Jueves, 5 de Febrero de 2026
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El impacto económico de una iniciativa regresiva
Jueves, 5 de febrero de 2026
La reforma laboral generará pérdidas fiscales por USD 9.900 millones al año
Las mermas serán apenas menores al superávit comercial total anual. Una cifra coincidente con la meta sobre acumulación de reservas del Banco Central para 2026.



Por Mara Pedrazzoli para Página12

Las pérdidas son apenas menores al superávit comercial total anual. Una cifra coincidente con la meta sobre acumulación de reservas del Banco Central para 2026.
Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
05 de febrero de 2026 - 19:20
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El costo fiscal equivale al 1,5 por ciento del PBI.
La reforma laboral es regresiva en términos de los derechos para la clase trabajadora e incluye además una reforma tributaria, también regresiva. Ciertos artículos, como el vinculado a la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades y también la disminución de las contribuciones patronales, generan pérdidas estimadas en 2.000 millones de dólares al año cada una.

Una publicación reciente estima la pérdida fiscal en 9.900 millones de dólares si se aprueba la reforma tal como está redactada en el proyecto inicial. Poco menos que el superávit comercial de Argentina en un año, y un valor coincidente con la meta de acumulación de reservas del Banco Central para este 2026.

La reforma laboral será discutida en el Congreso, en el marco de las sesiones extraordinarias, el martes o miércoles de la semana próxima una vez que quede constituida la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Allí se espera la presencia de las organizaciones gremiales enmarcadas en la CGT y las CTA, dentro y fuera del edificio.


Costo fiscal

Uno de los puntos que la oposición pondrá sobre la mesa es el costo fiscal de la iniciativa, que ha sido analizado por diversos especialistas. Desde la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), el sindicato de trabajadores del ARCA, estimaron una pérdida equivalente 1,3 por ciento del PBI en materia de recaudación. Impulsada principalmente por la rebaja de contribuciones patronales, que desfinanciará sobre todo a la Anses, es decir a los jubilados y beneficiarios de la AUH.

Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que la reforma laboral tendría un costo fiscal equivalente al 1,5 por ciento del PBI, unos 9.907 millones de dólares anuales a valores corrientes. Medido en términos del producto, ese impacto resulta comparable con otras iniciativas legislativas: equivale a unas seis Leyes de Financiamiento Universitario, que el presidente Javier Milei vetó por considerar que ponían en riesgo el equilibrio fiscal.

En dólares, la magnitud también es elocuente: el costo de la reforma se acerca al superávit comercial de 2025, que fue de 11.300 millones, y también coincide con la meta de acumulación de reservas del Banco Central para este año.

La comparación vuelve a dejar en evidencia la doble vara del discurso oficial, que invoca la disciplina fiscal para frenar políticas sociales, pero relativiza su importancia cuando se trata de beneficiar al sector empresario.

Dos medidas tributarias, no vinculadas con la legislación laboral, son las que mayores costos generan. Por un lado, la actualización por inflación de los quebrantos, que según el Cepa insumirá 2.500 millones de dólares.

Cuando una empresa tiene un mal año y pierde dinero (tiene un “quebranto”), la ley le permite usar esa pérdida para pagar menos impuestos en los años siguientes (si gana plata en 2026, descuenta lo que perdió en 2025); esa pérdida pasará a actualizarse para que en la práctica no se pierda el beneficio.

Por otro lado, la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias para sociedades –las grandes pasarían de pagar 35 a 31,5 por ciento y las chicas del 30 a 27 por ciento- provocaría una pérdida de 2.300 millones de dólares en recaudación, que afectaría a la coparticipación de las provincias, lo cual generó una enorme polémica entre los gobernadores.

En tercer lugar, la reducción de 3 puntos en las contribuciones patronales –que pasarían de 20,4 a 17,4 por ciento para empleadores del rubro servicios y de 18 a 15 por ciento para el resto de los empleadores privados- se llevaría 2.070 millones de dólares. Mientras la compensación para la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) –que se financiará con 3 puntos de la masa salarial de las empresas, beneficiadas a su vez con una reducción de 3 puntos en las contribuciones patronales- insumiría unos 2.000 millones.

En conjunto, estas medidas configuran un fuerte desfinanciamiento del Estado, al resignar recursos fiscales por varios miles de millones de dólares sin garantías de una mejora sostenida en el empleo o la inversión.

La reforma laboral, presentada como un instrumento de modernización, termina operando como un amplio paquete de alivio tributario para el sector empresario que debilita la capacidad recaudatoria nacional y provincial, tensiona el equilibrio fiscal que el propio Gobierno dice defender y limita el margen de acción del Estado para sostener políticas públicas básicas.

Desde el Cepa sugieren que otra reforma laboral es posible. Y enumeran nueve propuestas para una actualización laboral moderna y progresiva: 1) paritarias libres sin ”cepo”, 2) actualización del salario mínimo vital y móvil, 3) cobertura por maternidad/paternidad y aguinaldo para monotributistas, 4) ampliación de derechos para los trabajadores de plataformas, 5) participación del salario en las ganancias empresarias (como contrapuesta al “salario dinámico”, 6) reducción progresiva de jornada laboral (a 40 horas semanales), 7) licencias parentales y marentales, 8) comités de seguridad e higiene y salud mental, 9) reducción de aportes para las pymes y otros pequeños actores que incrementen su nómina laboral.

Críticas desde todas partes

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social, que reúne a más de un centenar organizaciones del mundo laboral de toda Latinoamérica, advirtió que el proyecto de reforma laboral del gobierno “nada tiene de moderno” y subrayó que, de ser aprobado, llevará el derecho laboral “al siglo XIX”.

“Su aprobación nos retrotraerá al siglo XIX”, señaló la organización en un comunicado titulado “Un proyecto en contra de la clase trabajadora”, expresó la organización y anticipó que realizarán “acciones de resistencia a lo largo y lo ancho de todo el país”, reuniones con gobernadores y legisladores y denuncias en todas las instancias nacionales e internacionales".



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