Martes, 17 de Febrero de 2026
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OTRA DESCOORDINACIÓN DEL GOBIERNO
Martes, 17 de febrero de 2026
Zdero ordenó votar la baja de imputabilidad, pero su propia tropa admite que las cárceles "no están preparadas" para menores
Mientras los cuatro diputados nacionales del gobernador acompañaron la ley que habilita a juzgar chicos de 14 años, la jefa del Servicio Penitenciario Provincial alertó que no hay infraestructura ni personal capacitado. La normativa se promulgaría en marzo, sin tiempo para obras.


Una contradicción más en el corazón del gobierno de Leandro Zdero expone los riesgos de una decisión tomada más para la tribuna que con la realidad en la mano. El gobernador alineó a sus cuatro diputados nacionales —Gerardo Cipolini, Guillermo Agüero, Carlos García y Mercedes Goitía— para votar a favor de la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años. Sin embargo, horas después de la media sanción, la propia alcaide general Erica Maidana, directora del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), admitió que el sistema chaqueño no está en condiciones de alojar menores.

"No tenemos la estructura para alojar de manera definitiva menores. No estamos preparados para alojar menores", sentenció Maidana en declaraciones radiales a FM Gualamba.

La funcionaria fue más allá: explicó que el personal penitenciario carece de formación específica para el trato con jóvenes en conflicto con la ley, una falencia crítica si se considera que la norma podría promulgarse en marzo, sin margen para obras ni capacitación.

El problema no es solo local. La ley aprobada en Diputados (149 votos a favor, 100 en contra) no garantiza financiamiento a las provincias para su implementación. El artículo sobre recursos apenas contempla "convenios" con la Nación, sin partidas específicas.

Gobernadores de todo el arco político protestaron: "No saben cómo financiarla", advirtió, por ejemplo, el misionero Oscar Herrera Ahuad. Zdero, por el momento, no se pronunció acerca del tema.

El mandatario chaqueño, que en 2025 selló su alianza con La Libertad Avanza, optó por buscar algún rédito político al apegarse a la “mano dura”. Pero el alerta de su propia jefa penitenciaria deja al descubierto una gestión que legisla sin planificar, empujando a la provincia a un escenario de riesgo institucional sin los recursos ni el tiempo para evitarlo.


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