Argentina pierde cientos de millones en renta del litio por un régimen "ultraliberal"
Un nuevo informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (Fundación DHI), titulado "¿Cuánto nos Cuesta el Litio?", revela que Argentina está desaprovechando una oportunidad económica histórica al mantener un marco regulatorio minero que capta una porción de renta pública significativamente menor que sus vecinos, a pesar de poseer una de las mayores reservas mundiales del mineral estratégico.
El estudio, publicado en octubre de 2025, denuncia que la falta de una política específica para el litio ha consolidado un "esquema de enclave extractivo" controlado por capitales extranjeros, generando graves conflictos sociales y ambientales.
EL LITIO
Argentina se encuentra en el Top 5 de productores mundiales de litio y comparte con Bolivia la mayor dotación de recursos del mundo (23 millones de toneladas de Litio Metálico Equivalente, LME), lo que subraya su potencial en la transición energética global.
Sin embargo, a diferencia de Chile y Bolivia, el litio en Argentina no está declarado como "recurso estratégico". El sector se rige por el Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras de 1993 (Ley 24.196), un marco normativo "ultraliberal" que permite a cualquier agente privado adquirir yacimientos a perpetuidad y con total autonomía operacional, sin fijar plazos ni condiciones.
La consecuencia directa es una baja apropiación de la renta minera por parte del Estado:
Regalías Mínimas: Las provincias no pueden cobrar regalías superiores al 3% sobre el valor "en boca de mina". Aunque la Ley 27.743 de julio de 2024 permitió subir este tope al 5% para nuevos proyectos, esto sigue estando muy por debajo de la región.
Brecha Fiscal con Chile: El Estado argentino recuperó apenas un 28% de las rentas económicas generadas por el litio en la última década, mientras que el Estado chileno captó cerca del 36%. Chile aplica un régimen de regalías móviles que oscila entre el 20% y el 40%, ajustándose automáticamente al precio internacional del mineral.
PERDIDAS MILLONARIAS
El informe de la Fundación DHI cuantifica la pérdida de ingresos. Según los cálculos, con un régimen de regalías móviles similar al chileno (20% al 40%), el Estado argentino podría haber captado una renta fiscal minera extra de aproximadamente USD 469 millones anuales, considerando una proyección de producción nacional de 130.000 toneladas.
Además de la baja recaudación, el país estaría comercializando su litio en condiciones desfavorables. En 2022, Estados Unidos importó litio de Argentina a un precio promedio de US$ 6.693 por tonelada, mientras que el litio chileno fue adquirido a US$ 13.383 por tonelada, casi el doble del valor argentino.
EL RIGI
El análisis también critica el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que bajo el gobierno actual exime a los nuevos proyectos de litio de las retenciones a las exportaciones del 4,5%. Esta medida, según el informe, representa un nuevo retroceso en la capacidad de apropiación de renta, que además ha mostrado un sesgo geopolítico al aprobar proyectos vinculados a empresas del bloque liderado por Estados Unidos (Río Tinto y Galan Lithium), mientras se rechazaba una propuesta china (Ganfeng).
El estudio concluye que el modelo actual ha dejado un saldo de pasivos ambientales (elevado consumo de agua dulce), conflictos sociales, desalojos violentos de comunidades originarias en Jujuy y Salta, y reiterados episodios de subfacturación empresarial.
SOLUCIONES POSIBLES
El informe propone dos escenarios para revertir la situación. Por un lado, un escenario mínimo que implica declarar el litio como "recurso estratégico". Esto permitiría implementar condiciones más estrictas para las empresas (plazos, controles ambientales, regalías más altas, aportes a comunidades) y obligarlas a destinar una cuota del mineral a precio preferencial para la industria nacional de cátodos y baterías.
Por otro, un escenario máximo que impulsa a avanzar hacia la recuperación plena del dominio estatal sobre el recurso mediante modelos de copropiedad (el Estado con al menos el 50%) o la creación de una nueva empresa pública para liderar un programa federal de transición energética.
Sin una reforma del régimen fiscal y regulatorio, el informe advierte que Argentina "no solo renuncia a su soberanía económica, sino que también desaprovecha una oportunidad histórica para capturar renta, financiar ciencia y tecnología, e impulsar la industrialización nacional de baterías".