Media sanción para la ley de financiamiento universitario: la oposición quedó a un voto de los dos tercios - EsChaco.com - Resistencia

Sesión atravesada por las negociaciones electorales

Miércoles, 6 de agosto de 2025

Media sanción para la ley de financiamiento universitario: la oposición quedó a un voto de los dos tercios

Con 158 votos afirmativos, el proyecto de financiamiento universitario y recomposición salarial docente fue aprobada en Diputados y ahora deberá ser tratada en el Senado. El oficialismo logró retener apoyos clave, pero no evitó el avance de la ley.

La Cámara de Diputados aprobó, con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, el proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, impulsado tras el veto del presidente Javier Milei el año pasado. La oposición se quedó a tan solo un voto de alcanzar los dos tercios de los presentes, umbral clave en caso de que el Ejecutivo decida volver a vetar la norma. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada por el Senado para su aprobación definitiva.

En una sesión atravesada por las negociaciones electorales y los cierres de alianzas de cara a los comicios nacionales, el oficialismo logró alinear al PRO en el rechazo del proyecto, aunque con algunas excepciones. Acompañaron la media sanción los diputados Sofía Brambilla (Corrientes) y los díscolos Álvaro González y Héctor Baldassi. Por su parte, María Eugenia Vidal —quien no aceptaría formar parte del armado porteño del PRO con La Libertad Avanza— no dio quórum y votó en contra.

Tres de las cinco abstenciones fueron también del PRO: Karina Bachey, Germana Figueroa Casas y Ana Clara Romero, esta última cercana al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Silvia Lospennato no participó de la sesión.

El argumento central del oficialismo para rechazar el proyecto fue la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. Acompañaron ese rechazo La Libertad Avanza, cuatro de los cinco radicales alineados con el oficialismo —con excepción de Martín Arjol, que se ausentó por diferencias con su bloque en materia educativa—, y otros aliados incondicionales. En el MID, liderado por Oscar Zago, ni el presidente del bloque ni Eduardo Falcone estuvieron presentes; solo Cecilia Ibañez votó en contra del proyecto.

Las temáticas vinculadas al ámbito universitario generan incomodidad en algunos legisladores. No obstante, en caso de un nuevo veto, es probable que muchos opten por defender al Gobierno, incluso a costa de un mayor costo político.

Pese a la reciente alianza de corte "centrista" impulsada por los gobernadores nucleados en el espacio “Grito Federal”, el santacruceño Claudio Vidal mantuvo su estrategia de colaboración parcial con el oficialismo y José Luis Garrido votó en contra del proyecto, mientras que Sergio Acevedo lo hizo a favor.

Por su parte, la UCR presidida por Rodrigo De Loredo acompañó el proyecto, aunque no todos sus integrantes aportaron al quórum inicial. Entre quienes sí lo hicieron estuvieron Martín Tetaz, Gabriela Brower de Koning, Karina Banfi, Julio Cobos, Roberto Sánchez y Fabio Quetglas. A pesar de los vínculos que algunos radicales mantienen con La Libertad Avanza por eventuales acuerdos provinciales, la salida fue diplomática: salvo las ausencias de Pamela Verasay (Mendoza) y Gerardo Cipolini (Chaco) –dos provincias que cerraron acuerdos con el oficialismo nacional- el resto del bloque respaldó el texto, reafirmando una de las banderas históricas del partido.

Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre, la izquierda y gran parte de Encuentro Federal impulsaron la iniciativa y quedaron a solo un voto de los dos tercios. Aunque esa diferencia no modifica el escenario actual, sienta un precedente relevante ante un posible nuevo veto presidencial.

¿Qué establece el proyecto aprobado en Diputados?
El texto consensuado por la oposición contempla una recomposición presupuestaria ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que permita reparar la pérdida registrada en 2024 y garantice una actualización bimestral a partir de 2025. También establece la convocatoria a una paritaria nacional, con aumentos remunerativos y bonificables para el personal docente.

Asimismo, el proyecto propone que las becas estudiantiles —como Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería, entre otras— se actualicen automáticamente por inflación, y refuerza el rol de la Auditoría General de la Nación (AGN) como órgano de control externo de las universidades estatales. La AGN deberá remitir al Congreso informes inmediatos con observaciones y un plan de seguimiento.

Por otro lado, se establece que el Poder Ejecutivo deberá asignar una partida especial este año para regularizar los ingresos a la carrera de Investigador Científico, y otorgar becas tanto a ingresantes como a posdoctorales.

Aunque el costo fiscal fue el principal argumento del oficialismo para rechazar la iniciativa, no existe hasta el momento una estimación oficial de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). De manera extraoficial, se calcula que el impacto sería similar al del proyecto vetado en 2024, estimado en un 0,14% del PBI. En ese entonces, el informe de la OPC fue solicitado por el Senado.