El futuro de las represas hidroeléctricas con concesiones vencidas - EsChaco.com - Resistencia

El camino a la reprivatización

Sábado, 16 de agosto de 2025

El futuro de las represas hidroeléctricas con concesiones vencidas

Las concesiones menemistas vencieron en 2023, pero la definición se postergó y ahora se avanza hacia la venta de los activos

Una semana atrás el Gobierno publicó un decreto que avanza sobre la reprivatización de las represas del Comahue. Transfiere el control a la Secretaría de Energía y autoriza la venta de las acciones mediante un concurso público nacional e internacional “sin base”. pic.twitter.com/EZ253Uyn5C
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Por Mara Pedrazzoli para PÁGINA12

Una semana atrás el Gobierno publicó un decreto que avanza sobre la reprivatización de las represas del Comahue, en las provincias de Neuquén y Río Negro. Se transfiere el control de las sociedades hidroeléctricas a la Secretaría de Energía y autoriza la venta de las acciones mediante un concurso público nacional e internacional “sin base”. Es decir, sin precio mínimo, para acelerar la operatoria. Las concesiones actuales se prorrogan hasta el 31 de diciembre o hasta perfeccionarse el concurso, lo que ocurra primero. El país pierde así la oportunidad de discutir otra vez la soberanía energética y la importancia de que esas represas –que fueron construídas con inversiones millonarias realizadas por el Estado- vuelvan a manos públicas.

Además contempla que en los próximos meses la Secretaría de Energía lanzará una licitación para reprivatizar por 30 años las cinco centrales. En rigor, el contrato de concesión original concluyó en 2023, pero el proceso de renovación de las concesiones de las represas tiene un atraso de dos años. La privatización de las represas se realizó en 1993 por un plazo de 30 años, que venció a mediados de 2023.

El Gobierno dio un paso más en la reprivatización de las centrales hidroeléctricas de la región del Comahue —El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados— mediante la publicación del Decreto 564/2024, que transfiere la titularidad de las acciones de las represas a la Secretaría de Energía (estaban en cabeza de Enarsa) y la instruye a convocar a una licitación pública nacional e internacional en los próximos meses. Según fuentes del sector, el plazo de las nuevas concesiones sería de 30 años y podría prorrogarse por hasta 10 años más, todavía más extenso que las licencias que otorgó el menemismo.

El procedimiento impulsado por el Gobierno nacional tuvo marchas y contramarchas a lo largo de un año y medio: “se han sucedido prórrogas, modificaciones reglamentarias y ajustes en las condiciones de licitación, lo que evidencia una falta de planificación y transparencia. Esta improvisación no solo genera incertidumbre en el sector eléctrico, sino que compromete la posibilidad de un debate público informado”, sostienen los especialistas del Instituto Argentino de Estudios Técnicos Económicos y Sociales del Sector Energético (Iaetes). Si se cumplían las fechas previstas, la reprivatización debería haber ocurrido en agosto, pero el Gobierno aún no pudo presentar los pliegos con los requisitos técnicos y económicos para los oferentes.

La opción estatal
“En lugar de aprovechar el vencimiento de las concesiones para crear un modelo de gestión estatal o mixto con participación provincial, el gobierno opta por la venta de activos y concesiones a largo plazo a capitales privados, debilitando la capacidad de planificación y control estatal”, sostienen desde el Iates. El debate sobre la soberanía energética recobró protagonismo en 2023, al cumplirse el plazo de las privatizaciones concedidas por el menemismo en 1993. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández desaprovechó la oportunidad y se inclinó por prórrogas transitorias, dejando el tema atado a la administración siguiente.

En aquellos meses, el equipo de Energía conducido por Flavia Royón barajó la opción crear una nueva empresa estatal (“Enarsa Hidroeléctrica Comahue”) para tomar el control de las represas y licitar sólo operación y mantenimiento, pero la idea no prosperó. Se buscaba así evitar el traspaso de la propiedad de las represas a las empresas privadas como sucedió en los 90.

Es que el Estado invirtió en la construcción de estas represas cifras millonarias pero los privados recaudaron y aún recaudan con su gestión. “Las privatizaciones no contribuyeron a la creación de un mercado abierto y a la reducción de tarifas, sino a un oligopolio energético-financiero con una dinámica de comportamiento con tendencias hacia la colocación de divisas en el exterior”, remarca un informe de la Fundación Rosa Luxemburgo. En todos estos años, “la renta hidroeléctrica no redundó en inversiones de peso en torno a fuentes energéticas que posibilitaran diversificar la matriz nacional, tampoco en el crecimiento de nuevas centrales hidroeléctricas”, agrega.

Los vencimientos de las concesiones se presentan como una oportunidad histórica para desandar un marco jurídico-político que regula con liviandad a los oligopolios, pero el gobierno de Javier Milei solo defiende los intereses empresariales. Las centrales hidroeléctricas del Comahue aportan aproximadamente el 7 por ciento de la energía consumida en el país y el 25 por ciento de la energía hidroeléctrica: una fuente renovable entre las más económicas de Argentina. Son activos estratégicos que, advierten especialistas, no deberían quedar bajo control privado.

¿Y las tarifas eléctricas?
En el Decreto 564/2024 se aclara que la venta de las acciones se realizará bajo un concurso público nacional e internacional sin “precio base”, con lo cual busca acelerar la privatización al no exigir un precio mínimo para las ofertas. La Ley de Reforma del Estado de 1990 estableció esta modalidad para hacer transferencias rápidas. En tanto, las concesiones actuales seguirán vigentes hasta diciembre de 2025 o hasta que se perfeccione el concurso, lo que ocurra primero.

El debate sobre las concesiones arrastra también la discusión en torno a las tarifas eléctricas, determinadas en parte por el precio que fijan las generadoras. Las tarifas fueron dolarizadas durante el gobierno de Mauricio Macri, luego vueltas a pesificar al comienzo de la administración de Alberto Fernández y desde que asumió Javier Milei, la generación y el transporte de energía retomaron costos atados al dólar. La política tarifaria actual estuvo, a su vez, marcada por la reducción drástica de los subsidios y ajustes automáticos mensuales en el valor agregado de distribución (VAD), medidas que se tradujeron en verdaderos tarifazos.