Martes, 3 de Febrero de 2026
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JORNADA PROVINCIAL DE PROTESTA
Martes, 3 de febrero de 2026
Sindicatos estatales y docentes endurecen la protesta y denuncian ajuste salarial y crisis sanitaria en el Chaco

En el marco de una convocatoria provincial con movilizaciones en plazas de todo el Chaco, sindicatos de trabajadores estatales y del sector docente profundizaron sus reclamos contra el Gobierno provincial, denunciando una política de ajuste que impacta de manera directa en los salarios, las condiciones laborales y el acceso a la salud. Como parte de la jornada de lucha, las organizaciones presentaron duros petitorios tanto ante el Poder Ejecutivo como ante las autoridades del InSSSeP.

Por un lado, organizaciones sindicales de trabajadores estatales entregaron una nota formal dirigida al presidente del InSSSeP, Dr. Rafael Meneses, en la que expresaron una profunda preocupación por la crítica situación que atraviesa la obra social. En el documento advierten que el organismo se encuentra en uno de los momentos más delicados de su historia, con recortes en prestaciones y servicios que ponen en riesgo la salud y la vida de miles de afiliados.

Entre los puntos más graves, denuncian la quita de planes esenciales como el Plan Cardio y el Plan Diabetes, así como la eliminación “silenciosa” de medicamentos de alto costo del vademécum, dejando sin cobertura a pacientes con enfermedades crónicas y tratamientos complejos. También cuestionan el doble descuento aplicado a los trabajadores estatales para el Fondo de Alta Complejidad, una medida que —según sostienen— no resolvió la crisis financiera del InSSSeP y agravó aún más la situación asistencial.

En ese contexto, remarcan los reclamos de familiares de pacientes internados en el Hospital Italiano de Buenos Aires, quienes exigen la continuidad de tratamientos con los mismos equipos médicos, frente a la negativa del InSSSeP y la imposición de derivaciones a otros centros de salud. Los gremios reclaman además que la obra social haga valer su autarquía y autonomía para exigir los fondos que le corresponden al Ministerio de Economía de la Provincia y a la ANSES, denunciando demoras sistemáticas en la transferencia de recursos.

El reclamo sanitario se enlaza directamente con el escenario salarial que atraviesan los trabajadores estatales, marcado por congelamiento de ingresos, reducción del salario real y una pérdida del poder adquisitivo que estiman en más del 25%, como resultado de políticas de ajuste implementadas por el Gobierno provincial en sintonía con el Ejecutivo nacional.

En paralelo, en el marco de la misma jornada provincial de lucha, el arco gremial docente presentó un petitorio formal dirigido al gobernador Leandro Zdero, en el que denuncian el incumplimiento de la cláusula gatillo, el deterioro acelerado del salario docente y el vaciamiento progresivo de derechos laborales consagrados por ley.

El documento, ingresado el 3 de febrero en Casa de Gobierno, advierte que la suspensión unilateral de la cláusula gatillo —mecanismo que garantizaba la actualización salarial frente a la inflación— hundió los ingresos docentes al menos un 25% por debajo del índice inflacionario, en un contexto de aumento de aportes y pérdida sostenida del poder adquisitivo.

Desde las organizaciones gremiales sostienen que esta decisión no sólo es regresiva, sino que viola de manera directa el Estatuto del Docente, de rango constitucional. En particular, recuerdan que el artículo 47° de la Ley 647 E obliga al Estado provincial a garantizar la actualización del salario real a través de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, ámbito que el Ejecutivo se niega a convocar.

El petitorio docente también expone el impacto social del ajuste: endeudamiento generalizado, trabajadores que recurren a préstamos y adelantos para subsistir, salarios por debajo de la línea de pobreza y una situación crítica en la obra social del sector, agravada por el incremento de aportes y la caída de los ingresos. Según denuncian, esta combinación dejó a miles de afiliados del InSSSeP sin cobertura efectiva y sin respuestas ante situaciones graves de salud.

Las entidades gremiales cuestionaron además el aval político-institucional al recorte, en referencia al dictamen de la Procuración General que aconsejó declarar arbitraria la reinstalación de la cláusula gatillo. Para los sindicatos, se trata de una interpretación que desconoce deliberadamente una ley vigente, ignora años de conquistas colectivas y legitima una política de empobrecimiento planificado.

“Hablan de orden fiscal mientras condenan a los trabajadores a salarios de miseria y al desamparo sanitario”, señalaron desde el arco sindical, advirtiendo que el Estado pasó de garantizar derechos a convertirse en principal agente de precarización.

Las acciones y presentaciones realizadas se inscriben así en una hornada de lucha provincial, con movilizaciones hacia el Superior Tribunal de Justicia, Casa de Gobierno y acciones simultáneas en plazas de toda la provincia. Lejos de tratarse de reclamos sectoriales aislados, los gremios advierten que el conflicto expresa un ajuste estructural que golpea a trabajadores activos, jubilados y al sistema público en su conjunto.

Ante la falta de respuestas oficiales, las organizaciones anticiparon que profundizarán las medidas de fuerza y reiteraron la exigencia de soluciones urgentes: restitución plena de las prestaciones de salud, convocatoria inmediata a la Comisión de Política Salarial, pago íntegro de la cláusula gatillo y un cambio de rumbo que detenga el deterioro de las condiciones de vida de quienes sostienen el Estado chaqueño.


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