vida de 35 años, que fueron violadas y reducidas a la servidumbre por represores, parte de esa historia se aborda en el libro El nunca más de las locas: resistencia y deseo en la última dictadura (2023) de Matías Máximo. Por otro lado, solo el 17% de las sentencias dictadas desde 2006 incluyó "violencias por medios sexuales" como delito contra mujeres detenidas ilegalmente en la última dictadura.

Los juicios por crímenes de lesa humanidad que continúan
Departamento de Informaciones D-2 a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza, integrado por Alejandro Piña, Alberto Carelli y Paula Marisi.
Comisaría 5° III a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso.
1 y 60 y Comisaría 8va a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Baso.
Operativo de la calle Corro a cargo del Tribunal Oral Federal N°7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.
Causa Ferrari a cargo del Tribunal Oral Federal de Neuquén, integrado por Alejandro Silva, Alejandro Cabral y Ernesto Sebastián.
Saint Amant IV a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de

Rosario, integrado por Román Lanzón, Eduardo Rodriguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario.
Mansión Seré IV a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín, integrado por María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Venditti.
Masacre del Pabellón Séptimo a cargo del Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Nicolás Toselli, Adriana Palliotti y Daniel Obligado.

Gonzalo "Chispa" Sánchez - ESMA a cargo del Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Germán Castelli.

Orletti - Pomar a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Adrián Federico Grünberg, José Antonio Michilini y Ricardo Ángel Basílico

Subzona 15 III a cargo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, integrado por Nicolás Toselli, Fernando Minguillón y Martín Poderti.
CNU II a cargo del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, integrado por Jorge Gorini, Fernando Minguillón y María Gabriela López Iñíguez.
Laguna Paiva residual a cargo del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano.
Para el juicio Megacausa Zona V a cargo del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, integrado por Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luís Foglia y Marcos Javier Aguerrido, se está esperando la fecha de publicación de los fundamentos de la sentencia.

Además, hay dos juicios suspendidos: ingenio La Fronterita en Tucumán y Caggiano-Tedesco III en Misiones. El primero se suspendió "hasta la resolución de la recusación de dos integrantes del tribunal y la determinación de la aptitud de los imputados para estar en juicio". Está a cargo del juicio el Tribunal Oral Federal de Tucumán, integrado por Cristina Edith Giordano, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl.

En el segundo caso, se está esperando "la producción de peritajes médicos pendientes sobre los acusados". El Tribunal Oral Federal de Posadas, integrado por Fermín Ceroleni, Víctor Alonso y Fabián Cardozo está a cargo de ese juicio.

Las audiencias de los juicios de lesa humanidad son orales y públicos. Las personas mayores de 18 años pueden participar presentando su DNI, para el caso que se pida la acreditación de identidad. Sino se pueden presenciar de forma virtual a través del canal de YouTube Poder Judicial de la Nación - Videoconferencias o, en la misma plataforma, a través del medio independiente La Retaguardia.