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EN PLENA TEMPORADA ALTA
Martes, 27 de enero de 2026
Vuelos en alerta: venció la conciliación obligatoria de los controladores aéreos y habrá medidas de fuerza en febrero
El lunes finalizó el periodo de “paz” entre Eana y Atepsa, el gremio que nuclea a los controladores aéreos. El sindicato presentará un cronograma de paros en plena temporada alta
Tras el vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria que disolvió las medidas de fuerza propuestas por Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio de los controladores aéreos, en la previa a las fiestas, y sin acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), el sindicato retomará su cronograma de paros en los aeropuertos del país.

La discusión entre las partes, que ya lleva varios meses de tensiones, asambleas, paros y hasta denuncias judiciales, excede el ámbito salarial, ya que el planteo principal es el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, entre otras críticas.

“Transcurridos los plazos, no se logró arribar a un acuerdo, por lo que el Plenario ratificó la adopción de medidas legítimas de acción sindical a partir del mes de febrero, que se anunciarán oportunamente”, informó Atepsa en un comunicado.

En tanto, EANA remarcó que los servicios de navegación aérea están considerados esenciales por ley, por lo que el gremio no puede disponer medidas de fuerza de manera intempestiva. En caso de avanzar con un plan de acción sindical, Atepsa debería presentar un cronograma con al menos cinco días de anticipación y las medidas no podrían afectar más del 45% de las operaciones aéreas.

La eventual reanudación de medidas de fuerza podría afectar la operatoria de vuelos en todo el país (ENAIRE / Europa Press)
Según pudo saber Infobae, hasta el momento no hay un cronograma de paros concreto, algo que EANA podría utilizar con la voluntad de alcanzar una solución al conflicto y evitar el impacto que una eventual escalada podría generar sobre pasajeros, trabajadores y el sistema aeronáutico.

Atepsa, por su parte, cuestionó el tratamiento del conflicto: “Se debatieron tanto la situación actual, como así también, las acciones a seguir, debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades de EANA que, desde agosto del año pasado, no asume los compromisos asumidos ni aporta solución al conflicto”.

Frente a este escenario, el gremio aseguró que “las medidas legítimas de acción sindical serán las consecuencias directas del incumplimiento, la desidia y la falta de diálogo por parte de EANA, por lo que, desde Atepsa ratificamos la voluntad de diálogo y de resolución, pero no convalidaremos dilaciones ni acuerdos que luego no cumplen”.

La magnitud del conflicto es tal porque el trabajo de los controladores aéreos es indispensable para la actividad aeronáutica. Ubicados en las Torres de Control o los Centros de Control de Área (ACC), son los encargados de gestionar el tránsito aéreo, separar y guiar a los aviones durante sus vuelos, despegues y aterrizajes en todos los aeropuertos del país.

Más allá de las discusiones paritarias, al tratarse de una empresa pública no se define de manera individual, sino que es la Oficina Nacional de Empleo Público el área que establece el marco de referencia que el Gobierno está dispuesto a ofrecer a los gremios. La disputa entre EANA y Atepsa también involucra investigaciones judiciales y denuncias penales por presuntas maniobras irregulares que alcanzan a ex y actuales autoridades.

Durante 2025, el conflicto tuvo múltiples episodios, con medidas de fuerza que afectaron la actividad aérea, especialmente en momentos de alta demanda como las vacaciones de invierno y las fiestas de fin de año.

Tras un acuerdo alcanzado en agosto, que preveía una suba salarial del 15% en cuatro tramos, las protestas se suspendieron. Sin embargo, en noviembre y diciembre el gremio retomó paros y asambleas que volvieron a impactar en la operatoria aérea, lo que derivó en la intervención de la Secretaría de Trabajo mediante la conciliación obligatoria.

En paralelo, EANA presentó una denuncia penal contra el gremio al considerar que algunas medidas de protesta pusieron en riesgo la seguridad operacional, entre ellas la colocación de una bandera sindical en el exterior de una torre de control, que —según la empresa— podría haber interferido con la operación aérea.


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