Directores del Ministerio de la Producción desmienten al gobierno y reiteran que es ilegal el recorte del Fondo Estímulo Productivo - EsChaco.com - Resistencia

Más de 600 familias chaqueñas afectadas

Miércoles, 21 de enero de 2026

Directores del Ministerio de la Producción desmienten al gobierno y reiteran que es ilegal el recorte del Fondo Estímulo Productivo

Los directores del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de la provincia del Chaco emitieron un comunicado de prensa unánime en el que rechazan las declaraciones recientes de funcionarios del gobierno provincial y denuncian la suspensión del pago del Fondo Estímulo Productivo, un componente remunerativo del salario que desde 2015 se liquida mensualmente por ley.

El Fondo fue creado por la Ley 2398-I, sancionada por unanimidad en la Legislatura chaqueña. Desde entonces, se integra como parte del salario de más de 600 trabajadores del Ministerio, con carácter remunerativo y sujeto a aportes jubilatorios y obra social.

Los directores remarcaron que no se trata de un “premio discrecional” ni de un “privilegio”, sino de un ingreso legítimo que sostiene los hogares de cientos de familias chaqueñas.

El comunicado desmiente afirmaciones de funcionarios que aseguraron que el Fondo “no era salario” o que se pagaba “por fuera del sistema”. Según los directores, esas declaraciones son falsas y buscan instalar confusión y estigmatización sobre el personal técnico y profesional del organismo.

También rechazaron la idea de que los trabajadores “sabían que estaba mal” o que percibían montos indebidos: “Durante más de una década, el Tribunal de Cuentas nunca objetó la ejecución del régimen como ilegal o irregular”, sostuvieron.

La falta de firma de la resolución de liquidación por parte del Ministro implica que este mes los trabajadores no percibirán el Fondo, lo que representa un recorte abrupto de sus ingresos. “El salario no es un rumor: es sustento de vida”, enfatiza el texto.

Los directores advierten que esta decisión constituye un abuso de poder y una vulneración de derechos, con impacto directo en la paz social.

Finalmente, los funcionarios instan al gobierno a cumplir con la ley, cesar las declaraciones falsas y abrir un canal formal de diálogo. Además, dejaron expresa reserva de acciones legales frente a lo que califican como una “escandalosa vulneración de derechos”.