Hay frases que, sin proponérselo, dicen más de un proyecto político que cien páginas de fundamentos. El senador chaqueño Juan Cruz Godoy, de La Libertad Avanza y aliado del gobernador Leandro Zdero y del presidente Javier Milei, logró una de esas definiciones involuntariamente sinceras al celebrar la reforma laboral porque —según sus propias palabras— “a partir de ahora, a un trabajador no se le reconoce su antigüedad y compite de igual a igual con un trabajador nuevo, al que se le puede pagar más barato”.
La frase es brutal no por exagerada, sino por transparente. En una sola oración se condensa la lógica central del proyecto: la igualdad no se alcanza ampliando derechos, sino eliminándolos. No se busca que el trabajador nuevo mejore sus condiciones, sino que el trabajador con años de experiencia pierda las suyas. Igualar, sí, pero hacia abajo.
Durante décadas, la antigüedad fue un principio básico del derecho laboral. No como privilegio, sino como reconocimiento al tiempo, a la experiencia, a la estabilidad y al aporte sostenido de una persona al proceso productivo. Quitar ese reconocimiento no es modernizar el sistema: es negar el valor del trabajo en el tiempo, como si veinte años de oficio fueran una carga y no un capital social.
El argumento de la “competencia de igual a igual” parte de una ficción conveniente: que empleadores y trabajadores negocian en condiciones simétricas. En la Argentina real —y especialmente en provincias como Chaco, con altos niveles de informalidad, salarios bajos y escaso poder de negociación— esa igualdad no existe. Cuando se elimina la antigüedad, no se empodera al trabajador joven: se abarata el costo del despido y se debilita a todos.
La sinceridad del senador Godoy también desnuda el corazón del modelo que impulsa el Gobierno nacional: el trabajo entendido exclusivamente como un costo a reducir. En ese esquema, la experiencia molesta, la estabilidad estorba y los derechos son “rigideces”. La persona deja de ser sujeto de derechos para convertirse en una variable de ajuste.
No es casual que este discurso se pronuncie mientras el Senado debate una reforma que también apunta a limitar la negociación colectiva, flexibilizar condiciones y reducir protecciones históricas. Tampoco es casual que genere rechazo en sindicatos y organizaciones sociales: cuando un proyecto necesita explicar como “bueno” que se pague menos por el mismo trabajo, algo no está funcionando.
Para Chaco, el impacto potencial es aún más delicado. En una provincia donde conseguir un empleo formal ya es difícil, esta lógica no promete más trabajo de calidad, sino más rotación, más inestabilidad y menos horizonte. La “igualdad” que propone la reforma no es la de oportunidades, sino la de precariedad compartida.
La frase de Godoy no fue un error comunicacional. Fue, quizás, el momento más honesto del debate. Dijo sin eufemismos lo que muchos defensores del proyecto prefieren disimular: que la reforma laboral no busca equilibrar la balanza entre capital y trabajo, sino inclinarla definitivamente hacia un solo lado.
Y cuando la política celebra que alguien pueda cobrar menos por el mismo trabajo, el problema ya no es semántico. Es profundamente político.