Encarcelamiento en Argentina: 258 de cada 100 mil habitantes, la tasa más alta de su historia - EsChaco.com - Resistencia

El carácter regresivo para los derechos de las personas privadas de la libertad

Miércoles, 28 de enero de 2026

Encarcelamiento en Argentina: 258 de cada 100 mil habitantes, la tasa más alta de su historia

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) publicó su informe anual sobre la privación de la libertad en establecimientos penitenciarios

Por Adriana Meyer

En 2024, la tasa de encarcelamiento en el país llegó a 258 cada 100 mil habitantes, la más alta de su historia. En ese mismo año, el promedio del crecimiento de la población carcelaria del 7,1 % fue incluso superior al que se venía registrando anualmente durante los últimos 25 años,6 %. Los datos son parte del documento “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos. Argentina. Año 2024” que elaboró el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), uno de los organismos a cargo de inspeccionar establecimientos de encierro en Argentina. Juan Manuel Irrazábal, presidente del CNPT, dijo a Página12 que “la actual sobrepoblación no debe abordarse de manera exclusiva mediante la ampliación de la red penitenciaria”.

Irrazábal consideró que el desborde de la población carcelaria se vincula con múltiples factores, tales como “el aumento de la severidad de la legislación penal, el uso sistemático de la prisión preventiva” por parte del aparato judicial, “el incremento de personas condenadas a penas cortas, la reticencia judicial a aplicar medidas alternativas a la prisión y las modificaciones legislativas regresivas en materia de ejecución penal”.

El documento presentado en las últimas horas actualiza la información producida por el CNPT desde 2022 en adelante, a partir de datos cuantitativos sobre la población privada de la libertad en establecimientos penitenciarios de todo el país. Según explicó el organismo, la información surge del trabajo de producción, sistematización e integración de datos estadísticos realizado en el marco del Registro Nacional de Lugares de Encierro, Población Alojada y Capacidad de Alojamiento (RNLPyC) del CNPT. Entre varios aspectos, el informe aborda el aumento del encarcelamiento, la evolución de los niveles de ocupación por jurisdicción, las características judiciales y sociodemográficas de la población, así como la situación de las personas privadas de la libertad con medidas de seguridad por razones de salud mental.

130 personas donde caben 100

Al 31 de diciembre de 2024, el sistema penitenciario registraba 121.443 personas privadas de la libertad (PPL), lo que equivale a una tasa de 258 PPL cada 100.000 habitantes. Además, cinco provincias superan ampliamente la tasa nacional de encarcelamiento: Córdoba encabeza la lista, con casi 377 PPL cada 100.000 habitantes. Le siguen: Mendoza, con 308; Buenos Aires, con 305; Santa Fe, con 286 y Salta, con 267. Durante los últimos 25 años, el encierro en prisiones creció a un promedio anual del 6 %, con la única excepción de 2020, cuando descendió a raíz de la pandemia. En 2024, el aumento fue aún mayor y alcanzó el 7,1 %. Aunque se incrementó la cantidad de plazas carcelarias, esto no logró reducir los niveles de sobrepoblación. A nivel nacional, el conjunto de los sistemas penitenciarios funciona al 130,2 % de su capacidad. Esto implica que hay 130 personas alojadas donde caben 100.

En 2024, diversos poderes ejecutivos provinciales incrementaron la capacidad de alojamiento penitenciario, entre ellos Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Buena parte de esos nuevos centros penitenciarios recibieron a personas que estaban alojadas en comisarías. Esto generó un aumento del encarcelamiento, pero no logró reducir la cantidad de personas detenidas en el ámbito policial, que apenas se estabilizó.

“El CNPT reconoce estos esfuerzos para abordar la sobrepoblación, pero advierte que el problema no debe abordarse de manera exclusiva mediante la ampliación de la red penitenciaria”, reza el documento. A su criterio, esta problemática se vincula “el aumento de la severidad de la legislación penal, la falta de iniciativa judicial a aplicar medidas alternativas a la cárcel, y a la ausencia de mecanismos judiciales y ejecutivos para controlar la sobrepoblación”, entre otros factores.

Por otra parte, en los últimos años se registraron numerosas reformas legislativas en la administración de la justicia penal “de carácter regresivo para los derechos de las personas privadas de la libertad, que implicaron un aumento de la severidad punitiva”. Estas modificaciones se caracterizan por la elevación de las escalas penales, la imposición de penas privativas de la libertad sin posibilidad de ejecución condicional, la creación de nuevos tipos penales y la ampliación del uso de la prisión preventiva. “Esta dinámica ha contribuido de manera directa en el aumento de las tasas de encarcelamiento y en la situación de sobrepoblación penitenciaria”, afirmó el CNPT.

Radiografía carcelaria

La situación procesal de las personas privadas de la libertad muestra que casi el 40 % permanece procesada, es decir, sin sentencia definitiva; en tanto la población carcelaria que se encuentra condenada asciende al 62 %. Es decir que en términos absolutos, la cantidad total de personas presas de forma preventiva no ha cesado de crecer: en solo tres años aumentó cinco puntos porcentuales, pasando de 43.191 personas procesadas en 2022 a 45.305 en 2024.

En relación al uso de la prisión preventiva, se evidencia una desigualdad de género al comparar las cifras entre distintos grupos. En relación con los varones, las mujeres y las personas trans o no binarias presentan niveles más altos de aplicación de esta medida cautelar. En particular, el 48,6 % de las mujeres procesadas se encuentran en prisión preventiva, al igual que el 42,9 % de las personas trans o no binarias. En contraste, entre los varones procesados este porcentaje desciende al 36,8 %.

En cuanto a los tipos de delitos por los cuales se encuentran privadas de la libertad las personas encarceladas, se observa que la mayor proporción corresponde a los delitos contra la propiedad, que representan el 36,4 % del total, es decir, casi cuatro de cada diez personas. Le siguen los delitos contra las personas, que alcanzan el 21,7 %, y los delitos contra la integridad sexual, con un 20,5 %.

Criminalización, género y pobreza

El CNPT determinó que los principales delitos perseguidos por el sistema penal se vinculan con situaciones de vulnerabilidad social y se encuentran fuertemente atravesados por el género. En este sentido, los delitos vinculados a estupefacientes afectan de manera diferencial a los distintos grupos. Entre las mujeres privadas de la libertad, casi cuatro de cada diez se encuentran detenidas por este tipo de delitos. En el caso de las personas trans, tres de cada diez están encarceladas por delitos relacionados con estupefacientes. En contraste, entre los varones solo uno de cada diez se encuentra detenido por este tipo de delitos.

Por el contrario, los delitos contra la propiedad presentan una mayor incidencia entre los varones. Casi cuatro de cada diez varones privados de la libertad se encuentran encarcelados por este tipo de delitos, alcanzando el 36,9 %. Entre las mujeres, casi tres de cada diez están detenidas por delitos contra la propiedad, mientras que entre las personas trans esta proporción desciende a dos de cada diez.

Inflación penal

Desde el CNPT subrayaron que “las reformas legislativas de carácter regresivo, caracterizadas por la elevación de las escalas penales, la imposición de penas privativas de la libertad sin posibilidad de ejecución condicional, la creación de nuevos tipos penales y la ampliación del uso de la prisión preventiva han generado una inflación penal que se traduce en un aumento sostenido del encarcelamiento”. Este incremento se relaciona, además, con “la simplificación del debate político y social sobre la inseguridad, la presión de los medios de comunicación y las prácticas de las y los operadores judiciales”.

Otro eje de especial interés para el CNPT es el monto de las penas impuestas a la población condenada, con particular atención en las condenas de hasta tres años —es decir, por delitos de escasa o nula lesividad— que representan el 17 % de la población condenada y alojada en cárceles del país. “Se trata de un dato de alta relevancia para la política criminal, ya que estas condenas corresponden a delitos excarcelables bajo determinadas condiciones y, por su naturaleza, podrían admitir la aplicación de medidas alternativas al encierro”, afirmó el organismo. En su mayoría, se trata de delitos de escasa o nula violencia, como hurto, robo simple, estafa y defraudación, daños, lesiones, encubrimiento e infracciones a la ley de drogas, entre otros.

El informe también analizó el alojamiento en establecimientos penitenciarios de personas a quienes se les ha dictado una medida de seguridad curativa por motivos de salud mental. Al 31 de diciembre de 2024, 256 personas se encontraban alojadas en cárceles, unidades y complejos penitenciarios bajo esta condición. “El alojamiento de este grupo en establecimientos penitenciarios genera múltiples vulneraciones de derechos porque las prisiones operan bajo una tensión permanente entre los objetivos tratamentales y securitarios, priorizando, por lo general, estos últimos. Como resultado, los abordajes en materia de salud mental resultan deficitarios y, en muchos casos, inexistentes”, sentenció la CNPT.