Mordaza policial: la Jefatura del Chaco impone silencio interno y restringe el acceso a la información - EsChaco.com - Resistencia

Bajo amenaza de sanciones

Miércoles, 14 de enero de 2026

Mordaza policial: la Jefatura del Chaco impone silencio interno y restringe el acceso a la información

Con una orden general, la conducción policial prohibió a todo el personal difundir información por fuera del área de Prensa. La medida incluye sanciones disciplinarias y abre un fuerte debate sobre transparencia, control ciudadano y derecho a la información.

La Jefatura de Policía del Chaco dispuso una prohibición estricta para que jefes, oficiales y agentes no difundan ni filtren información vinculada a hechos policiales por ningún medio, ya sea prensa, radio, televisión o redes sociales. La decisión, formalizada a través de una orden general interna, establece que toda comunicación oficial deberá canalizarse exclusivamente por el área de Prensa y Comunicación Social.

La orden prevé sanciones disciplinarias inmediatas, que alcanzan tanto al efectivo que difunda información como al superior jerárquico que no haya ejercido control. En los hechos, se instala un mensaje claro hacia el interior de la fuerza: hablar puede costar la carrera.

La medida aparece como una respuesta defensiva ante filtraciones que, en los últimos tiempos, dejaron al descubierto situaciones graves, procedimientos cuestionados y episodios aberrantes que generaron fuerte impacto social. En lugar de reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas, la conducción policial optó por cerrar el flujo informativo.

Derecho a la información bajo presión

Especialistas en derecho constitucional y derechos humanos advirtieron que este tipo de disposiciones tensionan principios básicos del sistema democrático.

“Las fuerzas de seguridad, por su rol y poder coercitivo, tienen una obligación reforzada de transparencia. Centralizar la información y sancionar al que habla no es ordenar: es restringir el derecho de la sociedad a saber”, explicó a ESCHACO un constitucionalista consultado.

En la misma línea, desde el campo de los derechos humanos remarcaron que el silencio institucional no previene abusos, sino que muchas veces los encubre. “Cuando no hay canales internos confiables ni protección para denunciantes, estas órdenes terminan funcionando como una mordaza preventiva, que desalienta la denuncia de irregularidades”, señalaron.

Una sola voz oficial

La orden no distingue entre información sensible que pueda afectar una investigación en curso y hechos ya consumados de alto interés público. Tampoco prevé mecanismos alternativos de comunicación ni protocolos de denuncia protegida. Todo queda concentrado en una única voz oficial.

Para distintos sectores políticos y sociales, la señal es preocupante: menos información, menos control ciudadano y más opacidad institucional. En un contexto donde la demanda social apunta a mayor transparencia estatal, la decisión de la Jefatura policial va en sentido contrario.

“Silenciar a la fuerza no fortalece la confianza pública. Al contrario, la erosiona”, resumió otro especialista consultado por este medio.

La discusión ya está planteada y excede lo administrativo: se trata de definir si la seguridad pública se gestiona con más transparencia y control democrático, o con órdenes de silencio que blindan a la institución frente a la mirada de la sociedad.