Reforma laboral: con un dictamen sujeto a cambios, Patricia Bullrich pasó el debate a febrero
El plenario recibió otro listado de expositores para analizar y debatir el proyecto, pero el oficialismo decidió firmar y esperar un mes y medio para llevarlo al recinto. El secretario de Trabajo aclaró que la iniciativa "va a aplicar para los nuevos contratos".
El Senado de la Nación continuó con el debate en comisiones de la ley de reforma laboral y, apremiado por los tiempos, el Gobierno resignó conseguir el dictamen definitivo para sesionar el 26 de diciembre. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, aclaró el miércoles que, si se llega a la aprobación, la iniciativa "va a aplicar para los nuevos contratos".
"Hemos hablado con distintos bloques y vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero en vez de discutirla el día 26", anunció la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich.
Al ingresar al recinto, la senadora había considerado que “entre hoy y mañana” saldría el dictamen. "Llamaríamos a extraordinarias nuevamente y nos tomaríamos el tiempo para analizar todos los pedidos que hemos tenido, tanto acá como por distintas vías. Nos dejaríamos un mes y medio para poder debatirlo", explicó horas más tarde la exministra.
"Hay un montón de modificaciones, hemos escuchado muchas voces y hemos recibido muchas más", remarcó Bullrich ante la consulta del senador de Unión por la Patria Mariano Recalde e insistió: "Lo dejamos como un instrumento para poder sesionar el 10, pero este dictamen va a seguir vivo y teniendo modificaciones".
En el primer encuentro, la ex ministra de Seguridad fue designada como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en medio de un escándalo y la impugnación por parte del bloque Unión por la Patria. El legislador José Mayans denunció una violación del reglamento constitucional y adelantó que judicializará el caso.
En el listado de expositores de este jueves, se encuentran representantes de la UBA, asociaciones de abogados, bancos, magistrados y otros representantes gremiales. La jornada se llevará a cabo en el marco de una marcha a Plaza de Mayo convocada por la CGT en contra del proyecto de reforma laboral.
Reforma laboral: el día 2 del debate en comisiones del Senado El primero en exponer fue Guillermo Crespo, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, quien advirtió que el proyecto “busca es potenciar el poder del empleador. Busca hacer del trabajador alguien atado a la voluntad del empleador, y no va a tener la posibilidad de luchar por sus derechos".
Por su parte, Alejandro Sudera, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo destacó: “Lo que se propone reformar en el artículo 54 de este proyecto es lo que, desde hace tiempo, viene aplicando la justicia nacional de apelaciones del trabajo. Me parece positivo que se regule y que no se deje librado al criterio de los jueces”.
En el mismo sentido fueron las críticas de Melina Peñarol Méndez, representante del Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales, donde aseguró entender que "el proyecto es una reforma constitucional encubierta porque deroga el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Sin sindicatos y sin justicia social no hay paz posible".
Tras una primera parte de expositores, la titular de la comisión dispuso un cuarto intermedio hasta las 16. Una hora más tarde, a las 17, se prevén las firmas de dictámenes, anunció la titular de la Comisión de Trabajo, Patricia Bullrich.
Al regreso del cuarto intermedio, el director de asuntos corporativos de Rappi, Gabriel Buenos, consideró que el contenido de la reforma laboral "es una oportunidad para definir un estándar industrial innovador y pionero".
Entre los resaltados por Buenos se encontraban: "La libertad de los repartidores para disponer de la soberanía de su tiempo; elegir cuándo, dónde y a qué aplicación conectarse; gestionando la cobertura de seguros necesarias para realizar la actividad de forma segura; que haya soporte humano para los repartidores que quieran cuestionar alguna decisión tomada en la plataforma".
Le siguió el director de relaciones gubernamentales de PedidosYa, Nicolás Beverati, quien también respaldó el proyecto del Gobierno porque "recepta lo que el ecosistema quiere: cuando uno habla con las plataformas, los repartidores y los comercios estamos convencidos de esta idea de repartidores como independientes".
El titular de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, Marcelo Pariente, recordó que el reparto en moto ya está regulado como trabajo y que ya tienen un convenio colectivo de trabajo, pero "lo que pasa es que no lo respetan".
"Están utilizando una herramienta de la comunicación para volver a regular una actividad que ya está regulada", advirtió Pariente en referencia al celular, le pidió al Senado que no vote la reforma laboral y concluyó: "Es mentira que los trabajadores no quieran tener derechos, los necesitan".
El gerente de asuntos públicos de Uber, Pedro Martino, aseguró que "9 de cada 10 conductores dicen que la independencia es lo que más los atrae de la plataforma y el 99% de los conductores también expresan que si se definieran horarios fijos dudarían seguir en la aplicación".
Por otro lado, el secretario general del SiPreBA, Agustín Lecchi, pidió la eliminación del artículo 194 que deroga el Estatuto del Periodista y respaldó el pedido de rechazo a los artículos 195 y 196 que realizaron representantes del sector cinematográfico antes de su intervención.
"No tenemos problema en modernizar las leyes laborales en lo que respecta a prensa, pero el Estatuto del Periodista en los artículos 5 y 29 reconocen la libertad de expresión, opinión y pensamiento como derecho inalienable y el artículo 13 garantiza el libre acceso a las fuentes y dependencias del Estado", advirtió el sindicalista.
Reforma laboral: el día 1 del debate en comisiones del Senado La Confederación General del Trabajo (CGT) se presentó en el Senado para exponer su postura sobre el proyecto y criticó duramente la iniciativa. "Tiene grandes problemas de constitucionalidad este proyecto de ley", aseguró ante el plenario Jorge Solá, uno de los máximos dirigentes de la central obrera.
Si bien Solá manifestó que la CGT pretende que exista una modernización en el aspecto laboral, no solo criticó que no hayan sido consultados la redacción del proyecto. Además, aseguró que "la reforma laboral contradice el principio de progresividad. La parte más débil es el trabajador y en este proyecto se lo pone en pie 'de igualdad' con la parte más fuerte".
En la reunión del miércoles estuvo como invitado a la comisión el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, quien aseguró que "el régimen actual fracasó para generar empleo formal y para reducir la informalidad" y señaló como "corazón del problema" a "la litigiosidad laboral".
"Si un régimen laboral fuera exitosa veríamos expansión en el empleo registrado, pero no ocurrió, por eso hay que corregir el rumbo", insistió Rapallini y deslizó: "Nuestra posición no es pro-empresario ni pro-trabajador, sino proempleo formal, pro-producción y pro-productividad".
La vicepresidenta de la Mesa de Enlace de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eloisa Frederking, le pidió al Congreso que "logren el consenso necesario para que el sistema institucional acompañe el camino del crecimiento y la modernización".
"Sostener el status quo es una suerte de irresponsabilidad, 5 de cada 10 trabajadores no tiene protección real. La norma actual fracasó", advirtió Ignacio Forconi, abogado que asesora a la SRA, y añadió: "Cuando los derechos no llegan a todos y los protegidos son unos pocos, no podemos decir que la norma fue un éxito".
Juan Pablo Diab, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), respaldó la reforma laboral y festejó que "muchos artículos buscan traer previsibilidad y certidumbre en la determinación de las remuneraciones, en cómo se va a reparar si corresponde una indemnización y evitar que haya malas prácticas".
Aún así, Diab cuestionó "algunos capítulos" que pueden "generar incertidumbre", los vinculados al "derecho colectivo" y la "ultraactividad de los convenios existentes" y la prelación de un convenio menor contra uno mayor.
"Un convenio menor contra un convenio mayor va a ser para conflicto y no sabemos cómo haría un pyme para negociar por empresa, ni contra quién lo haría", advirtió el asesor de la CAME.