Lunes, 9 de Marzo de 2026
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AUDIENCIA PÚBLICA
Lunes, 9 de marzo de 2026
Emergencia operativa y desfasaje de costos: Los argumentos de SAMEEP para aumentar la tarifa del agua
Este lunes se realizó la audiencia pública para tratar el aumento de la tarifa de agua potable. Se realizó desde las 10 en el salón del Consorcio Comunitario 57 de Presidencia Roca y fue transmitido por internet. Durante el evento, los directivos de la empresa estatal chaqueña presentaron un informe técnico detallado. Aseguran que el costo de potabilización subió un 300% en el último año mientras la tarifa quedó congelada, lo que pone en riesgo la operatividad del Segundo Acueducto.

El diagnóstico fue unánime entre los técnicos y directivos de SAMEEP: la empresa se encuentra en una situación de "vulnerabilidad financiera extrema". Bajo esta premisa, los funcionarios provinciales defendieron la necesidad de implementar un nuevo esquema tarifario que permita cubrir, al menos, los gastos básicos de funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura crítica.

El informe presentado por la gerencia de la empresa subrayó que el 80% de los insumos críticos para la potabilización —como el sulfato de aluminio, el cloro gaseoso y los polímeros— están atados al valor del dólar oficial y han sufrido aumentos que triplican la inflación minorista.

"Hoy estamos operando con una tarifa que cubre apenas el 35% de nuestros costos operativos. El resto debe ser subsidiado por el Tesoro Provincial, lo cual quita recursos a otras áreas esenciales como salud o educación", explicó uno de los expositores técnicos de la empresa.

Otro punto central del informe fue el peso de la factura energética. Al ser SAMEEP el mayor consumidor de electricidad de la provincia para mover las bombas de captación y distribución, la quita de subsidios nacionales impactó de lleno en sus balances.

EL COSTO DEL ACUEDUCTO
Los funcionarios hicieron especial hincapié en el Segundo Acueducto del Interior, la obra que lleva agua desde el Río Paraná hasta localidades como Charata y Villa Ángela. Si bien es una obra histórica, su mantenimiento y la energía necesaria para impulsar el agua a cientos de kilómetros demandan una inversión que la tarifa actual no alcanza a costear.

"No se trata solo de abrir la canilla; detrás hay un proceso de ingeniería que hoy es deficitario. Para asegurar que el agua llegue al sudoeste, necesitamos una empresa que sea sustentable", destacaron desde el Directorio.

EL IMPACTO EN EL USUARIO
Para los funcionarios de SAMEEEP, existe un “desfasaje inflacionario” en la tarifa actual debido a que la misma “tiene un retraso de casi dos años respecto a los incrementos salariales y de materiales”. Además, admitieron que trabajarán en la segmentación por capacidad de pago del usuario ya que el aumento no será plano. Los funcionarios aseguraron que "el esfuerzo mayor recaerá sobre los sectores comerciales y residenciales de alto consumo".

Por último, remarcaron que harán un plan de contingencia ya que sin el aumento, la empresa advirtió sobre posibles dificultades para adquirir repuestos de bombas importadas antes de la próxima temporada estival.

La decisión final queda ahora en manos del Ejecutivo Provincial, que deberá ponderar estos argumentos técnicos frente a la capacidad de pago de los chaqueños en un contexto de crisis económica generalizada.

LA VOZ DE LOS USUARIOS
Cuando fue el turno de la exposición de usuarios, legisladores y entidades, el representante de la Defensoría del Pueblo puso el foco en la relación entre el aumento y la capacidad de pago de los ciudadanos.

"Cualquier incremento que se pretenda aplicar debe respetar el principio de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta el contexto de crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los chaqueños", aseguró.

Además, advirtió que "no podemos hablar de un aumento de tarifa sin hablar de una mejora sustancial en la prestación. Tenemos reclamos constantes de vecinos por falta de presión y, en muchos casos, por la turbiedad del agua que llega a los hogares".

Por su parte, los representantes de Asociaciones de Consumidores señalaron: "Se nos pide un esfuerzo a los usuarios para financiar una empresa que tiene pérdidas técnicas altísimas por cañerías obsoletas. El vecino no puede pagar por el agua que se pierde en la calle por falta de mantenimiento preventivo".

También apuntaron contra la falta de transparencia de la empresa y, en ese sentido, advirtieron que "es necesario que el cuadro tarifario sea claro”. “Muchas veces el usuario no entiende qué está pagando, si es consumo real o estimado, y eso genera una desprotección total ante los aumentos".

Seguidamente, denunciaron que "en las zonas periféricas el servicio es prácticamente inexistente durante el verano. Pedir un aumento cuando tenemos que comprar cubas de agua o prender bombas particulares es una falta de respeto a la realidad del barrio".

Mientras que sobre el impacto a los comercios, fueron contundentes. "Para un pequeño comerciante, un aumento del 200% o 300% en el agua, sumado a la luz y los alquileres, es el certificado de defunción de su negocio. Pedimos escalas que sean pagables", señaló un referente de pequeñas y medianas empresas.

LA OPOSICIÓN PRESENTE
La legisladora provincial por el Frente Renovador, Katia Blanc, viajó hasta Presidencia Roca para formar parte del grupo de oradores de la audiencia pública. “Las audiencias públicas por ley tienen dos opciones, una presencial y una virtual para que todos los chaqueños puedan participar. Hoy esa opción no se dio, porque quien quería hablar tenía que venir hasta Presidencia Roca”, sostuvo.

Apuntó a la falta de información para analizar el eventual aumento. Según afirmó, la empresa no difundió balances actualizados ni datos concretos sobre el impacto del ajuste. “Hablan mucho de transparencia y la verdad es que hace dos años que no se publican los balances y tampoco tuvimos información de cuánto es el aumento tarifario. Me voy de esta audiencia sin saber de cuánto sería”, cuestionó. Así, rechazó el incremento de la tarifa de agua potable.

De esta manera, sostuvo que las inversiones en infraestructura deben gestionarse desde el Estado y no trasladarse al usuario. “Los funcionarios aquí presentes tienen la obligación de tramitar ante el gobierno provincial y ante el gobierno nacional lo correspondiente para un presupuesto para infraestructura y para rendirle a cuenta a cada chaqueño y chaqueña. El que tiene la obligación de gestionar no es el vecino, es el Gobierno el que debe golpear la puerta de Nación para mejorar el servicio ”, remarcó.


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