El Gobierno prepara la venta del 90% de AySA y el pliego saldría antes de marzo
El Estado nacional venderá su participación accionaria y dejará la gestión en manos privadas mediante una licitación. La operación prevé la transferencia del paquete mayoritario y la colocación del resto de las acciones en el mercado
El Gobierno nacional avanza en la etapa final previa al inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las compañías incluidas en la Ley Bases. Según fuentes oficiales, el pliego para la venta de las acciones estaría listo para ser lanzado en el corto plazo y su publicación en el Boletín Oficial se concretaría en las próximas semanas, con la expectativa de que ocurra antes de que finalice el primer trimestre del año.
La iniciativa contempla que el Estado se desprenda de la totalidad de su participación accionaria, que hoy representa el 90% del capital social de la empresa. El 10% restante continuará bajo el esquema de propiedad participada que pertenece a los trabajadores. El mecanismo elegido será una licitación orientada a la venta de un paquete mayoritario, de al menos el 51%, a un operador estratégico que asuma la conducción operativa de la compañía, mientras que el remanente quedará disponible para su colocación en el mercado mediante un esquema de acciones flotantes.
El marco legal que habilita esta operación fue establecido a través de un decreto publicado en 2025, que autorizó la venta de las acciones estatales. A partir de allí, distintas áreas del Gobierno, entre ellas el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, avanzaron en evaluaciones técnicas y jurídicas para definir las condiciones finales del proceso, con la intervención de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia.
El llamado a licitación no estará limitado exclusivamente a empresas del sector de agua y saneamiento. Podrán presentarse firmas con experiencia acreditada en la gestión de servicios públicos en general. En ese contexto, desde el entorno de la compañía reconocen que ya hubo manifestaciones de interés por parte de operadores nacionales e internacionales, aunque los detalles se mantienen en reserva hasta la difusión oficial del pliego.
Como parte de la preparación para la privatización, el Ejecutivo aprobó un Plan de Acción de Transición para el período 2024–2026, con el objetivo de dejar a la empresa en condiciones operativas y financieras más atractivas para los potenciales compradores. Ese plan incluyó inversiones previstas por más de 750 mil millones de pesos y una readecuación del esquema tarifario, con aumentos superiores a los aplicados en la gestión anterior.
En paralelo, también se implementó un nuevo marco regulatorio que introduce cambios relevantes en el funcionamiento de la empresa, entre ellos la posibilidad de interrumpir el suministro ante la falta de pago. Una vez concretada la privatización, el control del servicio quedará en manos de los organismos reguladores, que tendrán a su cargo la supervisión tarifaria, la calidad de las prestaciones, la planificación de inversiones y la atención de los usuarios en el área de cobertura, que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y numerosos municipios del conurbano bonaerense, donde AySA brinda servicio a millones de personas.