Impugnan el cierre del Programa de Prevención Cardiovascular del INSSSEP
Este lunes, un grupo de afiliados al Insssep, con el patrocinio de un abogado, presentaron un pedido de revocación urgente contra la Resolución N° 0003/26 que elimina el Plan Cardio del organismo. El programa permitía a los afiliados acceder a descuentos y medicación -que posee precios elevados- totalmente gratuita.
Para los beneficiarios, la medida fue tomada de forma unilateral por la Presidencia del Instituto, avasallando las competencias del Directorio y poniendo en riesgo la vida de los pacientes que, en su mayoría, son jubilados cuyo poder adquisitivo ya se vio afectado con el retraso de las mesas salariales.
Según pudo saber EsChaco, a través de una impugnación, los afiliados exigen que la medida sea revocada de carácter urgente, alegando que la decisión padece de "vicios de nulidad manifiesta". Según el escrito presentado, la resolución fue dictada de manera unilateral por la Presidencia del InSSSeP, cuando la competencia legal para dejar sin efecto programas creados por el Directorio pertenece exclusivamente a dicho cuerpo colegiado.
Uno de los puntos centrales del reclamo radica en la estructura jerárquica del organismo. El documento señala que el Presidente carece de facultades para anular mediante un acto unipersonal resoluciones previas del Directorio (Nros. 7260/2021 y 5001/2023).
"La función del Presidente es ejecutar los acuerdos del Directorio, no suprimirlos de forma inconsulta y antedatada", reza el texto, citando la Ley 800-H. Los afiliados califican la figura de la remisión "ad referéndum" utilizada en la resolución como un intento de "enmendar a futuro" una ilegalidad ya ejecutada.
Más allá de las formas técnicas, la impugnación hace hincapié en el impacto humano. Los firmantes aseguran que la supresión del programa los coloca en un estado de "absoluta indefensión", impidiéndoles continuar con tratamientos médicos vitales para patologías cardíacas.
El escrito introduce una "Cuestión Constitucional", argumentando que el Estado chaqueño está incumpliendo su obligación de garantizar el derecho a la vida y a la salud, protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales. Además, destacan una contradicción económica: el recorte se produce meses después de que los afiliados comenzaran a pagar mayores aportes tras el aumento del Fondo de Alta Complejidad (FAC).